Europa endurece su política migratoria y abre la puerta a crear centros de deportación de migrantes en países situados fuera de la Unión Europea. El acuerdo permitirá trasladar a esas instalaciones a familias enteras, incluidos menores acompañados. Las ONG ya han mostrado su rechazo.
Italia puso la primera piedra con los controvertidos centros de deportación que Giorgia Meloni abrió en Albania. Ahora, la Unión Europea da cobertura legal a esa fórmula.
El nuevo Reglamento de Retornos contempla la posibilidad de establecer centros de expulsión fuera del territorio comunitario para inmigrantes en situación irregular, mediante acuerdos bilaterales entre Estados miembros y terceros países. Algunos gobiernos, como los de Austria, Dinamarca o Países Bajos, ya exploran esta vía. Los menores no acompañados quedarán excluidos de estos centros, aunque sí podrán ser trasladadas familias con niños.
Se trata de uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación migratoria impulsada por Bruselas durante esta legislatura.
El objetivo es aumentar el número de expulsiones efectivas. Actualmente, solo alrededor del 28% de las órdenes de retorno llegan a ejecutarse. La reforma también endurece las condiciones para los migrantes que no cooperen con las autoridades y amplía el periodo máximo de detención, que podrá alcanzar los 30 meses en determinados casos.
El Parlamento Europeo defendía una entrada en vigor inmediata, aunque los Estados miembros dispondrán de hasta doce meses para adaptar parte de las nuevas medidas. La presidenta de la Comisión Europea, la mayoría conservadora de la Eurocámara y los grupos de derecha y extrema derecha han celebrado el acuerdo. En cambio, la izquierda y numerosas organizaciones humanitarias lo han criticado con dureza.
Con este pacto, todavía pendiente de aprobación definitiva, culmina el giro de la Unión Europea hacia una política migratoria más restrictiva.
Foto: EFE/Alejandro García
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