Con la derogación del decreto 'ómnibus' quedan en suspenso o decaen una serie de medidas. Entre ellas, y de lo más inmediato, es el levantamiento de la prohibición de desahucio y el corte de suministros básicos a personas vulnerables. En el informativo 24 horas Fin de Semana, Irene Escorihuela, del Observatorio DESCA, denuncia que muchas familias vulnerables pueden quedar desprotegidas "a partir de ya mismo" con la caída de esta medida. En estos 4 años se han parado unos 58.000 desahucios de familias, según un informe realizado por este Observatorio junto a la PAH sobre el impacto de la moratoria antidesahucios, de las cuales "el 77% ya eran usuarias de servicios sociales". Las organizaciones destacan que esta norma "ha sido muy eficaz" pero consideraban que se podía modificar para ampliar su rango de acción. Ahora sin esta, dice, se encuentran "con menos recursos para poder pararlos".
Cree que esta medida, si va sola, puede tener el apoyo parlamentario suficiente para que se pueda aprobar pero pide rapidez porque "no hay tiempo que perder". "Reivindicamos un Decreto-Ley sobre esta temática", dice Escorihuela, que reconoce que ahora solo tienen los mecanismos "débiles" que establece la reciente Ley de Vivienda.
