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- El SEPRONA investiga el consum d'aigua no potable a Ciutadella.

- La moció de censura a Ciutadella sigui endavant.

- Exceltur estudia mesures a favor d'un turisme responsable.

- Continua interromput el servei del Tren de Sóller.

- Cata Coll, Mariona Caldentey i Patri Guijarro aniran als Jocs Olímpics de París. 

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Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández García, ha estado en el 24 horas de RNE con Josep Cuní tras conocerse que el Tribunal Constitucional anula parte de las condenas por malversación del caso de los ERE andaluces. Esto pone en libertad a su cliente, que cumple condena desde enero del 2023. "Las sentencias que está dictando el Tribunal Constitucional son de una enorme altura jurídica", señala el abogado, quien ha expresado que espera que Antonio Fernández "salga en las próximas horas": "Si no ha salido ya es por una incidencia puramente administrativa", justifica.

Ante la amenaza del partidismo en los tribunales, que pone en tela de juicio su ecuanimidad con este tipo de sentencias, del Hoyo ha expresado que "se puede opinar sobre el fondo técnico de las decisiones judiciales, pero no debe ponerse en duda las decisiones del TC. Es peligrosísimo que esto lo hagan responsables públicos".

Martínez del Hoyo ha definido este caso como "trágico": "Es de suponer el estado de ánimo de las personas que han perdido su derecho sangrado de libertad", aludiendo a las condenas y a sus familias. Si bien ha explicado que quien ve su sentencia parcialmente anulada aún ha de esperar a que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva sentencia conforme al pronunciamiento del TC. "El sistema ha funcionado y eso es lo que yo creo que por encima de las situaciones particulares debe ahora mismo imperar", añade.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este miércoles de un posible "efecto llamada" este verano propiciado por las políticas migratorias del Gobierno y ha pedido ayuda a Europa para "controlar" la inmigración irregular ante la situación "límite" que viven comunidades como Canarias. El Ejecutivo ha señalado que se trata de "una cuestión de Estado" y ha solicitado a los 'populares' "responsabilidad" para conseguir una solución basada en "la solidaridad" y "los Derechos Humanos".