El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó este jueves que la conversión de interinos en trabajadores con contrato indefinido puede ser una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".
El abogado Javier Arauz calcula que este dictamen afecta a "más de 1,2 millones de empleados públicos, de los cuales 800.000 son mujeres y personas de más de 50 años". Además, argumenta que "afea el comportamiento de las autoridades españolas que no están a la altura del derecho comunitario".
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