Corrupción policial

El comisario jubilado José Villarejo; su mujer, Gemma Isabel Alcalá, y el comisario Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, han sido detenidos acusados de integrar una red de blanqueo de capitales e inmigración ilegal a cambio de cohechos. Los tres han sido arrestados en la operación Tándem, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en el marco de una investigación llevada a cabo junto con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. En esa operación se ha ordenado el arresto de seis personas y se están practicando más de una decena registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia. Entre otros lugares, se ha registrado la oficina de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid y su vivienda en Boadilla.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, siguiendo órdenes del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha desmantelado una supuesta red corrupta de funcionarios de la Dirección General de la Policía y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que presuntamente han favorecido contratos públicos a cambio de sobornos.

Hasta el momento han sido detenidas 14 personas bajo la acusación de fraude y malversación. Siete de los detenidos son funcionarios del Ministerio de Interior: uno empleado de la DGT y seis funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (no todo son agentes del cuerpo).

El resto de detenidos son el trabajador de una subcontrata de comidas y seis empresarios favorecidos por los contratos.

La organización se encargaba, presuntamente, de amañar contratos del servicio de cafetería y comidas, además de la confección de uniformes y obras. La red trabajó durante años y amañó contratos importantes, como el de la Academia de Ávila, el complejo policial de Canillas, en Madrid, o la Base del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) de la Policía.

• Hay 14 detenidos acusados de malversación, la mitad funcionarios de Interior
• Facilitaban contratos públicos a cambio de sobornos
• Se han practicado 22 registros domiciliarios y de entidades sociales

• Por posibles delitos de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio
• El juez anuló la información del pendrive por su presunto origen ilícito

El fiscal General del Estado ha admitido su renuncia aunque asegura que ha intentado convencerle de lo contrario. José Manuel Maza considera que Moix no ha cometido ninguna irregularidad.

• Defiende su decisión de situar a Moix al frente de Anticorrupción
• Y reafirma su decisión de no dimitir
• La semana pasada el Congreso le reprobó por el 'Caso Lezo'
• José Manuel Maza, este lunes en Los Desayunos de TVE

• El exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, declarará el miércoles en la AN
• En 2014 advirtió en Génova sobre una supuesta cuenta en Suiza de González
• No lo llevó a la Justicia porque "no tenía pruebas", asegura

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado este miércoles las viviendas del expresident catalán Jordi Pujol- su domicilio habitual en Barcelona y la casa que la familia dispone en Queralbs (Girona)-, según han informado fuentes de la investigación.

El registro del domicilio del expresidente catalán se ha efectuado en presencia de su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, a quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó este martes enviar a prisión preventiva sin fianza por ocultar supuestamente 30 millones de euros desde que se investiga la fortuna familiar. El hijo mayor de Pujol es el supuesto organizador y distribuidor del dinero oculto de la familia.

• Macià Alavedra y Lluís Prenafeta eran hombres de confianza de Jordi Pujol
• La Fiscalía pide 8 años de prisión y 22,6 millones de euros de multa para "Luigi"
• Le acusan de haber ocultado al fisco 5,9 millones de euros
• Pese a las grabaciones reproducidas en la sala, ha negado las acusaciones

Es Bartomeu Cursach, el gran magnate del ocio nocturno en Mallorca. Un imperio empresarial al que pertenecen las más conocidas discotecas de Magaluf y la Playa de Palma, El juez le ha enviado a prisón acusado de más de 15 delitos.

En enero de 2016 se inició el juicio que siete meses después quedó visto para sentencia.

• Busca imputar a Alfonso García Pozuelo y a Francisco Correa
• Ambos afirmaron en el juicio Gürtel que se pagaron comisiones ilegales al PP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Oleguer Pujol después de que la Fiscalía haya pedido su ingreso en prisión por el riesgo de que siga blanqueando dinero, pero le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. En un auto, el juez también le impone la prohibición de salir del país, de manera que ahora Oleguer comparte las mismas medidas cautelares que su hermano Jordi, hijo mayor de los Pujol-Ferrusola, aunque este debe comparecer cada semana y no cada quince días.
 

• El cerebro de la operación Malaya disfruta de un permiso de tres días
• Se le concede por colaborar para pagar sus responsabilidades civiles y por buen comportamiento
• Podrá ir a Murcia con su familia y bajo medidas preventivas

• Algunos se quejan de que el informe de Asuntos Internos "es un copia y pega"
• El empresario chino presunto colaborador de Gao Ping niega conocerle
• Los acusados justifican su valor como informante sobre la comunidad china

En la Audiencia Nacional se juzga a nueve personas, siete de ellas policías, por favorecer a la trama de blanqueo liderada por el empresario chino Gao Ping. Se les acusa de recibir regalos a cambio de información confidencial. La Fiscalía pide para los funcionarios policiales penas de entre uno y siete años de cárcel.

• La Sala respalda al fiscal y desestima declarar nulas las actuaciones
• La Audiencia Nacional se declara competente y rechaza las alegaciones previas
• Se juzga a policías que supuestamente recibieron regalos de la red de Gao Ping

Las "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por la policía en el estado de Río de Janeiro en Brasil, constituyen un "obstáculo para la seguridad", según un informe de Human Rights Watch (HRW) divulgado este jueves, a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos.

La organización de defensa de los derechos humanos denuncia que la policía de Río de Janeiro mató a más de 8.000 personas en la última década, incluidas unas 645 el pasado año y 322 entre enero y mayo, y que muchas de esas muertes fueron resultado de "ejecuciones extrajudiciales".

El informe "El buen policía tiene miedo: Los costes de la violencia policial en Río de Janeiro", documenta cómo el uso ilegal de la fuerza policial ha contribuido al desmantelamiento de los esfuerzos del Estado por mejorar la seguridad pública y advierte de que el gobierno local "no ha hecho lo suficiente para resolver el problema de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía".

Homicidios extrajudiciales cometidos por la policía brasileña complican la seguridad de los Juegos

• Un informe de HRW denuncia miles de ejecuciones extrajudiciales en Brasil
• El comunicado sale a la luz a un mes de los Juegos Olímpicos de Río
• Según la organización hubo 645 muertes en 2015, y 322 entre enero y mayo
• El miedo a las represalias y la impunidad dificultan la acción judicial