Enlaces accesibilidad

El juez que investiga las cargas policiales del 1-O ofrecerá denunciar a los heridos que aún no lo han hecho

  • Desestima la petición de la Fiscalía de archivar los casos de quienes no presentaron denuncia
  • Estima que existe una "polémica social" que así lo aconseja

Por
Agentes de Guardia Civil forman un cordón para contener a numerosas personas a las afueras de un local electoral
Agentes de Guardia Civil forman un cordón para contener a numerosas personas a las afueras de un local electoral

El juez que investiga las cargas policiales en Barcelona durante el referéndum del 1-O ha desestimado la pretensión de la Fiscalía de archivar todos los casos de heridos que aún no han denunciado y se pondrá en contacto con ellos, directamente o través de la Policía, para ofrecerles la posibilidad de emprender acciones, informa Efe.

El juez, que detalla que por el momento existen más de 230 denuncias presentadas en su juzgado por parte de lesionados, desestima así la petición de la Fiscalía, que le había solicitado que archivara los casos de los heridos leves que no habían denunciado.

"Polémica social"

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona resalta que existen "diversas razones", entre ellas la "evidentísima polémica social" a raíz de los hechos ocurridos, que justifican que se ofrezca la posibilidad de presentar denuncia a la cincuentena de heridos el 1-O que aún no lo han hecho.

"En este caso, en el que existe una evidentísima polémica social sobre los hechos ocurridos, la prudencia exige que todos los pasos que se den se hagan con una sólida base de razonamiento", argumenta el juez, que precisa que sólo una vez que los afectados manifiesten su denuncia, y no antes, se podrá continuar el procedimiento respecto de sus lesiones, si son leves.

El juez, que estaba de guardia durante la jornada del referéndum del 1-O, ha pedido recientemente en una providencia que la Policía Nacional identifique a los agentes que actuaron en cada una de las intervenciones que llevaron a cabo para impedir la votación, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña estimó que 893 personas fueron atendidas en centros sanitarios por parte de los profesionales del Servicio de Emergencias Médicas (SEM).