La Audiencia decide si el Faisán es un caso de colaboración con ETA y quién lo juzga

• La Fiscalía ha reiterado que no hay colaboración con organización terrorista
• Las defensas de los tres procesados piden el archivo de la causa
• El PP y la AVT han solicitado que se siga el proceso por colaboración
• Este miércoles se reaunuda la vista, que puede extenderse tres días

La Fiscalía dice que no hay colaboración con ETA en el Faisán

El caso Faisán entra este martes en un punto crucial en el que se tiene que decidir qué tribunal es competente para juzgar el presunto chivatazo a la red de extorsión de ETA y depurar responsabilidades. 15 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encabezados por su presidente, Javier Gómez Burmúdez, lo están decidiendo, en proceso que podría extenderse a lo largo de varios días.

La clave está en las acusaciones. Si se imputa un delito de colaboración de banda armada para los tres procesados -el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, el que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y el inspector de Vitoria José María Ballesteros- el caso se seguirá juzgando en la Audiencia Nacional.

Si no, si es por revelación de secretos e incluso por encubrimiento, se devolverá a la justicia ordinaria, a los juzgados de instrucción de Irún (Gipuzkoa), donde ocurrieron los hechos.

Gómez Bermúdez, decidió que el futuro del caso Faisán sea sometido a un pleno de magistrados y no a una sección de jueces. Aun así, los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruíz Polanco no participarán en el pleno ya que, de quedarse en el caso en la Audiencia Nacional, formarían el tribunal encargado de celebrar el juicio, según explicaron fuentes jurídicas.

La Fiscalía reitera que no hay colaboración con los terroristas

En la primera sesión, la Fiscalía ha reiterado que hay indicios de delito en la actuación de los tres mandos policiales procesados en el caso Faisán, pero que no se trata de colaboración terrorista.

Así lo ha expuesto el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que ha defendido ante los catorce magistrados que han formado la sala -una se ha ausentado por el fallecimiento de un familiar- que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional exigen la existencia de cierta adhesión ideológica y de una intención expresa de favorecer las actividades de la banda para que exista colaboración terrorista.

Descartadas ambas, el fiscal ha dicho que los procesados pudieron actuar por "otras motivaciones", sin referirse expresamente a la conversación intervenida al dueño del bar Faisán de Irún, José María Elosua, en la que éste señaló que el policía que le dio el "chivatazo" el 4 de mayo de 2006, en plena tregua de ETA, le dijo que lo hacía "para no fastidiar todo el proceso" de paz.

Para la Fiscalía, los hechos deben ser calificados como un delito de revelación de secretos, castigado con hasta tres años de prisión.

En el auto de procesamiento, el juez instructor del caso, Pablo Ruz, introdujo como calificación alternativa la de encubrimiento, pero las fuentes consultadas en la Fiscalía han señalado que, en cualquier caso, ese tampoco es un delito terrorista, sino contra la Administración de Justicia.

Las defensas solicitan el archivo de la causa

Por su parte, las defensas de los tres procesados habían sostenido que sus representados no tienen relación con el "chivatazo" y han solicitado el archivo de la causa tras subrayar el perjuicio que una declaración de culpabilidad causaría a los policías.

Un solo día de condena supone la expulsión del Cuerpo", ha declarado a los periodistas la abogada de Pamiés, María Ponte, antes del inicio de la vista.

También han impugnado la intervención de las comunicaciones entre Elosua y su yerno -al que reveló que había recibido el "chivatazo"- y las practicadas a los procesados.

Además, han presentado un informe estadístico que, según fuentes de la defensa, demuestra que el tráfico de llamadas entre los tres mandos policiales fue más intenso los días 2 y 3 de abril de 2006, un mes antes del "chivatazo", que en las fechas en que este se produjo.

El PP y la AVT piden que se mantenga el delito de colaboración

Por su parte, las acusaciones populares -ejercidas por el PP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia- han pedido al tribunal que confirme en su integridad el auto de procesamiento y han defendido que no es necesario compartir los fines de una banda terrorista para que haya delito de colaboración.

El pleno comenzará sus deliberaciones a las 9:00 horas de este miércoles, en principio sobre la ponencia que elabore el magistrado José Ricardo de Prada Solaesa, que en resoluciones anteriores se ha pronunciado a favor de anular el procesamiento por colaboración terrorista y archivar el caso.

El presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez, ha fijado también varias horas de los próximos jueves y viernes para continuar los debates si los magistrados, que según fuentes consultadas en el tribunal han llegado a la vista con las posturas muy divididas, no alcanzan pronto un consenso.

Ruz atribuyó revelación y encubrimiento o colaboración

El juez Ruz señaló en su auto de procesamiento que los tres policías, que formaban parte de la cúpula policial del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producir, y atribuyó a los procesados un delito de revelación de secretos y otro de encubrimiento o colaboración con organización terrorista.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional concluyó que el inspector Ballesteros fue la persona que entregó a las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006 a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y presunto enlace del aparato de extorsión de ETA, un móvil.

El magistrado sostiene que a través de ese móvil, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, alertó a Elosua de la operación que se iba a llevar a cabo contra el aparato de extorsión de ETA. Esta delación habría contado con la colaboración y connivencia del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo.

Interior, no comenta, y Justicia defiende a jueces y a Rubalcaba

El ministro del Interior, Antonio Camacho, ha asegurado este martes que no hablará sobre el caso Faisán por "obligación" y por "convicción", y ha justificado en "los parámetros de respeto institucional necesario para que el sistema funcione" su decisión de no comentar investigaciones judiciales.

El que fue número dos de Interior en los tiempos de los hechos que se juzgan ha respondido así a la pregunta de los periodistas sobre sí dimitirá si finalmente se imputa un delito de colaboración con banda armada a los tres acusados.

Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido la profesionalidad de los jueces que decidirán sobre el caso y del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, al frente del Ministerio del Interior.

Caamaño se ha mostrado seguro de que los jueces van a hacer "bien" su trabajo y ha subrayado que no tiene ninguna duda sobre "la profesionalidad, el honor y el buen hacer" del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, "como lo demuestra que todos los encausados en el caso Faisán estén hoy en prisión y que nunca nuestro país haya estado tan bien en la lucha contra ETA, que sí es el verdadero enemigo".

Al ser preguntado si la decisión de los jueces tendrá algún efecto en la campaña de Rubalcaba, el titular de Justicia ha opinado que los ciudadanos españoles saben diferenciar las cuestiones que se ventilan ante la justicia de lo que es la responsabilidad política.

Rubalcaba no habla sobre el tema y Pons dice que no es tema de campaña

Precisamente, el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha eludido este martes hablar del caso. "He dicho una y otra vez que respeto la actuación judicial y que no opino porque cualquier opinión puede ser malinterpretada. La respeto absolutamente", ha explicado el que fuera ministro del Interior cuando ocurrió este hecho.

Preguntado si asumirá alguna responsabilidad política si los mandos policiales implicados son declarados culpables, Rubalcaba ha contestado: "Esperaré a que la Justicia acabe su trabajo. Es lo razonable y lo que me parece que hay que hacer en todos los casos".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha aclarado que su partido no empleará el caso Faisán como un tema de campaña electoral, pues el mensaje lo copará la creación de empleo, el principal objetivo de Mariano Rajoy.

Saénz de Santamaría reclama conocer la verdad y Alonso no opina

Sin embargo, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, espera que la Audiencia Nacional decida juzgar el caso" porque "los españoles tienen derecho a conocer la verdad" sobre el supuesto chivatazo a ETA y dicho caso "no se puede convertir en el silencio de los corderos".

En rueda de prensa en el Congreso, Sáenz de Santamaría ha señalado que aunque ahora el debate esté en si se ayudó a ETA o se colaboró con ella, lo que importa "no es el verbo", sino "el sujeto", es decir, el principal procesado por este caso, que es el que fue director general de la Policía, "número tres del Ministerio del Interior".

En la rueda de prensa en la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría ha insistido en que el caso debe juzgarse "en todos sus términos" y debe saberse "quién ha querido cambiar la ley y la jurisprudencia" y "quién ha eludido responder" sobre este caso, en el que hay "responsabilidades políticas de por medio".

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, ha eludido en rueda de prensa hacer comentarios sobre la reunión de la Sala de lo Penal, bajo el argumento de que cuando un caso está en los tribunales la costumbre de los socialistas es "respetar la actuación de la justicia".