Las peritas ratifican la malversación aunque las facturas no se pagaran o los proveedores renunciaran a cobrar

Las tres funcionarias del Ministerio de Hacienda que elaboraron el informe sobre la presunta malversación el 1-O y la subdirectora general de estudios y coordinación de la Intervención General del Estado que elaboró un segundo documento sobre el mismo objeto a petición del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona han insistido este miércoles en que el perjuicio para las cuentas públicas se produce en el momento en el que se reconoce la prestación de un servicio, independientemente de que luego este se pague o el proveedor rechace cobrar.

Las primeras cuatro peritas que han declarado en el juicio del 'procés' -Carmen Tejera, Sara Izquierdo, Teresa Hernández y Mercedes Vega- han avalado así la tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado -que acusan de malversación a nueve de los 12 líderes independentistas que se sientan en el banquillo- y han cifrado en al menos 917.000 euros sin IVA el gasto comprometido por el Govern para la organización del referéndum ilegal.

"El perjuicio patrimonial para la hacienda pública se entiende producido no cuando se paga. El pago es irrelevante, indiferente y absolutamente inocuo. Se entiende realizado el gasto con el reconocimiento de la obligación, con la prestación del servicio", ha explicado Carmen Tejera, la responsable del informe de Hacienda. "Cuando haya existido un encargo y ese encargo haya sido ejecutado por el contratista de buena fe, se hace un cargo", ha añadido Izquierdo, funcionaria también del Ministerio.

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Las peritos de Hacienda cifran en 917.648 euros el importe destinado al referéndum el 1-O

Según las explicaciones de las peritas, los miembros del Govern habrían cometido malversación porque hubo encargos y se prestaron varios servicios. Unipost tenía preparados los envíos de las tarjetas censales, se imprimió cartelería sobre el referéndum, se emitió el famoso anuncio de las vías en TV3, etc... Todo ello, según su argumentación, independientemente de que luego la Generalitat no pagara, como en el caso de la radio televisión pública catalana, o de que incluso los proveedores renunciaran a cobrar.

Sobre esta última situación, las cuatro peritas han explicado que, aunque los proveedores emitieran lo que se conoce como una "factura negativa" -como muchos declararon en el juicio como testigos- eso no implica "que el servicio no se haya prestado" y "en ningún caso eliminaría el gasto que se produjo" y por lo tanto el perjuicio para el erario público.

Las defensas -que han intentado sin éxito que el tribunal rechazara la prueba pericial alegando "indefensión" por no haber tenido acceso a los informes- han centrado su interrogatorio en poner en duda que se puedan contabilizar como gastos del 1-O la campaña del registro de catalanes en el exterior, ya que se realizó meses antes, o la campaña Civisme, que finalmente quedó desierta. También han cuestionado que se incluya el pago de Diplocat a las expertos que visitaron Cataluña en aquellas fechas, insistiendo una vez más en que eran "visitantes" y no "observadores".

Los últimos testigos exoneran a Forcadell y Mundó

Este miércoles han declarado también cinco de los nueve testigos que faltaban para cerrar la fase testifical del juicio. El primero de ellos, Jordi Martínez, ha explicado que en 2017 él era el responsable de las redes sociales de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y que no siempre "validaba" con ella los textos de los tuits. De hecho, se ha atribuido la autoría del tuit difundido desde la cuenta de la acusada el 1-O dando las "gracias" a todas las personas que habían participado en el referéndum. Un mensaje que la Fiscalía considera una prueba de las llamadas de Forcadell a participar en el referéndum ilegal.

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El responsable de las redes sociales de Forcadell el 1-O asegura que a veces lanzaba tuits sin su validación

Por su parte, el que fue secretario nacional de la ANC cuando Forcadell presidía esta organización, Ricard Gené, ha desvinculado a la acusada de la redacción de las hojas de ruta y ha asegurado que cuando en mayo del 2015 dejó su cargo "ella lo que quería era regresar a su trabajo y descansar", no entrar en política.

El exdirector de Justicia de la Generalitat Ángel Cortadelles, propuesto por la defensa de Carles Mundó, ha asegurado en su declaración que el exconseller les dio una "indicación contundente" para que desde el departamento no se efectuaran ningún gasto en relación al 1-O.

La responsable de los centros cívicos y de mayores el 1-O, propuesta por la defensa de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, ha declarado por su parte que la cesión de los centros para la realización de actividades fuera del horario de apertura era habitual, incluso en horario nocturno, y ha asegurado que a las organizaciones que pidieron ese fin de semana los espacios se les comunicó que debían desalojarlos antes de las seis de la mañana del día del referéndum.

Cuixart como ejemplo de "liderazgo no violento"

Tras las funcionarias de Hacienda y de la Intervención General del Estado, han declarado como peritos a propuesta de la defensa de Jordi Cuixart los sociólogos y expertos en procesos de paz John Paul Lederach y Jesús Castañar, autores de un análisis estratégico del 'procés' en enero de 2019. Ambos han destacado el papel del presidente de Òmnium Cultural como un "ejemplo de liderazgo no violento" haciendo "llamamientos a la serenidad, a la calma, a condenar la violencia y desenmascarar hechos violentos", según informa Servimedia.

Estos dos expertos han calificado las movilizaciones independentistas de otoño de 2017 como un ejercicio de "resistencia civil, no violenta" que "no estaba planificado". Respecto a los daños en los vehículos de la Guardia Civil el 20S frente a Economía, han hablado de una "falta de disciplina de la no violencia" que es "difícilmente achacable a una persona, puesto que se empezaron pegando pegatinas y acabaron pinchando ruedas y rompiendo cristales".

Además, ambos coincidieron en que los métodos utilizados por las personas concentradas durante el 1-O son una muestra de “no colaboración e interposición no violenta”, ya que emplearon técnicas como “la sentada colectiva, la muralla humana o los cánticos”. En este sentido, describieron a los concentrados como una "multitud sin experiencia y no muy organizada" y han calificado de "puntales" las agresiones a los policías y guardias civiles producidas por "momentos de tensión". / Servimedia.