Pretende, entre otras cosas, que los abortos se hagan en la Sanidad Pública, ahora el 98% se practican en clínicas privadas. Aunque las comunidades advierten que ese proceso será lento. Nínguna mujer irá a la cárcel por abortar aunque sí pagará una multa si lo hace fuera de los plazos autorizados. Pero el médico que lo haga fuera de los casos permitidos, irá a prisión.
