País Vasco, Cataluña, Andalucía y Asturias se han desmarcado de la decisión del Gobierno que obliga a los inmigrantes en situación irregular a pagar por la asistencia sanitaria. Asociaciones de inmigrantes definen la medida de injusta y desproporcionada mientras médicos de atención primaria han dicho que ejercerán su derecho a la objeción de conciencia.