La sentencia del 'caso de los ERE' considera que se hizo un uso indebido del sistema por el que los gobiernos socialistas de la Junta repartieron casi 800 millones de euros en ayudas públicas durante una década.
Según el juez, no se fiscalizó ni una sola de esas ayudas a empresas en crisis. Y añade, que eso favoreció un descontrol absoluto y la presencia de intrusos a la hora de recibier las subvenciones.
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