Diputaciones y ayuntamientos de Castilla-La Mancha reclaman a la Seguridad Social, por vía de apremio, el pago del IBI, el impuesto de bienes inmuebles. El tributo afecta a unos 80 edificios, cedidos a la Comunidad. La Seguridad Seguridad dice que, según la ley, es a ella, a la Comunidad, a la que corresponde pagar la tasa y la Comunidad acusa a la Seguridad Social de mentir.
