Las asociaciones de jueces han coincidido en que no hubo ni error ni negligencia en la decisión de la Audiencia Nacional por dejar en libertad a Antonio Troitiño. Aseguran que los magistrados optaron por una interpretación legal, que el juez Guevara actuó ajustado a Derecho. Restar los años de prisión preventiva, del máximo legal de cárcel en España -lo que permitió la salida de Troitiño- es una vía contemplada por Tribunal Constitucional. De momento no se ha presentado ninguna queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz ha dicho que entiende "la alarma y el malestar" generado por el caso Troitiño y que el máximo órgano de los jueces actuará con suma prudencia.