En Valencia, 13 residencias de discapacitados y enfermos mentales han anunciado que están a punto de cerrar por los impagos de la Generalitat, que cuantifican en 13 millones de euros. El Gobierno valenciano asegura que les pagará, y que estos enfermos, que están bajo su tutela, son una de sus prioridades. La fiscalía investiga si la Generalitat puede estar cometiendo un delito de desatención.