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Millennium - El estado de la justicia - ver ahora
Transcripción completa

Fue en 1748, cuando un filósofo francés,

el barón de Montesquieu, ofreció una solución

a los problemas políticos del momento.

Montesquieu dijo que tenía que haber

un tercer poder, el poder judicial,

en paralelo al legislativo y también al ejecutivo.

En España, que seguimos ese sistema,

por ejemplo, entendemos y comprendemos

los problemas que hacen referencia a la sanidad

o al sistema educativo, pero somos más críticos

con todos los del Poder Judicial.

Hoy vamos a hacer un programa para hacer este repaso

a los problemas más candentes, y sobre todo, para entender

por qué se han producido.

Bienvenidos al "Millenium".

(Música)

Decía Lord Acton una frase que seguro que la han oído.

Y es "que todo poder corrompe,

y el poder absoluto, corrompe absolutamente".

Hace poco, un juez decía en un importante periódico,

que tiene la sensación de que la sociedad

les quiere cortar la cabeza

después del cambio de criterio del Tribunal Suprema

sobre las hipotecas.

Por si fuera poco jaleo, corren aires de huelga

entre jueces, fiscales, después que el pasado mes de mayo

presentaran toda una serie de reclamaciones conjuntas

de todas las asociaciones

y según ellos, nadie les hiciera caso.

Los jueces quieren ser más independientes.

Quieren que se establezca por ley, no solo una plazo para resolver

los litigios, sino también la carga de trabajo

que pueden soportar.

Tenemos aquí con nosotros a doña María Jesús del Barco,

juez decana de Madrid, portavoz de la APM,

Asociación Profesional de la Magistratura,

la mayoritaria en número de afiliados.

La ministra de Justicia ha dicho hace poco,

ha dado hace poco un argumento

que yo he ido escuchando a lo largo de toda mi vida.

Que es el Parlamento quien debe elegir

el Consejo General del Poder Judicial,

porque el Parlamento representa la soberanía nacional,

y no el de los jueces, que es un interés corporativo.

¿Usted está de acuerdo con ese argumento?

Pues le niego la mayor.

De hecho, la propia ministra, el 22 de mayo, hizo huelga

con todos los jueces y fiscales de este país.

La imagen de ella en la puerta de la Fiscalía

ha recorrido todos los rotativos y todos la hemos visto.

Y uno de los motivos que dio lugar a la convocatoria de huelga

en mayo, fue precisamente la solicitud, la exigencia

de que se hiciera esa modificación legal

de la ley orgánica que nos permita a los jueces

elegir a los doce vocales de procedencia judicial.

La Constitución habla de 20 vocales.

Muchos, juristas de reconocido prestigio.

Doce jueces elegidos entre jueces y magistrados.

La primera ley orgánica que reguló el sistema de elección

de los vocales del Consejo, nos permitía a jueces y magistrados

elegir a esos doce vocales.

En el año 1985, se cambió ese sistema

y los doce vocales de procedencia judicial

pasaron a ser elegidos también por el Congreso y el Senado.

Es evidente que el Congreso y el Senado tienen

la representación popular, pero esa representación popular

a la hora de elegir a los miembros del Consejo ya la tienen.

La facultad de nombrar ocho juristas

de reconocido prestigio.

El Constitucional ya advirtió en el año 1986

del peligro que esto podía representar.

Que se quisiera trasladar al Consejo la representación del Parlamento.

Y en efecto, todos hemos criticado eso,

desde la Asociación Profesional de la Magistratura hemos criticado

el nuevo sistema de nombramiento que se establece desde el año 1985.

Y hemos abogado porque seamos nosotros, jueces y magistrados,

los que elijamos a los doce vocales de procedencia judicial.

La Constitución dice "entre jueces y magistrados".

Yo no veo tanta dificultad.

Creo que la ministra tampoco vio esa dificultad

en mayo cuando salió con nosotros en las manifestaciones,

en las concentraciones que empezamos a hacer el 5 de abril

y en la manifestación y huelga que hicimos el día 22 de mayo.

¿Ustedes no se fían

de los elegidos por los partidos políticos?

Yo me fío de los elegidos por los partidos políticos,

pero como gobernada, quiero elegir a mi órgano de gobierno.

Yo creo que la reforma que se hizo en 1985

partía de un prejuicio, quizá entonces,

se correspondía con la realidad, una carrera judicial conservadora.

Y quizá se vio así la forma de poder meter

jueces de otra ideología considerada quizá más progresista

en el Consejo.

Si usted tuviese que calificar, y termino ya,

al último Consejo General,

¿diría que ha sido conservador? ¿Que ha sido progresista?

Diría que, y esto es una opinión personal, no quisiera vincular

a la Asociación Profesional de la Magistratura,

que ha sido en Consejo que ha conseguido mayor desafección

de los miembros de la carrera con su Consejo.

Con su órgano de gobierno.

Cuando se ha hecho interpretación de materia de políticas

de conciliación, ha sido tajante en hacer una interpretación

muy restrictiva; y los jueces nos hemos visto,

y las juezas, y compañeros que no han podido disfrutar

de permisos de paternidad de cuatro semanas,

cinco para el resto de empleados en el país,

por una interpretación restrictiva de los derechos profesionales

de los jueces y magistrados de este país.

Yo creo que, no sé si ha sido progresista o conservador,

creo que ha estado lejos de sus jueces,

con excepciones de vocales que han formulado

sus votos particulares.

Pero en general, yo quiero que termine

este Consejo y tengo la esperanza en el nuevo.

Todo es susceptible de empeorar. Dejémoslo.

Esperemos que no. Y yo espero que no también.

Don Enrique Gimbernat.

Bienvenido, muchas gracias por estar.

Es catedrático de Derecho Penal de la Complutense.

Es doctor en Derecho por la Universidad de Hamburgo.

Y doctor honoris causa por la de Munich.

¿Usted cree que en España hay buenos jueces

pero un mal sistema que favorece las lealtades políticas?

Que ha buenos jueces no me cabe la menor duda.

Lo están demostrando todos los días.

Yo quería insistir en lo que ha dicho María Jesús.

En primer lugar, la sentencia del 29 de julio

de 1986 es un recurso de inconstitucionalidad

presentado por Ruiz Gallardón

en nombre de 55 parlamentarios de AP

en contra de ese sistema de elección de que todo sea por los 20

de las cámaras legislativas.

Pensó que era inconstitucional, pero cuando llega el PP,

resulta que mantiene el mismo sistema.

Porque la infiltración de los partidos políticos

en la justicia es muy importante para ellos

porque los cargos más importantes de la magistratura

son designados por el Consejo General

del Poder Judicial.

Magistrados del Supremo, presidentes provinciales,

dos magistrados del Tribunal Constitucional

cada nueve años.

Entonces, yo creo que eso va

en contra de la Constitución, porque la Constitución en el 123.2,

perdón, en el 122.3 dice

que será 12 entre jueces y magistrados

y luego, los 8 de reconocida competencia

por parte de las cámaras legislativas.

Cuatro el Senado, cuatro el Congreso de los Diputados.

No tiene sentido esa redacción

si el legislador constituyente hubiera pensado

que también los otros, los doce entre magistrados,

tenían que ser elegidos por las cámaras,

porque entonces lo habría dicho y no habría acudido

a una redacción tan alambicada

que no tiene ningún sentido.

Aparte ya de que, por ejemplo, en las salas de lo civil y lo penal

de los Tribunales Superiores de Justicia que entienden

precisamente de las causas penales,

resulta que uno, de acuerdo con la ley orgánica

del Poder Judicial de 1985,

uno es designado por el Parlamento Autonómico,

que siempre elige a uno del PP si es del PP,

y a uno del SOE si la mayoría es el SOE

en esa Asamblea Legislativa.

Luego... Perdón, creo que no he respondido

a su primera pregunta

Tengo el mayor respeto por jueces y las sentencias que hacen.

Creo que son independientes, creo que son incorruptibles.

Y bueno, la Sala Segunda del Tribunal Supremo,

a pesar de que se ha elegido como se ha elegido,

es un modelo de estudio,

un modelo de resolver los casos que se presentan

de una manera muy convincente

y muy bien argumentada y muy bien motivada.

Dejémoslo ahí porque yo creo que tendremos materia

para discutir suficientemente.

Antes quiero presentarles a la señora Irma Ferrer.

Abogada de Transparencia Urbanística

y Acción Cívica.

Como acusación, ha participado en la gran mayoría de casos

de corrupción de Lanzarote.

Nominada para los Premios Hay Derecho

por su defensa del Estado de derecho.

¿Es más duro enfrentarse a buena parte

del "establishment" de Lanzarote,

como se ha hecho durante el caso Yate,

que dio 44 hoteles

con licencias fraudulentas,

o enfrentarse a otras cosas en otro juzgado

de otra ciudad de España?

La condición de la insularidad evidentemente es determinante

en el trabajo que hacemos.

Pero lo hace Transparencia Urbanística

en Lanzarote, y en este caso, Acción Cívica también,

en el caso Montecarlo.

Y me consta que lo hacen muchísimas otras personas

en el resto del territorio español, fuera de las grandes capitales;

Madrid, Valencia, Barcelona.

Es decir, defender la lucha contra la corrupción

desde la parte más débil del aparato judicial,

que somos los abogados y la ciudadanía organizada

a través de la acusación popular

en un juzgado, cuando lo que tiene en frente

son poderes económicos y poderes políticos inalcanzables,

realmente no es sencillo.

De hecho, uno de los deberes que tenemos pendientes

en este país, es la protección del denunciante.

Nosotros estamos acostumbrados en Lanzarote

a que se nos insulte, se nos acose, se nos persiga.

No solo a los abogados que llevamos la acusación,

en este caso soy yo, pero a las personas

que forman parte de Transparencia Urbanística

se nos señale, se nos deje sin trabajo.

No sé, anécdotas hay muchas,

desgraciadamente, porque realmente es una campaña

de acoso y derribo.

La experiencia que tenemos es que los jueces de instrucción

que hacen su trabajo, que los hay

y efectivamente, aunque el sistema de la cúpula

del Poder Judicial tenga mucho que desear

y esté llegando a unas prácticas que realmente son

indeseables, casi hasta pornográficas.

Es verdad que hay un gran conjunto de jueces

en todo el país que hacen un trabajo magnífico

al cabo de los Juzgados de Instrucción.

No solo jueces, sino también fiscales.

Así que sí, la insularidad condiciona.

Condiciona porque a quien sientas en el banquillo

es a lo mejor a un familiar,

a tu amigo, a tu primo, al padre de tu amigo,

al amigo de tu padre.

Condiciona, hace que tengas que vigilar

cada una de las cosas que haces y ser muy cuidadoso

con tu trayectoria profesional.

Yo hace años que no llevo acusados por corrupción.

Solo llevo acusación.

Es una limitación que me he puesto a mí misma

porque entiendo que la mujer del César

no tiene que serlo, sino también parecerlo.

Y en mi vida profesional, intento ser

lo más correcto posible porque sé que tengo 2.500 lupas encima

y cualquier pequeño error o cualquier pequeño fallo

se me va a iluminar con los focos que tenemos aquí.

Pero ocurre en Extremadura, ocurre en Andalucía,

ocurre en Valencia, ocurre seguro en todos los sitios donde personas

sin cobertura, porque los jueces tienen cobertura,

tienen asociaciones, la fiscalía también.

Es un órgano, es un poder judicial.

Es un poder del Estado.

En la ciudadanía y en el ejercicio de la acusación popular

quizá estamos un poco más desasistidos

y venimos a esto un poco como quijotes

en defensa de la justicia.

Muchas gracias.

Tenemos todavía aquí al señor Emilio Fernández García.

Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

Hace 35 años que ejerce como fiscal.

Actualmente, es fiscal en Albacete donde también fue fiscal jefe.

Hay una pregunta muy básica,

¿ustedes siguen defendiendo toda la vida,

porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones,

que la instrucción de los casos, si la hiciesen ustedes,

estarían mejor hechas que por parte de los jueces

en donde en algunos momentos hay faltas de garantía.

Realmente, bueno, la última parte de la pregunta

entiendo que no es así, es decir, nosotros creemos,

partimos de un sistema tradicional, de ley de enjuiciamiento criminal

de 1882 para una justicia,

para una sociedad, para una delincuencia muy diferente

de la actual, en la que la instrucción

de las causas corresponde al juez de instrucción

y la acusación a la fiscalía.

Ha pasado más de un siglo de ese sistema

de procesal penal y los países

de nuestro entorno, todos los países modernos,

el modelo que siguen actualmente

es de un juez garante de los derechos fundamentales,

un juez que interviene en la adopción

de medidas restrictivas de derechos fundamentales;

entradas y registros, escuchas telefónicas, etc.

Y un fiscal que tiene a su servicio

a la Policía Judicial y que lleva a cabo

la investigación de los delitos a través de la policía.

Y luego lleva a cabo las labores de acusación.

Ese es el sistema moderno.

Es el sistema de derecho comparado

y es el sistema en el que yo no sé si llegará

algún día por el que luchamos denodadamente.

Nosotros creemos que existe una contradicción

en el hecho de que un juez, que debe garantizar

los derechos fundamentales, pues se convierta

en investigador de los delitos.

No porque desconfiemos de él,

sino porque creemos que el fiscal lo haría mejor

porque no existiría esa disociación de papeles.

Para toda la garantía de los derechos fundamentales,

la Constitución se la encomienda a los jueces,

el llevar a cabo la acción penal

y la investigación de los delitos, la acusación,

corresponde, nosotros creemos, que a los fiscales.

¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos vivido

muchos avatares en los últimos tiempos,

en los últimos 25 o 30 años.

Y ocurre un poco

como con el Consejo General del Poder Judicial.

Es decir, ha habido momentos en los que había

fundamentalmente, los grupos conservadores

desconfiaban de esta solución

por una cuestión que es puramente accesoria,

pero que le sirve muy bien para el argumento,

que es el nombramiento del fiscal general del Estado.

Es decir, ellos decían, como fiscal general del Estado

lo designa el Gobierno,

pues entonces los fiscales no son imparciales,

dependen del Gobierno y van a hacer lo que el Gobierno quiera.

Esto es una idea que debemos desterrar,

es decir, nosotros luchamos por un Ministerio Fiscal autónomo

sin perjuicio de que el nombramiento

del fiscal general del Estado sea mejorable,

si lo entendemos también, pero entendemos

que alguna vez se nos debe dar la instrucción.

Hace unas semanas, en uno de nuestros programas,

hablábamos de este libro, escrito por Joaquim Bosch

y por Ignacio Escolar, "El secuestro de la justicia".

Le hemos pedido a Joaquim Bosch que también participe

en nuestro programa de hoy.

Y lo ha hecho en un reportaje que van a ver

ustedes a continuación.

A las puertas del Tribunal Supremo se han recogido

infinidad de imágenes y declaraciones

relacionadas con los casos más controvertidos

y polémicos de los últimos años.

Pero la reputación de la justicia se está viendo empañada en el país.

A los ojos de gran parte de la ciudadanía, el Poder Judicial

está perdiendo credibilidad y así lo refleja

uno de los últimos informes del Consejo Europeo

sobre indicadores de justicia de los Estados miembros

que no deja en buen lugar a España.

Pese a que los últimos datos evidencian

una mejoría respecto a 2017,

gran parte de la población de muestra descontenta.

El 49 % de los ciudadanos desconfían de la independencia de los jueces.

Desde el Consejo de Europa, se nos está diciendo

en informes muy duros contra España, que nuestro país no se adapta

a los estándares europeos en materia de independencia judicial

y de configuración de sus altos tribunales.

"En España, los principales órganos judiciales

están designados, directa o indirectamente,

por los grandes partidos políticos."

Tenemos un sistema único en Europa

en el que el Gobierno de la judicatura,

el Consejo General del Poder Judicial,

que es quien puede imponer premios y castigos,

y es el que integra

los altos tribunales y algunas Salas de justicia,

este órgano está repartido por cuotas entre partidos políticos.

"Pasa en el Consejo General del Poder Judicial,

el máximo órgano de los jueces,

pero también en el Constitucional y en el Supremo."

El problema es que no está garantizado

que los mejores lleguen a los altos tribunales.

Es decir en nuestra profesión, es muy conocido

que para llegar al Tribunal Supremo no basta

con ser el mejor jurista del país.

Puedes ser un buen jurista, pero solamente si cuentas

con apoyos políticos es posible llegar a estos altos tribunales.

"Además, a la Administración de Justicia,

se le reprochan otras cuestiones.

De la lentitud, a la sobrecarga de trabajo,

pasando por la escasez de los jueces."

En nuestro país, una gran parte de nuestros juzgados

están trabajando al 200 % de la carga que tienen prevista

para ellos los órganos oficiales.

Eso explica que estemos a la cola europea

en el número de jueces por habitante.

"Y no es lo único, la sociedad, cada vez más,

alza la voz contra decisiones judiciales."

(TODOS) ¡No es abuso, es violación!

¡No es abuso, es violación!

¡Si tocan a una, nos tocan a todas!

"Sentencias que hacen que la ciudadanía en ocasiones

se pregunte si la justicia acierta en todos los casos."

Por ejemplo, la sentencia de La Manada.

Una intimidación de este tipo, debe llevar una calificación

probablemente como violación y no como abuso sexual.

Y creo que es donde está esa discordancia

entre algunas decisiones judiciales que son admisibles jurídicamente,

pero que pueden acabar chocando con la mentalidad social

que entiende que una situación tan claramente intimidatoria

de este tipo, debería llevar una condena por violación.

(TODOS) ¡No estás sola, aquí está tu manada!

"Joaquim Bosch no pone en duda ni el trabajo ni la independencia

de los jueces, pero sí el sistema."

Si en este momento hay cerca de 2.000 imputados

por corrupción, es porque hay centenares de jueces de base

con pocos medios, pocos recursos, que están haciendo un esfuerzo

muy importante, y tenemos una persona

como Rodrigo Rato que está en prisión,

cuando muchos decían que no acabaría privado de libertad.

Una persona como Iñaki Urdangarin, vinculado a la casa real,

hay en prisión expresidentes autonómicos,

cargos públicos de gran relevancia, por tanto,

el sistema judicial sí que está dando respuestas.

Otra cosa es que se puedan mejorar muchas cuestiones,

pero me parece innegable

que desde la Judicatura de base

se está haciendo un esfuerzo importante.

"Se ha demostrado eficaz la justicia española

a la hora de luchar contra la corrupción?

¿Qué reformas son necesarias para que la justicia

sea más independiente del Poder Político?"

Yo haría una pregunta añadida.

¿Los jueces, a la hora de dictar sentencia,

tienen que tener presente

la respuesta mediática que se van a encontrar?

Yo, pregunto.

¿La respuesta mediática que se van a encontrar en la calle

con su sentencia?

Ahí está, por ejemplo, el caso de La Manada.

Pregunto. No.

¿Quién quiere contestar? Yo,

ya que soy juez, pues ya que he venido, voy a contestar.

Desde luego que no, los jueces estamos obligados

a aplicar la ley, y es el vínculo con la ciudadanía;

la aplicación de la Constitución y la ley.

No tenemos que dictar sentencias para caer bien o mal.

No somos jurados populares

ni el jurado de un juicio popular en la plaza del pueblo.

Nosotros aplicamos la ley, la ley la hace legislador.

Tenemos que ser responsables, motivar las resoluciones

de acuerdo con lo que dice la ley.

Si al ciudadano no le gusta la ley,

es algo tan sencillo como, en siguientes elecciones,

votar a otro partido político que en su programa,

que igual tiene suerte y lo cumple, le promete una reforma legislativa

en ese sentido.

Los jueces tenemos que aplicar la ley que tenemos,

no podemos dictar una sentencia,

condenar porque pensamos que la ciudadanía

quiere una condena,

si entendemos que los hechos acreditados

en el procedimiento no avalan la condena

en los términos que la ciudadanía espera.

Porque entonces a lo mejor

habría muchos inocentes en la cárcel.

Muchos inocentes en la cárcel y muchos culpables sueltos.

Los jueces aplicamos la ley de acuerdo con las pruebas

que vemos en el juicio.

Los medios son otra cosa y no estamos para caer bien o mal,

sino para hacer nuestro trabajo, es la garantía

de la democracia. Más allá de los medios,

cuando hablamos de la sociedad, estoy pensando, por ejemplo,

en todos los procedimientos

que ha habido en el entorno del "procés" en Cataluña.

Hay una parte de la sociedad catalana

que defiende claramente que ahí no hay delito.

Que se ha hecho por el bien de la democracia.

Sí, los imputados y procesados, por lo general,

dicen que no hay delito, no es ninguna novedad.

Bueno, yo, para empezar, estoy de acuerdo

con María Jesús, por supuesto, el estado de derecho

es el imperio de la ley.

Por consiguiente, cualquier otra consideración

de que hay que aceptar y hay que oír

también a otras fuentes, como sería la reacción social,

pues eso está al margen del Estado de derecho,

que es el imperio de la ley.

En el caso de Cataluña ha habido unos señores

que han montado

una campaña y un referéndum incumpliendo

todas las sentencias y providencias

del Tribunal Constitucional;

han llevado un referéndum que sabían

que iba a haber violencia, estaban animando:

"Votarem, votarem, traigan las urnas",

y por otra parte, eran conscientes

de que había órdenes judiciales, de que tenían que impedir

que ese referéndum se llevase a cabo.

Quedó bien con dolo directo.

Con dolo directo de segundo grado,

los, en estos momentos, procesados, sabían que eso iba a desembocar

en una acción violenta y que además,

eso era un paso previo para conseguir

la independencia, porque se podía conseguir en el momento que hubiera

un resultado positivo en el referéndum.

Por consiguiente, que digan que son inocentes;

todos los acusados dicen que son inocentes.

Pero yo creo que hasta el momento, esto está pendiente

de lo que se vea en el juicio oral,

que es la única prueba contradictoria

y pública, y en función de eso,

se emitirá una sentencia, pero yo creo que delitos

ha habido por todas partes.

Sin embargo, señor Gimbernat,

a usted no le gustó la sentencia de Iñaki Urdangarin.

La sentencia de Iñaki Urdangarin a mí no me gustó

únicamente que sobre la base de la doctrina Botín,

se pretendiera que con la única acusación

de la acción popular se le sentara en banquillo.

Es lo único que dije.

Sobre la sentencia de Urdangarin, no tomé posición.

Tomé posición sobre que a la infanta no había que aplicarle

la doctrina Bontín, sino la doctrina Atutxa,

que por consiguiente, con la única acusación

de la acción popular, tenía que sentarse en el banquillo.

Más no he dicho.

¿A usted le han pintado la puerta de su casa?

Por fortuna, no.

Pero no quiero imaginar lo que pueden estar pasando

mi compañero Pablo Llarena y su familia

ante las pintadas que aparecieron en su casa el otro día.

Y esa inseguridad de no poder estar en tu casa

a gusto, viviendo con tu familia tu día a día.

Porque estás cumpliendo tu trabajo.

Estas ejerciendo tus funciones, que son aquellas

que te dice la Constitución y la ley.

Y no voy a hacer más valoración, sobre la actuación de estos comandos

que deciden atentar de esta manera contra tu seguridad.

He tenido la suerte de vivir con esa tranquilidad

de que no me han atentado contra mi puerta.

Y espero no tener que vivirlo.

Porque un juez tiene que trabajar en el reposo,

en la tranquilidad de saber que no va a ser atacado

por sus decisiones, eso es fundamental.

No solo no tenemos que estar pendientes de lo que digan

los medios al día siguiente, no debe ser preocupación.

Lo que necesitamos es tranquilidad suficiente

para poder pensar serenamente y resolver

desde esa serenidad, nada más.

Ramón, y todavía te voy a decir una cosa.

Adelante. En el tema catalán.

Yo creo que en estos momentos, en España,

en el conflicto catalán, los únicos que han estado en su lugar

ha sido la Fiscalía General del Estado,

el Tribunal Supremo, y lamento decirlo,

nunca había pensado hace 40 años que diría

una cosa parecida, pero la tengo que decir;

y Felipe VI, son las tres únicas instituciones

que han estado en su sitio.

Yo quería añadir a lo que ha dicho María Jesús,

que claro, es rechazable cualquier tipo de presión

sobre los jueces.

Es decir, nosotros tenemos compañeros,

no solo fiscales, sino también jueces,

que están desarrollando en estos momentos una labor

muy comprometida en Cataluña

y que están siendo también señalados.

Es decir, hay procesos relativos

a la cuestión catalana que no se llevan

en el Tribunal Supremo y no se llevan

en la Audiencia Nacional,

que son los relativos a alcaldes, la desobediencia, etc.

Son llevados en esas provincias por fiscales de allí que son

conocidos, que son identificados y que están siendo señalados.

Nosotros entendemos que esto no puede tolerarse

en una sociedad democrática.

Y que las autoridades gobernativas esto deben evitarlo.

Es decir, deben impedirlo, para eso está el Estado,

para eso está el Estado central y también está el estado autonómico,

para garantizar, en la medida de lo posible,

lógicamente, la seguridad e independencia

de las personas, jueces, fiscales,

incluso también policías, también lo hemos visto;

los hijos de los guardias civiles, etc.

Esta situación entendemos que es absolutamente rechazable

y que deben adoptarse medidas que tiendan a impedirlo.

A impedirlo o a castigarlo una vez que se ha producido.

Es que realmente estamos hablando de un poder.

La cita que nombrabas al principio, efectivamente es así.

El poder absoluto es una posible corrupción absoluta.

Estamos hablando del poder, un poder que sostiene

el Estado de derecho.

Y de un pacto de Estado y un pacto social

que funciona con la confianza de la ciudadanía.

Es decir, no tememos a la justicia

porque un juez dicte una sentencia que "nos condene a".

Nos enfrentamos a la ciudadanía,

los ciudadanos, no desde el temor ni el miedo,

sino desde la confianza.

Y tan importante es confiar en el poder ejecutivo

y en el poder legislativo como confiar en el poder judicial.

No creo que a nadie se le escape el efecto que ha tenido

la paralización de las sentencias del tema

de los actos jurídicos documentados y las consecuencias posteriores.

La reunión del PSOE y el PP para decidir

este nuevo Consejo del Poder Judicial.

Eso mina, con claridad,

la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Y desgraciadamente, aunque se trate de la cúpula,

donde la injerencia política, como desarrollaba María Jesús,

cada vez se ha consolidado

hasta el punto en que ya, con todo desparpajo nos dicen:

"El presidente del Consejo General del Poder Judicial será fulanito".

Sin respetar la Constitución, como bien decía don Enrique.

El problema es que eso genera una desconfianza clara y continuada

en un poder que debe sostener el Estado de derecho.

Es decir, con lo que estamos jugando

es con la credibilidad del Estado de derecho.

La fortaleza de los jueces de instrucción,

la fortaleza de los jueces de primera instancia,

la fortaleza de muchos de los jueces

que están en Audiencias Provinciales,

está siendo mermada por diferencia política clara,

directa, insisto, pornográfica, que hay del poder político

en el Consejo General del Poder Judicial,

Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores

de justicia de las comunidades autónomas

y en las audiencias provinciales.

Perdón, Ramón, quería añadir o apostillar

brevemente a lo que ha dicho Irma,

porque se ha dejado también un escalón fundamental

que es la fiscalía.

Es decir, todos tenemos presente el caso Lezo,

tenemos presentes maniobras políticas

de Gobiernos anteriores,

para eliminar como cabeza de la fiscalía

de la Audiencia Nacional a Javier Zaragoza,

para nombrar "fiscal jefe anticorrupción"

a Manuel Moix, que luego tuvo que salir por la puerta de atrás

de allí para controlar

el nombramiento de los fiscales generales de Estado.

Los señores Maza fueron designados directamente por personas

muy cercanas a las que ahora estamos hablando.

Consuelo Madrigal, que no fue renovada

por el ministro catalán en su nombramiento,

precisamente por resistirse a llevar a cabo

estos cambios en la cúpula de la fiscalía

y que entendemos que afortunadamente, deben haber,

o parece que han cesado ya.

Es decir, para llevar a cabo una lucha eficaz

contra la corrupción, tiene que haber

una justicia independiente,

pero también una fiscalía absolutamente autónoma.

Que no responda a los intereses del poder,

y cuyos responsables no sean designados

por conversaciones de ministros, exministros

y líderes de grupos políticos.

Me he dejado imperdonablemente la fiscalía.

Y me he dejado, desde mi punto de vista,

las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la labor que hace

la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

en materia de corrupción hace que...

Don Enrique decía antes: "Quién me iba a decir

que yo iba a poner una lanza a favor de la monarquía".

Yo trabajo en Transparencia Urbanística

y Acción Cívica con gente que corrió delante de los verdes.

Del tricornio, de la Guardia Civil.

Y ahora estamos absolutamente admirados,

rendidos al pie de la gente que forma parte de la UCO

y que con unos medios y unas condiciones precarias,

porque, evidentemente, el Poder Político

es evidente que no tiene ningún interés

en que la corrupción se vigile,

se investigue, se fiscalice y se lleve al juzgado.

Cero interés en sentar en el banquillo

a mi jefe político, no pongo medios a los jueces, a los fiscales;

no solo no pongo medios, sino que controlo.

El trabajo de la Unidad Central Operativa

de la Guardia Civil, de la Policía Nacional,

está resultando, mientras se mina la confianza

en el Poder Judicial, los estamos poniendo

esperanza en el trabajo que hace cada vez que estalla

una operación de la UCO, lo celebramos

como si fuera propia.

Se compensa de alguna manera

esa lucha por la independencia. Menos mal

que tienen pocos medios los de la UCO,

porque si tuviesen muchos...

Pocos medios pero mucha capacidad.

Muchas ganas. Sí.

Con lo cual, digamos que se ajustan a todo eso.

Han salido tantas cosas que a mí me gustaría

ampliar alguna de ellas.

O que consiguiésemos entender

algo de los temas sucedidos.

Por ejemplo, el asunto de las hipotecas.

¿Eso podemos decir que es simplemente una mala gestión

del presidente de una de las Salas del Supremo?

¿O es más?

Yo para empezar, Ramón, no quisiera

que se trasladara después de este programa

a la sociedad que solamente los jueces que estamos

en la trinchera somos independientes.

No. No, quiero decirle que el hecho

de que a los magistrados del Tribunal Supremo

sean nombrados por el Consejo General

del Poder Judicial; y que el Consejo General

del Poder Judicial haya sido nombrado por los políticos

no quiere decir que el magistrado del Supremo

sea una marioneta del Poder Político,

ni que no tenga capacidad y responsabilidad suficiente

para resolver y que no sea buen técnico en Derecho.

Que no sea buen jurista.

Creo, que, efectivamente, lo de la gestión

dela sentencia del impuesto de actos jurídicos documentados

ha habido una muy mala gestión.

Del tema y de cómo se ha gestionado

tanto por el presidente de la Sala Tercera

como también se ha gestionado por el presidente

del Tribunal Supremo.

Pero, dicho lo anterior, es cierto

que a esa mala gestión había que añadir que es algo

habitual que se avoquen a pleno decisiones

cuando va a cambiar de criterio.

¿Se ha actuado mal previamente? Sí.

¿La consecuencia? Bueno, también digo que había

una jurisprudencia reiterada de muchos años

que interpretaba un precepto que no era claro.

Al día siguiente, se dictó un real decreto modificando

ese precepto legal.

Tan difícil parece que no era hacer la modificación legal.

Si existían tantas dudas jurisprudenciales

y el Legislativo, o el Poder Ejecutivo,

que ha dictado el real decreto, lo tenía claro,

¿por qué hemos esperado a esto?

Diga usted desde el minuto uno: "Va a pagar el banco la hipoteca".

¿Los bancos suelen presionar a los jueces?

Pregunto.

Yo he llevado a asuntos civiles hasta hace

dos meses y tres días, jamás me han presionado,

ni un banco ni nadie.

Eso lo tengo muy claro.

Nadie ha intentado presionarme jamás para que ponga

una resolución, ni lo hubiera consentido.

Eso también lo tengo muy claro.

Yo estoy de acuerdo en esa circunstancia.

Pero como decía también al principio Irma,

la mujer del César debe ser honrada y debe parecerlo.

Nosotros, hace muy poco, hemos denunciado

que existe una colaboración económica

por parte de las entidades bancarias respecto

de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales.

Es decir, se recibe dinero de entidades bancarias

para realizar actividades asociativas.

Nosotros entendemos que eso es absolutamente rechazable.

Lo entendemos para los fiscales,

que no percibimos nada, cuyas actividades asociativas

no tienen ningún tipo de cobertura por parte del Gobierno,

del Estado, del Ministerio, etc.

Pero entendemos que para los jueces, que sí reciben

subvenciones con cargo a presupuestos generales del Estado

con las que realizan sus actividades,

no da una buena imagen

hacia el ciudadano el que actividades

de formación, de alojamiento, etc,

junto al logotipo de una asociación profesional

de procesos de fiscales aparezca el de una entidad bancaria.

Eso puede llevar a veces... Yo estoy seguro

de que eso no influye en las decisiones

de los jueces, sea del juez más inferior o del Tribunal Supremo.

Pero puede dar la imagen de que algo hay.

Hemos visto todos, seguramente, una foto

que circuló por las redes sociales de una toga

con todos los anagramas de las entidades bancarias.

El ciudadano puede pensar que el poder nunca pierde

y los bancos nunca pierden, es la imagen que se ha trasmitido

después de todo este desaguisado de las hipotecas.

Nosotros lo hemos denunciado, es decir,

no dudamos de la solución técnica del asunto,

de la cualificación de los magistrados

del Tribunal Supremo que los han adoptado.

Pero sí que el procedimiento ha sido absolutamente desastroso.

Nosotros entendemos que ese pleno

de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

debió hacerse antes para evitar lo que ha pasado.

En definitiva, por un lado ha ido la cuestión

de quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados,

y para el grueso de la ciudadanía, los que tienen hipoteca

y los que no la tienen, lo que parece

en definitiva es esto, es decir,

que el poder nunca pierde y que la justicia está

en manos de estas personas.

Efectivamente, creo que hay una mala gestión

porque debió avocarse al pleno antes,

pero ha mantenido la misma doctrina jurisprudencial

que venía manteniendo.

No es que decidiera después: "Sigue pagando el cliente".

Es lo que ya venía diciendo desde hacía muchos años.

Pero acusarnos a los jueces de esa connivencia

con los bancos, cuando llevamos años

con una sobrecarga en la jurisdicción civil espantosa

por demandas presentadas

por ciudadanos particulares, consumidores

contra entidades bancarias denunciando abusos

y han sido amparados por los jueces españoles,

me parece tremendamente injusto

que se haya trasladado esa imagen a la sociedad.

Yo quería insistir en lo que ha dicho Emilio

sobre que el fiscal deba instruir.

Realmente, dentro de asociaciones progresistas,

tampoco está claro.

No hay una posición delimitada.

Yo estoy en contra de ello por lo siguiente:

frente al juez, que es independiente e inamovible,

es decir, que haga lo que haga, no se le puede, de alguna forma

mover, a no ser que se le recuse.

El fiscal no es independiente porque ya está en la Constitución,

que hay una dependencia jerárquica.

El nombramiento del fiscal general del Estado

es un nombramiento político.

Entonces, incluso si alguien piensa;

un imputado, un investigado,

que no es imparcial, pues no le puede recusar.

Y además, la autoridad superior

dentro de la fiscalía le puede cambiar.

No tiene por qué tener siempre el mismo fiscal.

Por otra parte, los ejemplos que ha habido

en España por el fiscal general del Estado

y su actividad, pues me voy a referir a los casos.

Me referiría al caso primero

de los asesinatos frustrados por los que fueron condenados

Amedo y Domínguez, donde el fiscal no acusó,

e incluso pidió el archivo.

Y me refiero también a Lasa y Zabala,

donde si no es porque la acción popular

hubiera interpuesto una querella, ante la pasividad

del Ministerio Fiscal, habría prescrito

el caso Lasa y Zabala.

Por otra parte, hay doctrinas ya consolidadas

que no sé cómo podrían funcionar

si el Ministerio Fiscal es el que investiga.

Porque, por ejemplo, vale lo que se ha dicho

en fase de instrucción si se ha declarado

ante el juez y con presencia de los abogados.

De tal forma que si el testigo no puede comparecer

en el juicio oral, se puede leer lo que ha declarado

en fase de instrucción.

O bien, cuando hay contradicciones, si ha habido declaración anterior

ante el juez, y eso pasó en Lasa y Zabala;

donde va "yo dije", me desdigo de todo lo que dije.

Pero el Tribunal leyó lo que había manifestado

en instrucción con presencia del juez

y de las partes acusadoras y defensoras.

Y dijo que eso prevalecía.

Si el que instruye es el fiscal, lo que se haga en instrucción

no va a servir luego para nada en el juicio oral

en el caso de que el testigo haya fallecido,

de que el testigo no sea encontrable o en el caso de poder contraponer

una declaración con la otra.

Entonces, yo realmente pienso que en España,

en la España realmente existente, me fío más de los jueces

en estos momentos que de un fiscal general del Estado

que al fin y al cabo, es nombrado por el Poder Político

y que constitucionalmente puede mandar a todos los fiscales.

¿Usted quiere contestar? Sí, quiero contestar, hombre.

Yo creo que no debemos mantener la idea de decir:

"Todos estaban equivocados en Europa menos nosotros".

Los ejemplos que cita Enrique son ciertos,

pero entendemos que deben ser la excepción.

Y voy a utilizar nada más un argumento de ahora,

de la España del año 2018.

En los casos de corrupción, ¿quién está instruyendo?

¿quién lleva a cabo las investigaciones

en los delitos de corrupción política más graves?

Es la Fiscalía Anticorrupción.

Es decir, ahí la labor, el peso de la acumulación

de la investigación de la dirección de la Policía Judicial,

en muchos delitos urbanísticos, como creo que corroborará Irma,

es decir, la actuación, quien tira del carro,

en gran parte del procedimiento en la instrucción, es la fiscalía.

Es decir, esto es una realidad que puede tener excepciones,

pero entendemos, que con carácter general,

hay garantía o debe haber garantía.

Debe haber garantía siempre que no ocurra

lo que he dicho antes,

es decir, que al fiscal general del Estado

se le designe o no se le renueve

o se le quite por conveniencias políticas

en base a lo que previsiblemente hará

en casos de corrupción políticas.

Si salvamos ese escollo,

yo entiendo que, como ocurre en toda Europa,

puede asumir perfectamente la instrucción

del Ministerio Fiscal.

Tampoco es que sea mala la del juez, lo que pasa es

que con la instrucción judicial hay una dicotomía,

el juez cuando instruye, la imparcialidad del juez,

queda un poco perjudicada, es independiente,

desde luego que sí.

Pero parece que el acumular,

aunque pueda también sobreseer, o pueda archivar,

le pilla un poco más lejos que a un acusador

que no tenga por función garantizar

los derechos de la víctima, es donde entendemos

que debe estar el juez.

La víctima y los acusados.

Estoy completamente de acuerdo con Enrique

y en contra de que la instrucción sea del Ministerio Fiscal,

los argumentos que has dicho antes, cuando has hablado de:

"No se renovó a Consuelo Madrigal, se quería poner a Moix".

Tú mismo nos estás diciendo

cuáles son esos argumentos, la propia Constitución

no establece independencia del Ministerio Fiscal,

sino una dependencia jerárquica.

Al fiscal general del Estado lo acaba nombrando

el Gobierno de turno.

Yo confío en la profesionalidad, en la imparcialidad,

pero no en la independencia, porque la propia Constitución

no habla de esa independencia.

Si queremos un órgano de instrucción

que se independiente y que garantice los derechos,

ya tenemos al juez, para este viaje no necesitamos alforjas,

ya tenemos al juez, que es órgano independiente que garantiza

los derechos del ciudadano.

No acordamos autos de entradas y registros

porque se nos meta en la cabeza que vamos a por usted,

es porque fundamentamos y entendemos que procede.

Y estamos tutelando los derechos fundamentales

también de los investigados cuando estamos instruyendo.

Por tanto, yo defenderé siempre, de momento

con esta legislación y el sistema de nombramiento

de fiscal general del Estado,

la instrucción por parte de los jueces.

Plantear en este momento que los fiscales sean instructores,

a mí se me antoja como empezar la casa por el tejado.

Vamos a ver, empecemos por los cimientos.

Empecemos a organizar este poder.

Es evidente que estamos detectando fallos sistémicos.

Es cierto que la sentencia o la actuación del Tribunal Supremo,

que su presidente ha dicho, que bueno, que han cometido

fallos en la tramitación.

Pero lo cierto es que se paralizó la ejecución de la sentencia

de los actos jurídicos documentados

por el daño social y económico que producía.

La sensación de la ciudadanía, visto el espectáculo

de las últimas semanas,

es que los bancos y la caída de la bolsa ha determinado

que el Poder Judicial se ponga al servicio de los bancos.

No digo que sea cierto.

Yo no digo que los jueces del Tribunal Supremo

estén poco formados ni dicten sentencia errónea.

No digo ni siquiera esa sentencia en concreto,

que yo creo que el interesado es el banco,

no el particular, pero seguramente la leo

y seguramente me convencen de otro.

No digo que los jueces del Tribunal Supremo

están dictando sentencia política, dictados por los políticos.

Pero sí digo que la apariencia es que la caída de las bolsas

y la situación de los bancos provocó

el movimiento en el Tribunal Supremo.

Y eso genera, insisto, una desconfianza.

Y desde luego, lo que evidencia son

errores de bulto en el sistema del Poder Judicial.

Pongamos en orden el Poder Judicial antes de pensar quién instruye.

Cómo vamos a plantear que instruye el Ministerio Fiscal

cuando ni siquiera tenemos fiscales especializados.

Es verdad que la Fiscalía de Medio Ambiente

y la Fiscalía de Corrupción están funcionando.

Y la Fiscalía de Medio Ambiente lleva funcionando mucho tiempo.

Casos de corrupción medioambiental y urbanística.

La Fiscalía Anticorrupción ahora está dando muestras,

está siendo ejemplar.

Vamos a olvidar a Lasa y a Moix.

Con todo el cariño, con afecto, pero vamos a olvidar esos episodios

de la justicia.

Vamos a enfrentar esto, y el libro que planteas,

"El secuestro de la justicia" lo plantea con claridad.

Está inventado.

Europa, el Greco, nos lo dice, están inventado

en los países europeos.

Diversifiquemos los órganos de poder.

Porque todo poder tiene que llevar un sistema de contrapeso.

Es verdad que hay muchos jueces que hacen un trabajo brillante.

Pero es verdad que en casos de corrupción

quien juzga esos jueces

son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial,

tanto en la Sala Segunda del Tribunal Supremo,

como en los Tribunales Superiores de Justicia.

Pongamos remedio a ello.

¿Y por qué insisto en la corrupción?

Insisto en la corrupción

porque la calidad democrática de un país.

No se mide por el número de "robaballenas"

que están en las cárceles.

No son los delitos de robo con fuerza

ni los de tráfico de drogas, es la corrupción de nuestro sistema.

Y lo que tenemos encima de la mesa evidente,

paseando por las calles, como el rey desnudo,

es un sistema político corrupto.

No podemos verlo más.

Si quieren les cuento los 54 tomos

de la operación Unión que estoy mirando estos días

para celebrar el juicio con la sección sexta

en enero, febrero y marzo de la Audiencia Nacional.

¿Qué más queremos oír?

¿Queremos oír más conversaciones de Ignacio González con Zaplana?

¿Queremos oír más conversaciones de Gallardón?

¿Qué más queremos oír para saber que la política

está metiendo sus manos directa

y en órganos de gobierno de los jueces?

Y que eso hay que quitarlo como un cáncer.

Hay que extirparlo.

Cuando dotemos de independencia al Poder Judicial,

dotemos de medios a los jueces,

especialicemos a los jueces y a los fiscales.

Porque en mi despacho hay máster de Urbanismo,

somos especializados en urbanismo.

Tenemos que hablar con fiscales y jueces

y explicarles qué es el urbanismo en Canarias.

Con escritos, contando.

Porque no hay jueces especializados.

Hay jueces especializados en violencia de género,

especializados en temas bancarios.

¿Por qué no tenemos jueces especializados en corrupción?

¿Juzgados especializados en corrupción?

No hay ningún interés

del Poder Político en atajar la corrupción.

Es la corrupción la que determina la calidad democrática

de este Estado, nos están juzgando de Europa

porque nuestra calidad democrática está bajo mínimo.

Los ciudadanos juzgan la labor de los jueces porque nuestra calidad

en el ejercicio de la función de independencia del Poder Político

es mínimo, enfrentemos eso.

Enfrentemos el reparto.

Enfrentemos las comisiones de servicio.

Enfrentemos los jueces sustitutos,

el nombramiento de jueces en la Audiencia Nacional.

Señores, nos conocemos todos.

Estamos en el mundo de la globalización,

sabemos cuáles son los problemas, los conocemos.

Sabemos qué pasa con las comisiones de servicio,

con los cursos de formación de jueces.

con los jueces que se están formando,

con el acceso a la carrera judicial,

con las listas de jueces sustitutos.

¿Les cuento los sustitutos que hay en Fuerteventura?

Que cuando vamos a un juicio sobre un bien de interés cultural

la jueza me dice: "¿Un BIC qué es, un bolígrafo?"

O un auto de un juez sustituto en Fuerteventura,

que es otro mundo,

donde en el auto te dice que yo, acusación,

no puedo alegar el derecho de defensa.

Cuando me ha dejado fuera del procedimiento:

"Usted es acusación, ¿cómo alega derecho de defensa?".

Esto ocurre a pie de calle

en la justicia, y es por la falta de medios, consciente y deliberada.

La falta de independencia, y desde luego, porque el control

de todo poder tiene que estar diversificado.

Las fuerzas de los jueces de instrucción y primera instancia,

son tantos que no se pueden controlar, tienen autonomía.

El problema es cuando se puede controlar la cúpula.

Y, evidentemente, yo no pongo en duda la capacidad

ni la formación

Aunque también es verdad que se nombran jueces magistrados,

estamos hablando del asusto de los actos jurídicos documentados,

donde la decisión finalmente se tomó

por un señor, con todos mis respetos,

Díez Picazo, que no es ni magistrado ni juez.

Y fue el voto determinante.

Y después, también, hay una posición positiva.

Hay que ver el lado positivo.

14, 15, 13.

Tampoco está tan mal la situación, 15, 13.

Aunque ya estamos fuera del tiempo,

yo no sé si ustedes quieren decir algo

de toda la larga lista que la señora Ferrer ha sacado,

ha dejado ahí encima de la mesa.

Yo voy a defender, obviamente,

siempre la independencia de los jueces.

Porque creo que somos independientes y creo

en la independencia de los órganos superiores.

En la Audiencia Nacional se va por concurso

también a muchas plazas, no vayamos a caer ahora

en la trampa de decirle al ciudadano

que a la Audiencia Nacional se va a dedo.

Hay un concurso de traslados y tú pides

si quieres ir a la Audiencia Nacional

y es un concurso reglado.

Y vas por antigüedad en el escalafón.

No es que te nombre absolutamente nadie a dedo.

El caso del señor Díez Picazo, es que la ley orgánica

prevé la entrada del Tribunal Supremo

por el quinto turno de juristas de reconocido prestigio.

Y desde ese momento que son nombrados,

adquieren ya la condición de magistrados.

Eso está establecido en la ley orgánica.

Cumplir la ley, pues a mí, que existan o no este tipo de plazas

para juristas, magistrados, me puede hacer más o menos gracia,

pero es lo que dice la ley orgánica.

Con respecto a controlar el reparto, no sé a qué se refiere,

yo soy decana y el reparto lo hace una máquina automáticamente.

Y entra la demanda o la denuncia y va por las normas de reparto

que son publicadas y que se conocen porque además están publicadas

en la página web del Consejo.

No hay trampa ni cartón, es más, la parte, si entiende

que ha habido una modificación o alteración

de las normas de reparto que se han vulnerado

el derecho al juez natural,

puede interponer el correspondiente recurso.

Con respecto a los jueces sustitutos,

hay tan pocos jueces sustitutos ya.

Los jueces titulares de carrera nos estamos haciendo

todas las sustituciones, a lo mejor en Canarias

hay menos jueces titulares

Yo, en Madrid como decana, me cuesta mucho gestionar las sustituciones

cuando tengo a un compañero enfermo porque no consigo

que presupuestariamente me nombren a un juez sustituto.

Tampoco voy a cuestionar la profesionalidad del sustituto.

Obviamente no se le puede exigir la misma preparación técnica

que a un juez titular, que hemos aprobado la oposición.

Un proceso limpio el de la oposición.

Donde se hace un test, donde luego te sometes a un examen

ante un tribunal.

He estado cuatro años en un tribunal de oposición, y le aseguro

que no hemos colado a nadie en estos cuatro años

y hemos examinado a muchos aspirantes a juez.

Y no ha habido enchufes, y no ha habido "es el hijo o primo".

Ha aprobado el que sabía, el que no se ha quedado fuera.

Se han cubierto las plazas cuando hemos tenido las 25 personas

que tenemos atribuidas a ese tribunal

para aprobar, y si no, hemos sacado plazas vacantes.

Hemos buscado a los mejores.

Sin nombre y sin apellidos.

La carrera judicial es una buena muestra

de que muchos de los miembros no tenemos familiar en la carrera.

Yo ni siquiera licenciados en Derecho en mi familia.

Por tanto, decir que hasta el proceso de selección

ya es oscuro, me parece un poco hasta, no sé...

Yo estoy muy orgullosa de cómo accedí a la carrera.

En una oposición libre, y ya está.

Enrique, ¿quiere añadir algo? En el caso

de Díez Picazo, por el cual yo tengo

la máxima consideración, científicamente.

El quinto turno siempre ha existido, el quinto turno es

que en la Sala Segunda, no tiene que ver con tercer o cuarto turno.

Hay una plaza que van juristas que no son magistrados.

Son catedráticos, son fiscales.

Marchena es fiscal.

Mi maestro, Quintano Ripolles, que entró en la Sala Segunda,

era fiscal.

Allí ha estado Antón Oneca, ha estado Castejón, Castoveñas.

Pero claro, lo que sucede con Díez Picazo

es que una cosa es estar allí, poner sentencias

que están bien hechas, y otra cosa es dirigir un tribunal colegiado

frente a otros magistrados que llevan 30 años

dirigiendo o estando en tribunales colegiados

participando en ellos.

De esto, Díez Picazo no tenía ni idea.

Porque él ha ido de la universidad a la Sala Tercera.

Y claro, la gestión de un tribunal colegiado,

de eso no tiene experiencia.

Y eso ha sido el error.

El quinto turno me parece bien porque realmente ha habido fiscales

y catedráticos y abogados que han puesto sentencias buenas.

Pero una cosa es esa y otra que catedráticos

o abogados, dirijan un tribunal colegiado

que es una cosa más complicada y tendrían que estar personas

que tienen experiencia como magistradas, fiscales

-en cómo funcionan los tribunales. -Carrera.

Hay una cosa que ha flotado y que ha surgido

en repetidas ocasiones.

Y con eso, ya terminamos.

Es un problema, han dicho de ellos en algunos casos, de confianza.

Y aquí, intervienen otros factores

al margen de que los procesos sean limpios.

Y es que pueda llegar a la sociedad

una valoraciones claras para que los ciudadanos

tengamos también valoraciones claras.

Y hay veces que no llegan.

Por ejemplo, el Tribunal de Navarra, que hizo

la sentencia de la Manada,

hizo una sentencia muy respetable,

pero que la sociedad, o la mayoría de la sociedad,

entendió de otra manera.

¿Cómo se resuelve ese problema de confianza?

Pero eso daría para otro programa

que lo podemos dejar para más adelante.

Ahora yo les doy las gracias a ustedes por seguirnos.

A nuestros invitados por estar aquí.

Y les esperamos la próxima semana.

Gracias.

(Música)

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Millennium - El estado de la justicia

04 dic 2018

Programa de debate presentado por Ramón Colom sobre justicia con María Jesús del Arco, Enrique Gimbernat, Irma Ferrer y Emilio Fernández García.

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