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Para todos los públicos Informe Semanal - El nudo catalán -  07/10/17 - ver ahora
Transcripción completa

Ante esta situación de extrema gravedad,

que requiere el firme compromiso de todos

con los intereses generales,

es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado

asegurar el orden constitucional

y el normal funcionamiento de las instituciones,

la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña,

basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

Hola, saludos a todos.

Y gracias por acompañarnos en Informe Semanal.

España vive momentos decisivos

para asegurar el orden constitucional

tras el golpe institucional en Cataluña.

Después de un 1-0 plagado de incidentes

y numerosas irregularidades,

los separatistas mantuvieron su desafío al Estado de derecho,

bajo amenaza de una declaración unilateral de independencia.

En espera de la suspensión del pleno del Parlament de este lunes,

lo que el rey definió como "deslealtad inadmisible",

dio luz verde a la respuesta de los poderes del Estado.

El Legislativo de las Cortes, el Ejecutivo y el Poder Judicial

actúan para dar respuesta a delitos contra la democracia española,

como la desobediencia o la sedición.

A todo ello dedicamos hoy Informe Semanal,

en un monográfico titulado "El nudo catalán".

La relación entre Cataluña y el resto de España

ha sufrido tensiones cíclicas a lo largo de más de 500 años

de historia compartida.

Las hubo en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, en el XX

y ahora las vemos, de nuevo, en el XXI.

En el trasfondo, el anhelo catalán de una soberanía

que, según la Historia, nunca existió.

Realmente, el pueblo catalán jamás ha podido gozar de esta soberanía

y de esta propiedad sobre su Estado.

Jamás ha sido así.

Siempre ha pertenecido o la ha compartido

con el resto de ciudadanos españoles.

La relación entre el Estado y la Generalitat

se tensa y destensa periódicamente, coincidiendo con crisis económicas

y Parlamentos fragmentados en Madrid.

Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña

que apruebe el Parlamento de Cataluña.

El último rebrote

nacía tras la reforma estatutaria de dos mil seis,

aprobada por el Parlament y las Cortes Generales,

con mayoría socialista, y después refrendado por el pueblo catalán.

El Constitucional, a instancias del Partido Popular,

del Defensor del Pueblo y de cinco Comunidades Autónomas,

resolvió que de doscientos veintitrés artículos,

catorce eran inconstitucionales.

Una sentencia tomada como una afrenta

por una parte de los catalanes,

y alentada por el nacionalismo separatista,

que ensalzaba hechos diferenciales con los que justificar su postura.

Un marco estatutario contrario al derecho,

según los magistrados que velan por la Carta Magna,

que en 1978 apoyó el noventa por ciento de los catalanes.

Es una cuestión de ser reconocidos

de la manera en que los catalanes queremos ser reconocidos

y tener un autogobierno, tanto a nivel de políticas internas

como de políticas europeas e internacionales,

que se decida desde Cataluña aquello que afecta a los catalanes.

Esto, con el marco constitucional español actual, es imposible.

Yo no soy jurista, pero soy un ciudadano

y soy un ciudadano que está viviendo en Cataluña,

donde hay una serie de gente, ese cuarenta por ciento

o el porcentaje que sea, está intentando cargarse mi país.

Está intentando echarme de mi propia casa.

Está intentando hacerme extranjero en mi propio país,

y eso, por supuesto, la sociedad no lo puede admitir

ni lo va a admitir.

Al movimiento secesionista catalán no le encaja la Constitución.

Ve en ella un escollo a sus anhelos.

Ante la dificultad de encontrar aliados para reformar la norma,

la Generalitat ha ido tensando la cuerda con el Estado

en una deriva independentista.

Primero el expresident Artur Mas,

y ahora su delfín, Carles Puigdemont, junto a ERC y la CUP,

que no acata las resoluciones judiciales,

ni atiende a las leyes que rigen para todos los españoles.

Cuando un presidente de una Comunidad Autónoma,

que es la máxima representación, no cumple,

no respeta la Constitución y el Estatuto de Autonomía,

que es el que le da legitimidad para ser presidente,

es muy difícil solucionar el problema.

El seis de septiembre, a instancias del Govern,

el Parlament imponía, sin diálogo,

las leyes de Referéndum y de Transitoriedad Jurídica

y Fundacional de la República Catalana,

en contra del Estatut y de la Constitución.

Un nudo cada vez mayor,

un nudo que no para de enredarse en desencuentros, rivalidades,

conflictos competenciales y judiciales

que el seny catalán no es capaz de desatar.

Un nudo gordiano que la espada de Damocles

de la llamada rauxa independentista pretende cortar de un tajo.

El domingo uno de octubre fue la fecha del referéndum ilegal.

Cientos de miles de catalanes, ilusionados con la consulta

que había suspendido el Tribunal Constitucional

pero que la Generalitat no cejó en promover y auspiciar,

acudían a la convocatoria ilegal.

Querían votar, tal como les había prometido

el Govern de la Generalitat,

que, sin tener competencias para la convocatoria,

argumentaba democracia, mientras hacía caso omiso

de la legislación vigente.

¿Cómo vas a prohibir votar?

No, no.

A usted no se le ha prohibido votar.

Usted, como catalán y como español, ha votado cuarenta veces

en los últimos cuarenta años, lo que pasa es que tiene que votar

dentro del marco previsto para eso.

Yo creo que la gente tiene que ser consciente

de que hay muchas personas que le han estado engañando

durante mucho tiempo.

Es evidente que mucha gente cree que va a conseguir la independencia

y que, al no conseguirla, va a tener un sentimiento de frustración

que habrá que ver cómo se gestiona.

El uno de octubre no se produjo un referéndum con validez jurídica.

En cumplimiento de sucesivas órdenes judiciales,

la Policía y Guardia Civil trataron de contener

el desafío de autodeterminación cerrando colegios

y confiscando urnas.

Tanto la Junta Electoral Central

como el equipo de observadores invitados por la Generalitat,

consideran que la consulta no puede considerarse un referéndum,

ya que careció de garantías de objetividad, transparencia,

escrutinio y control.

Lo que hubo el pasado domingo fue claramente un referéndum ilegal

sin garantías mínimas para poder ser leído,

para tener un mandato claro

de qué es lo que quieren los catalanes.

Quienes acusan de que no ha tenido garantías son, precisamente,

los que han impedido que esas garantías se dieran,

la vía sería hacer un referéndum fetén,

o sea, un referéndum de verdad,

como el que ha tenido lugar en Escocia en dos mil catorce

o el que tuvo lugar en Quebec en el año ochenta,

es decir, con todas las garantías,

que coincida legalidad y legitimidad,

cosa que ahora no coinciden, ni en la parte española

ni, parcialmente, en el referéndum que se ha hecho este domingo pasado.

El referéndum no ha respondido a lo que serían

las exigencias mínimas que se deberían demandar siempre

en una consulta de este tipo.

Ha habido problemas de infraestructuras,

pero no tiene la seriedad que merecería.

Según datos no contrastables de la Generalitat,

en la consulta participaron

dos millones doscientos ochenta mil catalanes,

el cuarenta y tres por ciento del censo previsto.

El noventa por ciento votó a favor de la independencia,

según el Govern.

Los medios se hacían eco de irregularidades

y ausencia de garantías.

El recuento, por supuesto, es falso, todo lo que se ha hecho.

Es decir, hay pueblos en los que tienen

cuatrocientos habitantes censados y votaron mil cien,

es decir, nosotros tenemos las pruebas

porque enviamos observadores, y tenemos las pruebas fehacientes

de que ha habido gente que ha votado cuatro veces,

en diferentes colegios,

gente que ha votado estando la urna en el suelo,

urnas que ya estaban llenas de votos,

un recuento que nadie sabe quién ha hecho o cómo...

Realmente no fue un referéndum,

fue un aquelarre en el cual ellos pretendían ir a votar sin censos,

sin papeletas, sin urnas, sin lo que fuera,

es decir, ellos lo que estaban provocando es lo que consiguieron

y es de que saliera la fotografía de las Policías

intentando evitar que la gente votara.

Fotografías y vídeos que han dado la vuelta al mundo.

Cargas policiales contra quienes impedían ejecutar la orden judicial

de cerrar colegios y requisar urnas.

Una acción judicial que, en primer lugar,

tenía que haber asumido la Policía autonómica.

Pese a ser su obligación,

los Mossos d'Esquadra no recibieron la orden de actuar

por parte de su superiores.

El mayor de los Mossos

y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural

declararon el viernes ante la Audiencia Nacional,

investigados por sedición por los incidentes

del veinte de septiembre ante la Consellería d'Economía.

Y volverán a hacerlo por el uno de octubre.

La actuación de los Mossos d'Esquadra

ha sido mucho más coherente, en mi opinión,

con la instrucción de la juez que con el comportamiento

de la Guardia Civil y de la Policía española,

que ha actuado con una desproporcionalidad inmensa.

Los Mossos d'Esquadra tienen unos mandos

y esos mandos les han ordenado hacer lo que han hecho,

y realmente podríamos aportar muchas pruebas de mossos d'Esquadra

que están realmente muy apesadumbrados

por no haber podido cumplir su obligación,

porque nadie les ordenó que lo hicieran.

Entonces, esto ¿qué es lo que ha provocado?,

pues ha provocado que hemos cargado sobre la Policía Nacional

y la Guardia Civil toda la responsabilidad

de una situación que tenían que haber asumido los Mossos,

que no la han asumido, y así están.

Los disturbios provocados durante la consulta ilegal

del pasado domingo se saldaban con heridos en ambos lados.

La Generalitat sostiene que casi 900 ciudadanos fueron "atendidos",

aunque solo cuatro de ellos fueron ingresados.

Creo que se ha demostrado con los días,

que muchas de las imágenes que en un primer momento hemos visto

están manipuladas o eran de otros momentos,

de hecho, hasta la prensa internacional se ha hecho eco,

al principio se hizo eco de las imágenes,

pero ayer, por ejemplo, salió un reportaje muy amplio

en Le Monde, en Francia, donde se llamaba la atención

sobre la manipulación de las imágenes.

Según datos del Ministerio del Interior,

cuatrocientos treinta y un policías y guardias civiles

resultaron heridos durante el dispositivo del uno de octubre.

Treinta y nueve precisaron atención sanitaria inmediata,

el resto presentaba contusiones, arañazos, patadas y mordiscos.

La Fiscalía ha abierto diligencias

para investigar si hay delitos de odio en los múltiples asedios

que sufren estos días las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el Congreso de los Diputados, el PSOE anunciaba el martes

la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno por la acción policial

del uno de octubre.

Una petición criticada por algunos barones

y otros dirigentes históricos del socialismo español.

Naciones Unidas

pide una investigación imparcial en Cataluña

y que la situación se resuelva mediante diálogo político.

El debate sobre Cataluña llegaba el miércoles

al pleno de Estrasburgo.

La Comisión Europea y los grupos políticos del Parlamento Europeo

han coincidido en reclamar diálogo para afrontar la crisis en Cataluña,

aunque siempre dentro del marco constitucional.

Francia, Alemania, Italia y Holanda han apoyado explícitamente a España

en la defensa de la unidad constitucional.

La situación que vive estos días Cataluña no tiene precedentes.

La polarización ciudadana les obliga a posicionarse.

Se impone el maniqueísmo,

y las posturas intermedias tienden a diluirse.

Más de la mitad de la sociedad se siente ignorada por el Govern.

La sociedad está fragmentada y, además, no se ha polarizado,

como puede polarizar la propaganda, entre españoles y catalanes,

se ha podido polarizar entre familias, entre parejas,

entre amigos, en tu trabajo con tus compañeros,

la polarización está totalmente dispersa y peligrosamente dispersa.

Yo, en estos momentos, soy un "proscrito", ¿eh?

Soy un "mal catalán" y además soy un proscrito.

Efectivamente, se ha alimentado un discurso del odio

hacia todo lo español, que hace mucho tiempo

que se hace en las escuelas.

Esa es una de las cosas que nunca se han corregido

y pues, bueno, han fomentado el odio en los estudiantes

hacia todo lo que huele a España.

Todo nacionalismo reescribe o narra la historia para construir nacion,

no solo el nacionalismo catalán, el nacionalismo español, francés...

Se construye nación a través de instituciones

como podría ser la educación o como podría ser la construcción

de mitos o historias.

Tampoco existe ningún control,

que sería deseable un control académico, no político,

sobre los libros de Historia.

Por ejemplo, si existiera desde la misma

Real Academia de la Historia un mecanismo de supervisión

para que estos libros tuvieran la calidad técnica deseable

y que no pudiera haber la mínima sospecha

de adoctrinamiento en ningún sentido,

pues sería preferible,sin tener que quitarles las competencias

a las diferentes Comunidades.

En una entrevista a un medio británico,

Puigdemont anunciaba que declarará la independencia unilateral

en los próximos días, como recoge la Ley del Referéndum.

Pretendía hacerlo el lunes nueve en un plenario del Parlament

donde se expondrían los resultados de la consulta ilegal.

Tras suspenderlo de urgencia el Constitucional,

el president ha pedido comparecer el martes diez.

En el momento en que se produzca la declaración

unilateral independencia,

ya nadie apoyaría a las autoridades catalanas, porque los demás países,

claramente, se alinearían con el Estado español

y apoyarían todo lo que el Estado español

hiciese para recuperar la normalidad en ese territorio.

El principal problema que tiene el independentismo

para la construcción, digamos, de un Estado propio

son las adhesiones de la comunidad internacional,

es decir, es un movimiento que es fuerte en Cataluña,

que tiene muchos agentes implicados en Cataluña,

pero que no ha sido capaz de aglutinar, digamos, alianzas

en el campo de la geopolítica.

Cataluña pasaría ipso facto a estar fuera de la Unión Europea

y todos los tratados tendría que renegociarlos

en todos los países del mundo.

Quedaríamos como un satélite orbitando alrededor de nada,

es decir, porque quedamos fuera de la OTAN, fuera de la ONU,

fuera de la Unión Europea, fuera del euro,

fuera de cualquier tipo de defensa internacional.

Y, sin el apoyo del contexto internacional,

nos vamos a quedar en la quiebra más absoluta

en un plazo de tres meses.

La visión independentista sobre el futuro

de la teórica República catalana es bien distinta.

Todos los estudios apuntan a que Cataluña,

si fuese un país independiente,

sería mucho más próspero de lo que es ahora,

en un plazo de cinco o diez años podría ser una sociedad

con una economía y con un Estado de bienestar

de los más desarrollados de Europa, al nivel de los países nórdicos

o de Holanda, por poner ejemplos prácticos;

incluso de la Unión Europea está muy poco claro

que Cataluña quedara fuera, quizá inmediatamente,

pero, ¿a quién le interesa que haya una zona territorial

que no está en la Unión Europea cuando quiere estarlo,

entre España y Francia?

La incertidumbre política precipitaba esta semana

la fuga masiva de empresas y entidades bancarias desde Cataluña

hacia otros lugares de España, como Gas Natural, CaixaBank,

Banco Sabadell, Banco Mediolanum y Oryzon, entre otras.

Además, firmas como Catalana Occidente,

Freixenet, Codorníu o Abertis estudian su traslado inmediato

ante la inseguridad jurídica

de una declaración unilateral de independencia.

El Consejo de Ministros

aprobaba el viernes un decreto ley para facilitar que las empresas

puedan trasladar su domicilio social, de forma inmediata,

sin la aprobación de la junta general de accionistas.

Yo creo que eso sería una catástrofe para Cataluña,

para España también y para Europa, incluso.

Y, desde luego, las empresas

tienen sus planes de contingencia, como es lógico,

porque los empresarios, cuando ven venir problemas,

piensan en cómo los van a solucionar.

Durante los últimos años,

ha habido un proceso de deslocalización

o relocalización de empresas catalanas,

porque, en los últimos años, en Cataluña se ha apretado muchísimo

con el tema de impuestos

y, en cambio, en otros rincones de España

se han dado muchas facilidades a nivel impositivo,

pero sobre todo a nivel operativo, de trabas administrativas, etc.

Con lo cual hay muchas empresas que lo que han hecho ha sido

que los nuevos centros fabriles o de producción

los han abierto en otros puntos de España.

¿Esto qué significa?

Pues significa que ya tienen medio pie allí

y que, si vieran aquí que hay un empeoramiento de la situación,

se irían hacia allí.

A corto plazo, ¿pasaría algo?

Seguramente.

A largo plazo, ¿pasaría algo?

Sí, porque, evidentemente, se iría deslocalizando la actividad

y, por tanto, Cataluña perdería protagonismo como centro económico,

centro industrial y centro comercial.

A los economistas consultados no les cuadran las cuentas

de la independencia.

El gasto público, al que habría que sumar las pensiones

y la puesta en marcha de las estructuras de Estado,

supondría un gasto cercano a los setenta mil millones de euros.

La supuesta República catalana debería asumir, además,

una quinta parte de la deuda española

más la deuda propia que acumula Cataluña.

Unos números rojos

que rondan los doscientos ochenta mil millones de euros.

Esta Cataluña arrancaría con un PIB de 215.000MU+20AC ó 220.000MU+20AC

y tendría una deuda que sería superior a ese PIB

y, por tanto, ya nacería con una deuda equivalente

al ciento veinte o ciento treinta por ciento del PIB,

por tanto, esa es una situación realmente comprometida.

Todo esto suponiendo que no hubiera un desplazamiento

de empresas y de producción de Cataluña

a otros lugares de España o de Europa.

Lo digo porque la salida de Cataluña del marco de España

significaría quedar fuera del ámbito de la UE y de la zona euro,

con lo cual todo lo que Cataluña está vendiendo hoy

a España y a la UE estaría gravado por aranceles.

De las ventas de los productos catalanes al resto del mundo,

un treinta o un cuarenta por ciento van al resto de España,

un cuarenta por ciento más debe ir a Europa

y el resto, a terceros países.

Y eso es como está.

Por lo tanto, dependemos unos de otros claramente.

En el caso de que tu banco central no esté en el BCE como accionista,

no puedes trabajar con el euro como moneda,

¿esto qué significa?

Que para entrar en el BCE se necesita la unanimidad

de todos y cada uno de los miembros que están en la zona euro,

por tanto, si hay alguien que dice que no está de acuerdo

en que Cataluña tenga el euro,

queda fuera de lo que sería el mapa del euro.

En este caso, Cataluña tendría que inventar una moneda.

Solo podríamos evitar esta declaración unilateral

si las instituciones catalanas, la Generalitat,

reconoce que el del uno de octubre no fue un referéndum

con suficientes garantías como para poder leerse

el mandato ciudadano de los catalanes.

Mi impresión es que se va a leer ese mandato y que las instituciones

van a seguir en este estadio de desobediencia

que se inició hace unas semanas con la Ley de Referéndum

y de Transitoriedad Jurídica.

La situación de incertidumbre política, jurídica,

económica y social que atraviesa Cataluña

llevaba el martes al jefe del Estado a emitir un mensaje excepcional,

valorando la actuación del Govern.

Con sus decisiones, han vulnerado de una manera sistemática

las normas aprobadas legal y legítimamente,

demostrando una deslealtad inadmisible

hacia los poderes del Estado.

Un Estado al que, precisamente, esas autoridades

representan en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráticos

de todo Estado de derecho y han socavado la armonía

y la convivencia en la propia sociedad catalana,

llegando, desgraciadamente, a dividirla.

Y, ante esta situación de extrema gravedad,

que requiere el firme compromiso de todos

con los intereses generales,

es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado

asegurar el orden constitucional

y el normal funcionamiento de las instituciones,

la vigencia del Estado de derecho y el autogobierno de Cataluña,

basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

Un llamamiento del jefe del Estado,

un apoyo explícito al Estado de derecho

y una urgencia para restablecer el orden legal

que no observan los promotores del procès.

El Estado tiene varias vías de actuación posible.

Hay medidas que ya se están ejecutando,

como la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Hay otras, como la Ley de Seguridad Nacional,

que tampoco requiere pasar por el Parlamento,

requiere un Real Decreto del presidente del Gobierno,

del que luego se informa al Congreso de los Diputados.

La Ley de Seguridad Nacional

permitiría recuperar, permitiría reforzar

las competencias en el ámbito de la seguridad.

El 155 y en la Ley de Seguridad Nacional

son instrumentos que, efectivamente, tiene el Estado

para seguir reprimiendo, digámoslo así, el problema.

Pero con eso no se va a solucionar el tema.

El Artículo 155 de la Constitución es un artículo

que esta copiado de la Constitución alemana, del Artículo 37,

que recoge la figura de la coerción nacional,

y esta previsto para que, cuando una Comunidad Autónoma

no respete o desobededezca la normativa vigente,

la federación, en caso de un Estado federado,

el Estado central, en el caso de España,

puede proponer al Senado la toma de una serie de medidas

durante un plazo temporal

y en un ámbito competencial determinado,

para recuperar, para forzar al cumplimiento de la Constitución

y al ordenamiento jurídico.

Por eso digo que no hay que tener tanto miedo al 155

porque no es verdad que sea una suspensión, al contrario.

El 155 tiene un límite,

que es el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

O sea, que el 155 no puede vulnerar

lo que dice el Estatuto de Autonomía.

Rajoy exige "la renuncia a la declaración de independencia

y garantiza que hará lo mejor para España

en el momento más oportuno".

Que digan que no hay declaración unilateral de independencia

e, insisto, que lo hagan a la mayor celeridad posible.

Esa es la mejor solución,

porque es la que nos vuelve a la normalidad.

A la espera de los siguientes movimientos

del Estado y de la Generalitat,

la sociedad pide soluciones a los gobernantes

para superar una situación que no favorece ni a Cataluña,

ni al resto de España.

El viernes, el expresident Artur Mas

afirmaba al The Financial Times que Cataluña aún no está preparada

para la independencia real.

Una vez que hayamos recuperado el Estado de derecho,

en ese momento, por supuesto,

yo creo que hay que establecer una mesa de diálogo

y no sé quiénes son los que tienen que dialogar

porque si los que han estado hasta el momento

no han sido capaces, posiblemente haya que buscar otros.

Yo creo que, en este caso, si hay este enfrentamiento,

si saco a este interlocutor y saco a este otro interlocutor,

puedo buscar posibilidades de diálogo.

Creo que hay que dialogar.

Creo que hay que ver un estatuto jurídico y económico para Cataluña,

me parece muy bien, porque además soy catalán,

pero todo dentro de unos cauces que estén en la Constitución.

El Congreso debatirá la semana que viene la situación de Cataluña,

mientras una comisión estudia una posible reforma constitucional

y la organización territorial del Estado.

Yo creo que los catalanes tienen que hacer una reflexión profunda

sobre cuáles son las consecuencias, que no han hecho.

Yo creo que la gente,

a la que hay que reconocer ilusión y buena fe,

pues no ha reflexionado lo suficiente, es mi opinión.

Y creo que abrir un tiempo de debate y de reflexión profundos

es una necesidad.

Los lazos de tipo cultural, de tipo histórico,

de tipo económico, de tipo social, de tipo personal,

son tan estrechos que, es que somos los mismos, ¿no?

Y, por lo tanto, que cada uno tiene su carácter diferencial,

de acuerdo, como lo tienen otras Comunidades en España,

pero eso no quiere decir que no seamos los mismos

y, por lo tanto, yo creo que esos lazos existen,

son absolutamente entrañables y no se pueden cortar.

Cortar o desatar, el dilema del nudo gordiano.

El nudo catalán se ha intrincado como nunca estas últimas semanas.

Es responsabilidad de todos desatarlo con diálogo y concordia

y evitar un brusco desenlace que a nadie beneficia.

Nada más.

Les dejamos ya con la programación de La 1, del Canal 24 Horas

y del Canal Internacional de Televisión Española.

Pueden ver de nuevo los reportajes de Informe Semanal

en la web de RTVE.

Gracias.

Y hasta la próxima semana.

  • El nudo catalán

Informe Semanal - El nudo catalán - 07/10/17

07 oct 2017

Cataluña ha vivido una semana de tensión social, económica, policial y política sin precedentes democráticos a raíz de la convocatoria del referéndum ilegal del pasado domingo. La intervención del Rey Felipe VI pidiendo la actuación de los poderes del Estado para asegurar el orden constitucional se interpretó como un impulso a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155 de la Constitución, entre otras medidas económicas. La salida de Cataluña del Banco de Sabadell y otras empresas ha hecho saltar las alarmas.
'Informe Semanal' ha vivido todos estos acontecimientos en Cataluña, y ofrece un programa monográfico sobre este momento crítico. Para ello, viaja a los orígenes históricos y los aspectos económicos, sociales, judiciales y políticos a las que se enfrenta este desafío secesionista. Contará con el historiador, Oscar Uceda; el politólogo Lluis Orriols; el economista Gay de Liébana; el presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de Freixenet, José Luis Bonet; el catedrático de Ciencias Políticas, Ferrán Requejo; el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà; y el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Carlos Vidal.

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