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La Guardia Civil rastrea todas las grabaciones encontradas en el registro de la casa de Juan Rivera en Picassent, Valencia. Hay abundante material fotográfico y de vídeo. Según los agentes, el detenido, también almacenaba pornografía infantil y se encargaba de su producción y de su grabación. Se hacía pasar por experto educador y recorría colegios por toda España. Desde ayer está en prisión provisional sin fianza.

El fiscal pide 77 años de prisión para el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, al considerarle responsable de tres delitos de agresión sexual, uno de violación, cuatro de detención ilegal y uno de lesiones, según el escrito de acusación.

En el escrito, fechado el 7 de marzo, el fiscal solicita también diez años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, que según recuerda sería de un máximo de 25 años.

Igualmente, reclama una indemnización de 426.300 para las cuatro jóvenes por los daños morales causados y por las lesiones sufridas.

En el Vaticano, ha concluido la declaración por videoconferencia del cardenal Pell en la investigación abierta en Australia por abusos sexuales a menores en el seno de la iglesia. El máximo responsable de las finanzas vaticanas ha reconocido que se encubrieron casos de pederastia durante dos décadas en las diócesis en las que él trabajaba, pero ha evitado asumir responsabilidades. Este jueves, una comisión de las víctimas ha visitado la Santa Sede y ha sido recibida por el papa Francisco.

En el estarán incluidos todos los condenados, con sentencia firme, por cualquier delito sexual. Un registro en el que se exigirá que no aparezcan ninguno de los alrededor de 800 mil profesores que hay en España, entre colegios públicos y privados. Algo que será obligatorio también para todos los profesionales que tengan contacto con menores. Todos. Desde un sanitario al monitor del comedor, de la piscina, del polideportivo. Afectará no sólo a los que se incorporen, desde hoy, a uno de estos trabajos. Sino también a los que ya están ejerciendo.