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Este martes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid la segunda sesión del juicio contra 23 acusados de fraude en la supuesta reventa de ataúdes por parte de la funeraria El Salvador. Una jornada en la que han seguido declarando los testigos. Tres trabajadoras de la funeraria, dos recepcionistas y una contable, han negado las afirmaciones de una excompañera, que aseguraba a primera hora que "todo el mundo en la empresa sabía lo que se hacía con los ataúdes". Ante el tribunal, ha explicado que en la funeraria se usaba habitualmente el término "reciclaje", que ella no sabía a qué se refería hasta que le explicaron que se trataba de ataúdes reutilizados. Ella asegura haber visto el mismo féretro en tres ocasiones.
A declarar estaba también llamada Antonia Morchón Alonso, hermana de Ignacio Morchón Alonso, cabecilla de la presunta trama, ya fallecido. Se ha acogido a su derecho a no declarar.
FOTO: Europa Press
Las exmonjas de Belorado se irán del convento "discretamente" antes de que se produzca el lanzamiento este jueves. Están terminando de trasladar sus enseres y pertenencias desde el cenobio burgalés al de Santa Klara de Orduña, como ha confirmado el portavoz de la comunidad, Francisco Canals.
"Solo los abogados recibirán a la comitiva judicial y a la Guardia Civil" para la entrega de llaves y el levantamiento del acta el jueves día 12. Para entonces, las exmonjas "pretenden haberse marchado ya de forma discreta", según ha relatado Canals, quien ha apuntado que "no les queda lugar donde ir" de forma definitiva.
El jueves deberán abandonar el monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado y respecto a su futuro, Canals ha apuntado que tienen "tres o cuatro" propuestas finalistas en pueblos del norte de España después de recibir otras 40 "a través de su campaña web".
FOTO: EFE / Santi Otero
Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra 23 acusados de fraude en la supuesta reventa de ataúdes por parte de la funeraria El Salvador. El primero en declarar ha sido el policía al mando de la instrucción del caso, que ha asegurado que era imposible que el intercambio de los ataúdes se hubiera realizado en solitario. Ha explicado que todo arrancó en 2017, cuando un hijo del dueño de la funeraria El Salvador acudió a la policía para denunciar que un exempleado estaba extorsionando a su padre, propietario de la empresa. Esa presunta extorsión fue la pista que abrió el caso.
En la vista oral se prevé en principio la comparecencia de 239 testigos y 17 peritos por hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015, además de los imputados. Las acusaciones contra ellos se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
