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El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo para reformar las reválidas y dejarlas sin efectos académicos.

La evaluación final de Primaria será muestral (no obligatoria para todos los alumnos) y de diagnóstico, sin perjuicio de que las comunidades decidan que sea censal en sus respectivos territorios.

Igualmente, la de ESO, que no tendrá efectos académicos ni para conseguir el título de Secundaria Obligatoria, será muestral y de diagnóstico.

Los alumnos de FP básica tampoco necesitarán realizar la prueba de ESO para conseguir el título de ESO, sino que el profesorado considerará si reúnen las condiciones para ello.

Además, el título de ESO será "único", con los mismos efectos, sea cual sea el itinerario académico elegido por los alumnos en cuarto de ESO.

La prueba de Bachillerato servirá para regular el acceso a la Universidad, será sobre las asignaturas troncales de Selectividad y se superará con una nota media de 4. Será similar a la Selectividad y acordada entre las comunidades y las universidades.

PP, PSOE y Ciudadanos han acordado presentar una propuesta parlamentaria conjunta para constituir una Subcomisión en el Congreso que, en el plazo de seis meses, elabore un informe que sirva de base para que el Gobierno redacte un proyecto de ley básica de educación que sustituya a la LOMCE.

El texto del acuerdo, al que ha tenido acceso Efe y que será llevado al Registro del Congreso previsiblemente este viernes, se ha hecho llegar a los demás grupos parlamentarios para que se adhieran o no a él, han informado fuentes parlamentarias.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes solicitar a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de dos proposiciones de ley, una para suspender el calendario de implantación de la LOMCE, que ya pasó por el pleno el pasado martes, y otra de modificación del estatuto de los trabajadores.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del portavoz del Ejecutivo y titular de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, que ha basado la decisión en el derecho que tiene el Gobierno, recogido en la Constitución, a oponerse a toda proposición de ley que suponga un aumento del gasto o una disminución de ingresos tributarios.

Según ha dicho, en el caso de la Ley de Educación, su paralización tiene un impacto de 600 millones de euros de fondos europeos. En este sentido, el titular de Educación ha precisado que la LOMCE "no se va a derogar ni a paralizar" este curso.

El Congreso de los Diputados ha dado un primer paso para un pacto de estado contra la violencia de género, después del acuerdo al que han llegado populares y socialistas. Donde de momento no hay consenso es en la LOMCE. A la espera de un pacto educativo, los efectos académicos de la reválida quedarán suspendidos, asegura el Gobierno, pero el PSOE ha presentado una proposición de ley que pretende acabar con estas evaluaciones y terminar sustituyendo la actual ley educativa por otra, para la que ha recabado el apoyo de toda la oposición, salvo Foro Asturias y dos abstenciones.