Castilla y León, a la cabeza con notable en Servicios Sociales, mientras que Madrid suspende y queda a la cola

• Solo tres comunidades autónomas sacan notable en Servicios Sociales y siete suspenden
• Los servicios sociales necesitan 1.300 millones para recuperar la inversión previa a la crisis

Solo tres comunidades sacan notable en Servicios Sociales y siete suspenden

Solo tres comunidades -País Vasco, Navarra y Castilla-León- obtienen un notable en la evaluación de los Servicios Sociales que realizan cada año las Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, mientras que siete la suspenden -Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía, Galicia y Extremadura-.

La nota media de las comunidades es un aprobado (5,22), la más alta del Índice DEC, que elabora esta asociación desde hace siete años con el análisis en cada CC.AA. de los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales, que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

El informe explica que los recortes tocaron fondo en 2013 y desde 2014 los servicios sociales mantienen la recuperación de los niveles de gasto, aunque todavía faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis.

"Los servicios sociales siguen en un proceso de estancamiento en España y todavía no se ha recuperado el nivel de inversión social previo a la crisis, faltaría recuperar 1.300 millones de euros, fundamentalmente porque no se han recuperado los recortes inmisericordes que produjo el Gobierno de España en 2012 y que suponen especialmente en el Sistema de Atención a la Dependencia un recorte de más de 4.500 millones de euros", ha subrayado el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Respecto a la distribución del gasto en Servicios Sociales entre administraciones, el informe pone de manifiesto que un 61,4% del gasto procede de la administración autonómica, una cuarta parte, del esfuerzo de la administración local, y un 13,5 por ciento, de la Administración General del Estado. Además, precisa que esta última es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes.

Para recuperar esos 1.300 millones de euros anuales, el responsable de análisis económico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Luis Barriga, ha indicado que España debe llegar "como mínimo" al 2% del PIB en Servicios Sociales. Actualmente, la inversión supone el 1,57% del PIB.

"En el resto de países de la Unión Europea y también de la OCDE solo la atención a la Dependencia está en el 2% del PIB, estamos planteando un objetivo que es cortito para una legislatura", ha precisado, al tiempo que ha insistido en que "los Servicios Sociales son un sector crítico y lo van a ser en las próximas décadas".

Diferencias importantes entre CC.AA.

El Índice DEC 2018 presentado este lunes, coincide con el final de la legislatura -que se inició con una puntuación de 4,54- y refleja una evolución positiva, sobre todo de las que tenían una evaluación más baja, como Comunidad Valenciana y Canarias.

"Globalmente la legislatura ha sido buena y la puntuación media mejora porque pasamos del suspenso al aprobado, pero nos preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los nuevo retos de la sociedad, y, sobre todo, las diferencias muy notables que siguen existiendo entre CCAA", ha asegurado el coordinador del estudio, Gustavo García.

Refleja diferencias muy importantes entre CC.AA. respecto al desarrollo normativo de los servicios sociales; mientras Aragón, Baleares, Castilla y León y Galicia tienen legislación y planificación de las normas, Canarias no cuenta con ninguno de estos elementos (tendrá nueva ley en breve) y Madrid sigue sin una ley de nueva generación (la vigente es de 2003).

También respecto al gasto destinado, así el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703 euros/año), que Murcia (297 euros/año).

Las diferencias se dan asimismo en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos, comunitarios o de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid, un profesional por cada 8.354 habitantes.

Mientras que las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de 3 de cada cuatro personas (76%) en riesgo de pobreza, en cinco comunidades no llega al 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia).

Un año más los resultados del índice, elaborado con datos oficiales de las distintas administraciones, muestran el "vaciamiento del derecho a los servicios sociales" en algunas CC.AA. por la gran desproporción entre los derechos que reconocen sus leyes y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar; es el caso de Aragón, Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana.

Otras CC.AA. desarrollan cobertura de riesgo, ya que los servicios y atenciones entregados no tienen una plasmación en derechos legalmente reconocidos; es la situación de Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha.

El informe advierte de que gastar más no es necesariamente hacerlo mejor: Extremadura y Asturias presentan índices de cobertura bajos para un esfuerzo económico muy elevado y, según el informe, esas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local y solapando o dejando en sombra muchas coberturas.

Madrid, a la cola, y Castilla y León, a la cabeza

Madrid, con la peor puntuación (un 3,2), es la que registra un mayor deterioro de los servicios sociales, mientras que Castilla y León, que ha obtenido 7,45 puntos, que aunque supone un ligero descenso frente a la puntuación en 2017 (7,5), se mantiene a la cabeza de las comunidades de régimen común y muy por encima de la media nacional.

De hecho, la relevancia económica (E) de los servicios sociales en Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados y "roza la excelencia" en este apartado del índice; además, mejora en los tres indicadores en relación con el año anterior.

Más allá de los datos, alerta de que muchas regiones están convirtiendo los servicios sociales en meras oficinas de procedimientos, creditación y clasificación, en función de requisitos para acceder a diversas ayudas para atender situaciones de pobreza.