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El fiscal pide más de cinco años de cárcel para Oriol Pujol por el "caso ITV"

  • Se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil
  • Se habría aprovechado de sus cargos políticos para favorecer a un empresario

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La Fiscalía pide más de cinco años de cárcel para Oriol Pujol por el caso de las ITV

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU y exsecretario general de CDC Oriol Pujol Ferrusola por su supuesta implicación en la trama corrupta de las ITV en Cataluña.

En su escrito de conclusiones provisionales, los fiscales anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado acusan al exdirigente convergente e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de un delito de tráfico de influencias, uno continuado de cohecho y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

Anticorrupción también solicita que se multe a Oriol Pujol con 310.000 euros y que se le decomisen, junto a su esposa, la también acusada Anna Vidal, los 443.660 euros que supuestamente les pagó el empresario acusado Sergi Alsina en concepto de dádiva para que intercedieran a favor de sus intereses.

Contratación ficticia a la mujer de Pujol Ferrusola

Según la Fiscalía, entre 2010 y marzo de 2012, cuando se detuvo a varios de los acusados, Alsina pagó esos casi 450.000 euros por trabajos ficticios a Anna Vidal, a cambio de utilizar el poder e influencia política de Oriol Pujol, que facilitó incluso el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, en varias operaciones mercantiles en las que fue contratado como mediador.

Alsina contrataba "aparentemente" los servicios de Anna Vidal en concepto de asesoría con la finalidad de "retribuir la inestimable colaboración" prestada por su esposo, Oriol Pujol, ya que la labor realizada por la mujer era "ficticia" o "carente de valor", al limitarse a aportar manuscritos o información "fácilmente" extraíble de internet, según Anticorrupción.

En concreto, la Fiscalía detalla que en la operación de reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Oriol Pujol intervino a partir de 2010 a favor de Alsina "directa e indirectamente" en las negociaciones, hablando con los dueños de una mercantil interesada en la compra, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat y fijando conjuntamente la estrategia de comunicación del éxito de la operación.

Según la Fiscalía, la intervención de Oriol Pujol "tanto en el inicio de la operación como en su desarrollo y en su final fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa para los tres implicados, gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba".

De igual forma, según la Fiscalía, Alsina retribuyó a Anna Vidal a cambio de las gestiones de Oriol Pujol en la recalificación de unos terrenos para uso industrial en las proximidades de la empresa SEAT en Sant Esteve Sesorvires (Barcelona), para lo que el entonces diputado de CiU medió ante el alcalde de Martorell (Barcelona) en beneficio de su amigo.

Intervención para amañar el mapa de las ITV

El ministerio público también concluye que Oriol Pujol se valió de los "relevantes cargos políticos que ostentaba" para favorecer a Alsina en el proceso de deslocalización de Yamaha, para el que había sido contratado en el último trimestre de 2011 y por el que el empresario se embolsó un total de 4,2 millones de euros por el éxito de la operación.

Además, la Fiscalía entiende que Oriol Pujol también intervino a favor de Alsina en el proceso para supuestamente amañar el mapa de las estaciones de ITV en Cataluña, en el que incluso habían constituido una sociedad con el también imputado Sergi Pastor -que afronta una petición de un año de cárcel- con el objetivo de que se viera favorecida en el reparto de lotes.

Según la Fiscalía, Oriol Pujol se aprovechó en 2011 de su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general de CDC para que el entonces secretario general del departamento de Industria de la Generalitat Enric Colet fichara al también acusado Josep Tous para diseñar un nuevo plan territorial de estaciones de ITV, ya que el proceso estaba embarrancado en un proceso judicial.

El objetivo de Pujol en el nombramiento de Josep Tous -que afronta una petición de un año de cárcel- era beneficiar los intereses de Alsina, que intermediaba en el conflicto en defensa del empresario Ricard Puignou, que le pagó hasta 2.360 euros mensuales durante un año sabedor de sus "influencias políticas" por su amistad con el entonces diputado de CiU.

En el caso de las ITV, la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias -cuyo líder Miguel Bernad ha sido encarcelado en una investigación paralela por extorsión-, pide 11 años y ocho meses de cárcel para Oriol Pujol y cinco años y seis meses para su esposa.

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