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El Gobierno de España puso fin en 1996 al monopolio en las telecomunicaciones. Rafael Arias-Salgado era ministro de Fomento, bajo la presidencia de José María Aznar. El "boca a boca" contribuyó a afianzar en poco tiempo a las empresas competidoras en el mercado. Quince años después de la liberalización, en muchos pueblos españoles todavía no es posible usar el teléfono móvil por falta de cobertura.

La decisión de Telefónica de modificar las condiciones del ERE para asumir el coste del desempleo no ha gustado a los representantes sindicales, porque creen que serán los trabajadores los lo que lo paguen. La empresa ha vuelto a la cifras iniciales: 6.500 trabajadores en tres años.

Telefónica ha presentado este jueves el ERE para 8.500 trabajadores que se hará en cinco años. El futuro la compañía depende de este ERE. Asegura Telefónica que recortar plantilla y reducir el coste de personal es su garantía de rentabilidad. Al ERE se podrán acoger hasta 8.500 trabajadores. Con la ley actual, sus prestaciones por desempleo durante dos años saldrán de las arcas públicas.

Pero el Gobierno quiere que el coste de estos despidos pactados corra íntegramente a cargo de la compañía. "Nosotros discutiríamos con la compañía Telefónica la posibilidad de que de una u otra forma no se infringieran esos costes al sistema de protección por desempleo. Verbalmente nos ha señalado en alguna ocasión su disposición a hacerlo", ha subrayado Valeriano Gómez, ministro de Trabajo.

El Grupo Socialista en el Congreso quiere que las empresas con beneficios asuman el coste integro de las prestaciones. Presentó una enmienda para modificar la ley, pero todavía no se ha aprobado. Los sindicatos han subrayado que no van a aceptar que el ERE se pague con dinero público.

Por beneficios, el grupo Telefónica es la primera empresa española: ganó más de 10.000 millones de euros en 2010. En 20 días, su filial Atento saldrá a bolsa. Está valorada en hasta 1.500 millones y, de momento, solo los grandes inversores tendrán acceso a la compra.

El ERE, inicialmente previsto para tres años, se amplía a cinco. El Ministro de Trabajo confía en que el Inem no tenga que pagar el paro de los trabajadores afectados.

El Gobierno prepara un plan para obligar a las grandes empresas que, como Telefónica, aprueban al mismo tiempo un plan de reducción de plantilla y un plan de primas millonarias a los directivos, tengan que costear parte de los costes de los despidos. Con este plan, las empresas que aprueben un plan de prejubilaciones tendrán que costear la prestación por desempleo. El partido popular ha pedido la comparecencia del ministro de Trabajo y ha cuestionado la medida, porque al mismo tiempo se amplía la edad de jubilación. Izquierda Unida ha recordado que una de las recomendaciones del Pacto de Toledo ya incluía una medida similar.

Telefónica ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la convocatoria de la junta de accionistas en la que se aprobará un plan para que 1.900 directivos de Telefónica se repartan 450 millones de euros en acciones en 5 años. Al presidente, César Alierta, le corresponderían 5 millones. El Gobierno y los sindicatos han expresado su rechazo hacia los planes de la compañía de recortar 6.000 puestos de trabajo en tres años.

Y quiere hacerlo con 450 millones de euros en acciones en los próximos 5 años, junto a otros cincuenta millones para el resto de empleados. El anuncio llega después de conocerse los planes de la compañía de reducir el 20% de su plantilla en España.

El responsable del sector estatal de Telecomunicaciones de UGT y trabajador de Telefónica, Alfredo Mesa, reconoce que la situación en la empresa es complicada.

No obstante, asegura que habrá una respuesta contundente si el expediente de regulación de empleo propuesto para más de 6.000 trabajadores se lleva a cabo.

Añade que hay que revisar el modelo de gestión porque, a su juicio, no se entiende cómo aquellas empresas de telecomunicaciones que no tienen costes en infraestructuras son las que están primando (15/04/11).

Telefónica ha anunciado hoy que se plantea eliminar un 20% de sus 32.000 empleos en España para hacer frente a la caída de sus ingresos en nuestro país. El ministro de Trabajo considera que no es buen momento para ajustes de plantilla tan amplios.