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Los interinos que llevan diez años en una plaza que no haya salido a curso podrán ocuparla sin opositar. Es uno de los cambios que el Gobierno ha negociado con ERC para tratar de sacar adelante el decreto de la función pública en el Congreso.

Francisco Lama, secretario de Acción Sindical del CSIF, ha pedido en Las Mañanas de RNE“seguridad jurídica” para estos procesos. “Desconocemos al amparo de qué criterios se fijan estos 10 años. Entendemos que puede existir una discriminación con este nuevo criterio. Vamos a ser cautos. Pedimos que exista seguridad jurídica para que los tribunales no tumben estos procesos selectivos”, ha afirmado.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha comentado que la situación que está provocando la quinta ola en España "no ayuda a la reincorporación" y se están produciendo numerosas cancelaciones, sobre todo internacionales. Sobre los cambios en el Gobierno, ha indicado que "continúa lo que a él le afecta".

"No hay argumentos para que no haya subida del SMI, creo que lo habrá este año", ha sostenido Álvarez en 24 horas de RNE,  que ha señalado que la vicepresidenta Calviño habla de que no se puede hacer porque hay que incorporar a las personas que están en ERTE a trabajar y ha mantenido que "una cosa no se interpone a la otra": "Es una malísima excusa". "El Gobierno debe llamarnos y si no pediremos reunión para explicar al presidente del Gobierno que no hay razón para no subirlo, todos los países europeos que tienen salario mínimo lo han subido este año, si no nos hacen caso, endureceremos nuestra posición”. "Tenemos que darle tiempo a la patronal, siempre hemos llegado a acuerdos", ha sostenido y ha añadido que las relaciones con el Gobierno "no pasan por un buen momento” por la "falta de sensibilidad y la prepotencia" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclama al Gobierno la prometida subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o amenaza con romper el diálogo social. A su juicio, hay que avanzar en la recuperación del poder adquisitivo y cumplir los compromisos, no se puede dar por garantizada la concertación social.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dice que con el avance de la vacunación hay que ir cambiando el paso del diálogo social, centrado en el último año en hacer frente a la pandemia, y recuperar “una agenda social para la recuperación económica”. CCOO y UGT han convocado hoy movilizaciones para exigir la subida del SMI. “Debemos mejorar las condiciones de vida de la mayoría social. En 2021 en España van a subir los precios un 2.5 y el PIB casi un 6. No es de recibo que se congele el salario de quienes menos ganan”. El SMI es el primer capítulo y la reforma laboral será el segundo. En este aspecto, Sordo ve difícil el acuerdo con la patronal: “En los últimos meses la CEOE ha tenido una regresión. Entiendo que no comparta, pero debe plantear propuestas alternativas, no presentar una especie de enmienda. No daremos a nadie derecho de veto”, ha concluido.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha referido este martes a las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre los ‘baby boomers’ y ha destacado que su organización “no va a acordar ninguna medida especial”, pues el problema de la Seguridad Social es “de ingresos, no de gasto” y, por tanto, van a trabajar para que suban las pensiones y para que los jóvenes la cobren “y sean dignas”.

Después de que Escrivá afirmase que los trabajadores nacidos entre los años 50 y mitad de los 70 iban a tener que elegir entre trabajar más o cobrar menos prestación en su jubilación y posteriormente asegurase que "no se expresó bien",  Álvarez ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE que “hay que celebrar el acuerdo”, que es “trascendente”, ya que “deroga la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy”.

Respecto al acuerdo de los interinos, el representante sindical ha destacado que “es un acuerdo altamente positivo” que por un lado defiende “el derecho de los trabajadores interinos, que llevan hasta 30 años en la Administración, con el otro derecho de los ciudadanos de igualdad de oportunidades”. “Creo sinceramente que se ha llegado a un punto de equilibrio muy importante”, ha añadido.

Además, Álvarez ha reclamado al Gobierno que suba el salario mínimo este año, ya que es “una cuestión de justicia porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal”. A su juicio, “las excusas no sirven” y ha recalcado que van a acudir a las manifestaciones porque la subida no va hoy al Consejo de Ministros y tampoco tienen noticias de que irá la próxima semana.

Gobierno y sindicatos han firmado este lunes por la tarde un acuerdo que para estabilizar el empleo en la Administración. Unas 300.000 plazas de interinos se ocuparán por personal fijo antes de 2025. Según el Gobierno han encontrado una solución "práctica, justa y que cumpla con la legalidad". A partir de ahora un contrato temporal en la Administración Pública no podrá superar los 3 años. Por eso los que ahora lleven, por ejemplo, 15 o 20 años pasarán a ser indefinidos no fijos.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado que con el acuerdo para regularizar a los interinos pretenden "atajar drásticamente la temporalidad que afecta desde hace ya demasiado tiempo a muchos empleados públicos". "Lo hacemos por razones de justicia con tantos empleados y empleadas que han sufrido una situación incierta de temporalidad", ha añadido, asegurando creer en la función pública.

"Buscamos unasolución práctica, justa y que cumpla con la legalidad para los cientos de miles de personas que ocupan puestos de carácter estructural, pero que han llegado encadenando contratos temporales", ha expresado el ministro, recordando que en el acuerdo se ha pactado que en los concursos públicos la experiencia de estos interinos contará un 40% y recibirán una compensación económica en caso de no superar el proceso "por el daño que han sufrido por el hecho de encadenar interinidades".

Foto: EFE/ Fernando Villar

Cataluña ha sancionado con más de 300.000 euros a una empresa de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, por graves infracciones en materia de seguridad laboral. Hace dos meses murió en esa fábrica un joven de 19 años. TVE ha tenido acceso a algunas imágenes que muestran el interior de esta industria.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, defiende la necesidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional. Asegura que presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo va a pensar: “La misma valentía que tuvimos con los indultos debemos tenerla con quien lo pasa mal. En el 2023 nos juzgarán por la gente que está sufriendo. Están perdiendo poder adquisitivo”. Añade que el debate en torno a este asunto no se debe vincular al crecimiento del empleo. “Se ha demostrado justo lo contrario. Tenemos una política de rentas inadecuadas”. Sobre los datos de paro, anuncia que siguen dando signo de recuperación pero que son preocupantes en términos estructurales. Sobre los ERTE, está convencida de que a finales de septiembre volverá a ser necesario renovar el acuerdo y ante las críticas que ha recibido de la patronal por su propuesta de reforma laboral dice que está en línea con lo que han defendido personalidades como el papa Francisco o el presidente Biden. Ante el debate abierto en torno a las pensiones tras las declaraciones del ministro Escrivá sobre los ‘baby boomers’ dice que es él quien debe dar explicaciones y añade que el problema de nuestro sistema no es de gasto, sino de ingresos. Confía en que la negociación de los Presupuestos sea fructífera y mira también con esperanza el resultado de la Mesa de Diálogo con Cataluña: “Lo fundamental es generar canales de confianza. No puede haber diálogo si no hay confianza. Debemos reconocernos como interlocutores válidos. Llevamos muchos años fracturados y necesitamos a Cataluña dentro”. En esa Mesa dice que hay que hablar de política y no de nombres propios, en referencia a Carles Puigdemont. La entrevista en RNE ha concluido con una defensa al silencio que ha decidido guardar tras su marcha Pablo Iglesias y con la confirmación de que, en lo inmediato, no tiene previsto decidir si será o no la candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno.

El Gobierno y los agentes sociales han firmado este jueves el acuerdo para reformar el sistema de pensiones que entrará en vigor a partir del próximo año 2022, que según han coincidido en señalar los interlocutores sociales tras su firma en el Palacio de la Moncloa, supone garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, si bien advierten de que la negociación será muy complicada. También es fundamental, dicen, recuperar las reformas consensuadas, una senda rota por la reforma de pensiones de 2013, cuyos puntos más conflictivos deroga este acuerdo. Foto: EFE/BALLESTEROS