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Los farmacéuticos de Cataluña han acordado mantener la convocatoria de huelga para mañana por los cerca de 190 millones de euros que les adeuda la Generalitat por los impagos de las recetas correspondientes a los meses de julio y agosto. En rueda de prensa, el presidente del Consejo del Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, ha anunciado que la convocatoria de huelga se mantiene para mañana al contar con el apoyo de cerca del 80 % de los colegiados. De Dalmases ha explicado que la protesta seguirá convocada porque las farmacias no han recibido, a día de hoy, la transferencia correspondiente a la cantidad adeudada, pese a que el Gobierno central ha adelantado 90 millones de euros a la Generalitat procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que pague los atrasos.

Varias decenas de sanitarios han protagonizado este miércoles un peculiar "flashmob" -coreografía grupal que se baila en un lugar público- a las puertas de un centro de salud del barrio del Zaidín, en Granada, donde han cantado y bailado a ritmo de los Village People para decir "basta" a los recortes públicos. La iniciativa, organizada por los trabajadores de "Zaidín Sur" y a la que se ha sumado personal de otros centros sanitarios y hospitales, ha sorprendido a los viandantes de la calle Poeta Gracián, que durante varios minutos ha sido cortada al tráfico. Los participantes, enfermeros, auxiliares, administrativos, pediatras, fisioterapeutas, dentistas, técnicos y médicos de familia, han bailado al ritmo del conocido tema Y.M.C.A., cuya letra ha sido especialmente adaptada para la ocasión. "Basta, no nos van a callar jamás; basta, una crisis mundial que no es nuestra; es el fuerte poder del dinero contra el hombre. Basta, ahorros en sanidad jamás; basta, sanidad universal para todos, mejorando salud, menor coste sanitario", reza la letra que han coreado los sanitarios, muchos ataviados con batas blancas. Una portavoz de los convocantes, Francisca Caballero, ha explicado a los periodistas que esta "canción protesta" no tiene color político e intenta trasmitir el desánimo existente en la sociedad ante la actual situación económica.

Según estos colectivos, entre 600.000 y 700.000 personas se quedarían sin tarjeta sanitaria a partir de mañana. El ministerio dice que serán 400.000. La asociaciones de inmigrantes califican la ley de injusta e immoral y dicen que vulnera derechos fundamentales. Aseguran, además, que, lejos de reducir gastos, los aumentará, porque la mayoría acudirá a urgencias y terminarán saturándose. También prevén que muchos terminarán marchándose.