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Se permite también un aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio para pymes y autónomos; además, hay una moratoria para los días de marzo que se haya trabajado. Se dispondrá de diez días naturales para pedir la aplicación de las medidas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, explica que "los autónomos es un colectivo particularmente atendido por el Gobierno con todas las acciones que ha ido desarrollando el Gobierno en las últimas semanas".

Asimismo, el decreto también contempla que los autónomos y afectados por ERTES podrán rescatar sin costes sus planes de pensiones y dejar en suspenso las facturas de suministros como agua y gas para cuando acabe el estado de alarma y, además, los trabajadores eventuales sin tiempo suficiente cotizado dispondrán de un subsidio de 450 euros.

Cáritas refuerza en esta crisis sanitaria a aquellos colectivos que ya antes lo estaban pasando mal. En Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas España ha explicado la difícil situación de las empleadas de hogar que no pueden mantener su actividad y que carecen de prestación por desempleo. También la organización ha reforzado sus programas para los más desprotegidos como las personas mayores a quienes facilitan alimentos. Han puesto en marcha la campaña 'Cada gesto cuenta' para donar dinero para atender a quienes lo necesiten.

El Gobierno anuncia una prestación para que los padres puedan cuidar de sus hijos mientras dure el cierre de los colegios y siempre que no sea posible adaptarse a las opciones de teletrabajo. Se trata de una prestacióin nueva. Ha sido el responsable de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha hecho el anuncio en declaraciones a Onda Cero.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado la apuesta del gobierno por endurecer las prejubilaciones anticipadas como medida para solventar el problema del sistema de pensiones, cuyo objetivo es retrasar la edad efectiva de jubilación a la legal para que haya margen, por un lado, para incentivar que los trabajadores alarguen su vida laboral y, por otro, para endurecer las condiciones de los que se quieran jubilar de forma anticipada. Además, el ministro ha anunciado que también barajan impulsar fiscalmente los planes de pensiones de empresa frente a los particulares.

 

Las personas contagiadas por coronavirus están cubiertas por la baja laboral, pero la situación no es tan clara para los que deben realizar cuarentena. Salud Laboral de Comisiones Obreras recuerda que, cuando hubo gripe A, "la Seguridad Social estableció una resolución que daba cobertura como una contingencia de carácter común"

a los trabajadores que no estaban contagiados. Pero las casuísticas, afirman algunos expertos, pueden ser muy distintas. Y por eso, dicen, siempre habrá un margen de negociación con la empresa.

Gobierno central y vasco han sellado el calendario de traspasos de nuevas competencias para esta comunidad. Y por primera vez, los dos ponen fecha a una reivindicación histórica avalada por cierto por los tribunales pero en la que hasta ahora ningún Ejecutivo había entrado. Hablamos de la gestión de la Seguridad Social.

El gobierno cede una de las principales reivindicaciones vascas: la gestión de la Seguridad Social pero estudiará cómo traspasar la competencia a partir de junio de 2021. Las pensiones estarán garantizadas y pagadas por el Gobierno central, pero la gestión de los fondos, los medios materiales y edificios, la sanciones, las afiliaciones, altas y bajas de los trabajadores y el control de las cotizaciones dependerán del Gobierno vasco. Sin embargo, no podrá subir las pensiones por su cuenta. La caja única está blindada constitucionalmente. El Estado gasta en Euskadi unos 9.000 millones de euros al año en pensiones. El pasado mes de noviembre, una sentencia del Cosntitucional reconoció al País Vasco el derecho a gestionar estos fondos de la Seguridad Social, una competencia reconocida por el Estatuto de Gernika desde 1979.

El Tribunal Supremo equipara el servicio social femenino con la mili de los hombres a efectos de computación para la jubilación, porque no hacerlo sería "discriminación por razón de sexo". La sala aplica la perspectiva de género en la aplicación de la norma porque si no sería una "violación del principio de igualdad".

El caso concreto que analiza el Supremo es el de una mujer a quien la Seguridad Social había negado la jubilación anticipada por faltarle siete días para cumplir el mínimo de cotización exigido por ley, porque durante el servicio social obligatorio que la mujer prestó durante a dictadura no cotizó. El Supremo explica que durante el servicio militar de los hombres, estos tampoco lo hacían y aun así la Seguridad Social les reconoce este periodo. Informa Araceli Sánchez.