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Cientos de coches han marchado por numerosas ciudades españolas en una protesta convocada por la plataforma Más Plurales contra el apartado referido a la educación concertada en la LOMLOE. La más multitudinaria ha sido la de Madrid, a la que han acudido los líderes del PP nacional y regional. También ha habido manifestaciones motorizadas en Sevilla Zaragoza. Denuncian que esta ley rompe equilibrios existentes hasta ahora y aseguran que hace peligrar puestos de trabajo.

Previsiblemente, la llamada ley Celaá será la octava ley educativa que tengamos en democracia, pero ¿cuáles son los puntos que han generado más polémica? La enseñanza concertada es uno de ellos. Se garantizará el derecho y la libertad de elección del centro, aunque de no haber plazas suficientes, se priorizará al alumno que tenga hermanos matriculados en la misma escuela así como la cercanía y la renta familiar. Según el texto, también se ofertarán más plazas en la pública. ¿Qué ocurrirá con la educación especial? Los centros, dice la ley, seguirán recibiendo el apoyo de las Administraciones públicas pero se exigirá, además, que los colegios ordinarios cuenten en los próximos diez años con recursos para poder atender al alumnado con discapacidad. De salir adelante la ley, el castellano dejará de ser vehicular aunque se garantizará el derecho a recibir enseñanza en este idioma. La nota de religión no contará en el expediente pero su oferta seguirá siendo obligatoria. En cuanto a los supensos, se podrá pasar de curso con uno hasta bachillerato, los alumnos no repetirán si han cumplido los objetivos y tienen solo una o dos materias penidentes. Ya en bachillerato, se podrá aprobar el titulo con una asigntaura suspensa.

Partidarios de la educación concertada han salido este domingo a la calle para protestar contra la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá', la octava norma educativa de España y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves en medio de una gran polémica. Convocados en una treintena de provincias por la Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, los ciudadanos han salido a la calle en sus vehículos para protestar contra la norma.

El líder popular, Pablo Casado, ha acudido a la manifestación en Madrid contra la nueva Ley de Educación. En su intervención a los medios, ha asegurado que irán al Tribunal Constitucional, ha insistido en que en las CC.AA en las que gobierna su partido, no aplicarán esta nueva norma y ha cargado duramente contra ella: "Durará lo que tardemos en llegar al Gobierno", ha dicho el presidente del PP.

Otro punto polémico de la Ley Celáa prioriza la adaptación de los centros ordinarios para favorecer la integración de esta parte del alumnado. Dentro de la comunidad educativa hay opiniones a favor y en contra. Desde la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También afirman que hay que mirar por elbienestar y la educación del alumnado, y por tanto estos son la mejor opción. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad apoya la decisión pero señala que la propia ley se queda corta. Se necesita aumentar la inversión educativa para que los colegios tengan recursos para poder conseguir la inclusión real. En España el 0,4% del alumnado tiene necesidades especiales y 8 de cada 10 de ellos estudia en centros ordinarios. Informa Ainhoa Caballero.

La ley Celaá de Educación ha salido adelante es jueves, muy alejada del consenso. El Gobierno ha logrado la mayoría absoluta por la mínima, tras un debate en el que ha quedado claro lo alejadas que estaban las posturas entre izquierda y derecha.

La división ideológica se podría resumir en estos dos símbolos: la ovación de socialistas y Unidas Podemos, frente a los gritos de "libertad" por parte de diputados de PP, Vox y Ciudadanos. Estos tres han votado en contra al entender que se ataca a la escuela concertada y se limita la libertad de elección de centro educativo. 

Además, coinciden en que haber suprimido el castellano como lengua vehicular es una concesión a los independentistas. Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha lamentado la falta de consenso y considera que su proyecto es más equitativo y garantiza el uso del castellano en las escuelas.

La Cámara Baja ha aprobado este jueves la reforma de la ley de Educación promovida por la titular de Educación Isabel Celaá por una mayoría de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones; los votos de los socios de la investidura han sido claves: Esquerra, PNV, Más País y Compromís han votado a favor. La ley pasa ahora al Senado y el Ejecutivo espera su aprobación para el primer trimestre del año 2021.

El debate sobre el dictamen a la Lomloe o 'ley Celaá' ha acabado este jueves en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma. Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.