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Amnistía Internacional denuncia que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha cometido graves delitos contra los derechos humanos y ha sembrado una oleada de represión policial como respuesta a las manifestaciones civiles. Desde que comenzaron las protestas, hace seis meses, han muerto 322 personas, hay miles de heridos y unos 20.000 nicaraguenses han huído del país. El informe "Sembrando el terror" recoge también casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Aministía Internacional denuncia además el uso de armamento militar contra la población y la coordinación de la policía con grupos parapoliciales.

Amnistía Internacional ha presentado en Madrid un informe sobre la situación en Nicaragua en el que se denuncia la situación de los derechos humanos en el país y la persecución que están sufriendo los que protestan en la calle. El informe se titula "Sembrando el terror" y según Amnistía Internacional se han producido graves delitos del gobierno nicaragüense sobre los ciudadanos, con una fuerte oleada de represión policial contra los manifestantes políticos. Según este informe, el Ejecutivo de Daniel Ortega ha llamado "terrorista" a todo manifestante opositor, ha matado, torturado y posiblemente cometido ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía.

Vilma Núñez, abogada y activista por los derechos humanos en Nicaragua, afirma en una entrevista en el canal 24 horas que la represión policial en Nicaragua se debe a que "Ortega quiere perpetuarse en el poder al coste que sea" y rechaza cualquier forma de solución que se le han presentado, incluyendo la desactivación de las vías de diálogo que él mismo abrió.

Núñez alerta del peligro de una "crisis humanitaria" por la salida masiva de nicaragüenses del país en busca de refugio, así como una "confrontación militar". "Ortega quiere llevar la lucha cívica a una guerra civil porque es el terreno en el que él se sabe manejar".

La principal demanda ahora de los manifestantes nicaragüenses es que pare la represión policial y desarme a los grupos paramilitares "que circulan impunemente por las calles sembrando el terror, encapuchados y apresando a jóvenes, hostigando a sus familiares en sus hogares sin respetar la edad –muchos ancianos han sido encarcelados-", explica Núñez, así como la "represión selectiva” en contra de periodistas y activistas.

El Fondo Monetario Internacional ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para España este año y la sitúa en el 2,7%. Para 2019 la mantiene en el 2,2%. Está en línea con la previsión de desaceleración en la zona euro, que calcula crecerá dos décimas menos, un 2% este año. La economía mundial se resiente según el Fondo Monetario y también rebaja en dós décimas sus previsiones hasta el 3,7%. Ente los motivos señala la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la la ralentización en los países emergentes.

La Fiscalía venezolana ha anunciado este lunes la muerte del concejal opositor Fernando Albán Salazar, quien según su versión se habría suicididado al saltar desde un décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a los tribunales para ser interrogado. Sin embargo, el partido del opositor, Primero Justicia (PJ), ha denunciado que ha sido "asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro".

Albán fue detenido el pasado viernes a su regreso de la ONU en el Aeropuerto de Caracas acusado de participar en el atentado contra el presidente Maduro en agosto y, según el PJ, fue "secuestrado". En cambio, el fiscal general Tarek Saab apunta a que el detenido solicitó ir al baño "y estando allí se lanzó al vacío", por lo que ha anunciado una investigación con el Ministerio Público y el Parlamento para esclarecer las causas. Sin embargo, su versión difiere de la del ministro del Interior, Nestor Reverol, que dice que "se lanzó desde la ventana de la sala de espera", no del servicio.

Ante la polémica, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha exigido "responsabilidades directas a un régimen que tortura y asesina" y ha aseverado que "esta dictadura criminal debe irse de Venezuela". El PJ ha denunciado horas después la ocultación de pruebas.