¿Quién es Roman Protasevich, el periodista detenido por Bielorrusia?
La avalancha de más de ocho mil personas, muchos menores, que entró a nado y barca en Ceuta desató una crisis sin precedentes en la ciudad autónoma. La oposición exigía contundencia en el Congreso.
El Gobierno de Bielorrusia defiende que cumplió las normas internacionales cuando este domingo obligó a aterrizar en Minsk a un avión de Ryanair que volaba de Grecia a Lituania y detuvo a uno de sus pasajeros, Roman Protasevich, un periodista crítico con el régimen del presidente Alexandr Lukashenko.
El avión de Ryanair volaba de Atenas a Vilna y las autoridades bielorrusas le hicieron aterrizar alegando una supuesta amenaza de bomba. La aeronave comercial fue escoltada por un caza y tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Minsk, donde descendieron varias personas, entre ellas Protasevich, que fue arrestado. El grupo de artificieros que inspeccionó el avión y el equipaje no halló ninguna bomba y las autoridades bielorrusas han abierto una investigación por denuncia falsa.
Rusia ha apoyado a su más fiel aliado mientras la Unión Europea (UE) estudiará este lunes posibles sanciones por lo que considera un acto intolerable.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que “tiene que haber una corresponsabilidad” de las comunidades autónomas en materia de infancia para “acoger de forma urgente” a menores migrantes que están solos en Ceuta “y que haya mejores condiciones de acogida a los que acaban de llegar”.
“Trabajamos para que las CCAA. puedan corresponsabilizarse y solidarizarse de lo que está pasando en Ceuta y acoger a niños que estaban solos”, ha defendido la ministra, que también se postula a ser la futura secretaria general de Unidas Podemos, en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE.
Belarra ha avanzado que ese será un contenido principal del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
Ante la crisis migratoria en Ceuta, la fundadora de Caminando Fronteras asegura que las relaciones en las fronteras son perversas y se utiliza a los seres humanos por intereses políticos.
Niurka Gibaja, coordinadora del año temático de FELGTB "Feminismo, Igualdad y Derechos Humanos", ha dicho en Las mañanas de RNE que lamentablemente en el siglo XXI sigue habiendo discriminación. "Seguimos denunciando la violencia que sufrimos por nuestra orientación sexual. En el mundo hay 69 países que criminalizan la homosexualidad. Tenemos el caso cercano de Polonia."
Pero no hay que ir muy lejos, también en nuestro país hay discriminación. "En España muchas personas LGTBI+ no tienen todos los derechos. Los discursos de odio están en aumento", ha dicho. Muchas de las agresiones no se denuncian por miedo. "Tendríamos que creer que la ley castigue los delitos de odio. Muchas denuncias no llegan a término y muchos no denuncian por miedo. Hay muchos casos que al denunciar, los testigos parecían a favor del agresor. Se da en todos los ámbitos. Es importante la aprobación de una ley no solo para el colectivo trans, sino para el LGTBI+", ha explicado.
También preocupa la situación en los colegios. "La situación de bullying es alarmante en los centros educativos. En muchos de nuestros programas o contenidos educativos no está contemplado el tema de la diversidad", añade. Esta semana se debate en el Congreso una proposición de ley trans. "Todo lo que sea en bien del colectivo trans y de los derechos humanos estaremos de acuerdo. Ojalá que no se bloquee. Queremos el desbloqueo para que esta ley trans que se ha propuesto en el Ministerio de Igualdad, que llegue a su fin, de reconocimiento de los derechos", reclama.
En la Comunidad Valenciana, 8.500 hombres pagan cada día 762.000 euros por sexo. Una campaña institucional creada por Mabel Lozano pone de manifiesto que se trata de explotación de los cuerpos de las mujeres, una violación de los derechos humanos
Este sábado es el Dia Mundial del Comercio Justo. La pandemia ha impactado con dureza, tanto en supermercados, como en las comunidades que producen con respeto al medio ambiente y los Derechos Humanos. El parón ha impactado de lleno en sus tiendas o directamente en sus productores. Más de 200 organizaciones piden una recuperación económica basada en los Derechos Humanos y la protección del planeta. Informa Minerva Oso.
Al menos 25 personas han muerto, entre ellas un policía, y otras 5 han resultado heridas, dos de ellas cuando viajaban en el metro, durante una operación policial este jueves contra una banda de narcotraficantes en una favela de Río de Janeiro.
La intensa confrontación armada se vivió desde tempranas horas en la zona norte de la ciudad, en la favela de Jacarezinho, una de las comunidades más deprimidas y violentas de la urbe, cuando cerca de 200 agentes policiales fueron enviados a la barriada para reprimir a una banda de narcotraficantes.
Sin embargo, los vecinos protestan y aseguran que algunos de los muertos no iban armados. La Policía, además, tiene prohibido realizar este tipo de operaciones durante la pandemia.
La favela de Jacarezinho es una de las bases del 'Comando Vermelho' ('Comando Rojo), la mayor banda de narcotráfico en Río.
Foto: EFE/ André Coelho
Frontera de Estados Unidos con México: Bryan Chávez, 18 años, espera a su madre con un puñado de globos. Por aquí cruzaron juntos, sin papeles, en 2017. Él tenía 15 años, lo llevaron a un albergue, pero a ella la deportaron. Fue una de las 5.500 familias que separó la administración Trump. Y han pasado casi cuatro años sin verse.
Cuatro familias se reúnen esta semana. Las primeras desde que Biden prometió reunirlas. Calculan que más de 1.000 siguen separadas.
En 2017 los narcos mataron al padre y al amigo de Bryan, y a él querían reclutarlo, por eso su madre decidió cruzar la frontera. Hoy se siente feliz, ha acabado el instituto y trabaja para ayudar a otros niños migrantes.
Varias organizaciones llevan años buscando y ayudando a las familias separadas, y piden al Gobierno de EE.UU. que esto sea solo el primer paso. Las ONG piden a la Casa Blanca que conceda residencia permanente, no solo un permiso temporal, a los padres.
Foto: protesta para pedir la legalización de inmigrantes en Los Ángeles, California. Frederic J. BROWN / AFP
