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Carmen Valeria Escobar es una joven periodista de El Salvador, informa en Gato Encerrado. Carmen Valeria Escobar se ha especializado en verificación y detección de noticias falsas. Sus informaciones se han publicado en El Faro y Revista Factum y fuera de El Salvador en Cosecha Roja de Argentina; Pikara Magazine y Eldiario.es en España.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha lanzado una nueva campaña de acoso y persecución contra medios de comunicación y opositores. Tras más de 14 años en el poder, el líder sandinista aspira a un nuevo mandato en las elecciones de noviembre.

Foto: La aspirante a la Presidencia de Nicaragua y periodista Cristiana Chamorro Barrios durante su salida de las instalaciones del Ministerio Público en Managua (EFE/Jorge Torres)

El exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y otros tres empresarios han ingresado en prisión incondicional por el Caso AZUD, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas. Los otros 8 detenidos fueron puestos anoche en libertad con cargos. Informa Sergi Salom.

El subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, y el exvicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, han sido detenidos este jueves por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la operación Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones a contratistas en el Ayuntamiento de Valencia, según han confirmado a RNE fuentes de la investigación. Ahora mismo ,los detenidos por se encuentran con los agentes en los registros.

Rubio ha sido arrestado en su domicilio y está acusado de participar en la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de mordidas. Junto a Rubio, la UCO ha arrestado a Alfonso Grau, quien fuera mano derecha de la exalcaldesa de València Rita Barberá.

La causa, que arrancó hace más de tres años, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

El juicio por la llamada ‘caja B’ del PP ha llegado a su fin y queda visto para sentencia. Han sido más de tres meses de intensas sesiones en la Audiencia Nacional por las que ha pasado como imputado extesorero del partido Luis Bárcenas y como testigos quienes fueran los máximos dirigentes del Partido Popular, entre ellos dos expresidentes: Mariano Rajoy y José María Aznar.

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha solicitado participar en un programa voluntario de reinserción para reclusos en la prisión madrileña de Soto del Real en la que cumple su condena por blanqueo, delitos fiscales y falsedad documental en el marco de la trama Gürtel. Al término de los talleres, tendrá que verse cara a cara con una víctima directa o simbólica y pedirle perdón. Un encuentro que podrá incluso, si él así lo quisiera, tener lugar fuera de la cárcel. El programa consta de 10 sesiones grupales de 4 horas, voluntarias, y que no suponen a priori ningún beneficio penitenciario, pero que ayudan a ello. Con este programa de reinserción, Bárcenas sigue los pasos del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, condenado por las tarjetas 'black', y al que precisamente ayudaron a conseguir la libertad condicional. Un taller similar también al que siguieron los presos de ETA arrepentidos y acogidos a la Vía Nanclares. Pero distinto al programa al que está inscrito Iñaki Urdangarín, en su caso es más largo y específico para condenados por corrupción y que no imparten aún en la cárcel de Soto del Real.

La Comisión Electoral británica investiga cómo se pagó la reforma de la vivienda del primer ministro, Boris Johnson, en Downing Street. Hay sospechas de posibles irregularidades, como si recibió donaciones privadas o un préstamo del Partido Conservador. El primer ministro ya ha dado explicaciones en el Parlamento, alegando que él fue quien pagó toda la reforma, sin préstamos privados ni dinero público o del partido.

El ex presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos, serán procesados por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y falsedad documental. El juez José de la Mata les acusa de hechos relacionados con entramados familiares para enriquecerse, presuntamente, con comisiones ilegales.