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El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha viajado este lunes desde Bruselas a Copenhague, capital de Dinamarca, para participar en un debate, pese a que su abogado le ha advertido que el riesgo de detención es alto.

Puigdemont se ha presentado en torno a las 6.00 horas en el aeropuerto internacional de Bruselas-Charleroi y ha tomado un vuelo de la compañía Ryanair que le ha llevado a Dinamarca, donde tiene previsto participar en un debate sobre la relación entre Cataluña y España organizado por la Universidad de Copenhague. El expresidente ha viajado junto al empresario Josep María Matamala, que le acompaña durante su estancia en la capital belga.

Puigdemont tenía previsto volver a Bruselas en 48 horas.

La Fiscalía española afirmó este domingo que solicitará "inmediatamente" que se active la orden internacional de detención contra Puigdemont en el caso de que se desplace a ese país nórdico.

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, viaja este lunes desde Bruselas a Copenhague, capital de Dinamarca, para participar en un debate, pese a que su abogado le ha advertido que el riesgo de detención es alto.

Puigdemont se ha presentado en torno a las 6.00 horas en el aeropuerto internacional de Bruselas-Charleroi para tomar un vuelo de la compañía Ryanair hacia Dinamarca, donde pretende participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague. El expresidente ha subido al avión junto al empresario Josep María Matamala, que le acompaña durante su estancia en la capital belga.

Puigdemont tenía previsto volver a Bruselas en 48 horas.

La Fiscalía española afirmó este domingo que solicitará "inmediatamente" que se active la orden internacional de detención contra Puigdemont en el caso de que se desplace a ese país nórdico.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que los independentistas que se han manifestado en Bruselas en contra del Ejecutivo y de la Unión Europea han podido hacerlo por los derechos que les reporta tener un DNI español y formar parte de la UE.
Sáenz de Santamaría, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha subrayado que de quienes se han manifestado en la capital belga, algunos serán españoles y otros no. Y ha precisado que si los primeros han podido hacerlo es porque disponen de un DNI de España y de una Constitución que permite los derechos de manifestación y reunión. "Por tanto, están ejerciendo un derecho europeo derivado de que España forma parte de la Unión Europea", ha añadido.

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La petición de información de la fiscalía belga sobre las cárceles españolas ha causado cierto estupor porque la situación de las de Bélgica suscita muchas críticas. Ignasi Guardans, exmilitante de Convergencia, ha recordado que el Observatorio Internacional de Prisiones denunció a principios de año su insalubridad. Los mayores reproches se produjeron a raíz de las huelgas de los funcionarios de prisiones del año pasado, que en algunos centros duraron más de dos meses. Según el El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, los reclusos estuvieron sometidos a condiciones inhumanas y degradantes. El propio Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que también depende del Consejo de Europa, ha dictado varias sentencias condenando a Bélgica por vulnerar los derechos de los presos, e incluso el Comité contra la Tortura de la ONU le ha dado toques de atención por el hacinamiento y las condiciones de higiene de las cárceles.

La Fiscalía de Bélgica ha pedido que se ejecuten las órdenes europeas de detención y entrega a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas durante la vista celebrada este viernes ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que debe tomar la decisión, según han explicado a los medios dos de sus abogados, Paul Bekaert y Christophe Marchand. Portavoces del Ministerio Público no han querido confirmar este extremo en una rueda de prensa posterior y se han limitado a informar de que el juez belga que examina el caso ha citado nuevamente a los investigados el 4 de diciembre para que hagan sus alegaciones.