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Este lunes ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio contra Inocente Montano, excoronel y exviceministro de Seguridad salvadoreño, y René Mendoza, uno de los miembros del batallón acusado de ejecutar a cinco sacerdotes jesuítas españoles en 1989 en El Salvador. La Audiencia Nacional española procesó a más de 20 militares relacionados con estos hechos, pero sólo se ha podido extraditar a Mendoza y Montano, que se enfrenta a una condena de hasta 150 años de cárcel.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional rebaja su acusación contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de un delito inicial de rebelión a uno de sedición por el que pide una condena de 10 años de prisión, en lugar de 11 años, como solicitaba inicialmente. Incluso, plantea como alternativa una condena por desobediencia, delito que conlleva penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado de rebelión a sedición la acusación contra el Mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluis Trapero, por su actuación durante las semanas previas y posteriores al 1 de octubre de 2017. También rebaja la gravedad del delito para el exdirector general del cuerpo, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior del Govern, Cesa Puig. Aunque la Fiscalía sólo reduce de 11 a 10 años de prisión la petición de condena para los acusados, plantea la posibilidad de que sean condenados por un delito de desobediencia lo que implicaría que no se enfrentarían a penas de cárcel, sino a 10 meses de multa. Informa Teresa Coto.

Uno de ellos es uno de los miembros del DAESH más buscados en Europa. La jueza de la Audienza Nacional les atribuye un delito de integración en organización terrorista. La Policía Nacional desplegó la operación el pasado lunes, después de que los servicios secretos ingleses reclamaran la detención de uno de ellos, de nacionalidad británica y egipcia, que había viajado a Siria para unirse al grupo terrorista DAESH. Considerado "extremadamente violento" y "altamente peligroso", se ocultaba en un piso de la capital almeriense junto a los otros dos arrestados que le habrían acompañado en su viaje desde Siria. Informa Teresa Coto

El expresidente del BBVA, Francisco González, recibía periódicamente resúmenes de los trabajos que el excomisario Villarejo realizaba para el banco, pero daba órdenes a su equipo para que su nombre nunca apareciera por escrito en un papel. Es lo que revelan algunas conversaciones incluidas en el sumario del caso al que ha tenido acceso RTVE. FG, como se referían a él en las charlas, no figuraba en los documentos, pero sí tomaba decisiones según su exjefe de seguridad. Vetó, por ejemplo, que los trabajos de espionaje se pagaran con dinero negro.