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Ya está en la cárcel madrileña de Soto del Real Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha de 1977. Dos años después reconocía haber participado en aquellos asesinatos.

García Juliá tendrá el mismo número de expediente penitenciario que cuando empezó a cumplir condena. Eso ocurrió hace 40 años, cuando fue condenado a 193 años de cárcel por cinco asesinatos consumados. Cumplió sólo 14 años porque en 1991 se le concedió la libertad condicional y después un permiso para ir a trabajar a Paraguay. Supuso que cinco años después fue declarado prófugo porque había desaparecido. Más tarde en Bolivia fue detenido por tráfico de drogas. Cuando España intentó extraditarle ya había vuelto a desaparecer y esta vez la huída duró 20 años.

En 2018 Interpol le localizó en Brasil bajo una identidad falsa. Trabajaba como conductor de VTC. Desde entonces hasta ahora la justicia española ha sorteado múltiples recursos con argumentos como que el delito había prescrito, o que se le reconociera la pena cumplida en Bolivia.

Ahora la Audiencia tiene que dar visto bueno a la condena pendiente. García Juliá tendrá que someterse de nuevo a juicio por quebrantamiento de condena.

El hijo primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, ha negado el cobro de comisiones por la venta de la sociedad Grand Tibidabo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, según ha podido saber TVE. En su declaración como investigado por un nuevo posible delito de blanqueo en relación con esa sociedad, ha aportado documentación para tratar de demostrar que el dinero hallado en cuentas de Andorra no corresponde a un nuevo ingreso sino que ya lo tenía.

Continúa la presencial policial en el barrio de pescaderia de Almería. Esta noche han atacado la vivienda donde murió esta semana una persona en un tiroteo que se saldó con tres detenidos.

El juicio por el asesinato de Gabriel Cruz no se repetirá. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la pena de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel en Níjar.

La Audiencia nacional ha admitido a trámite los recursos planteados por la Junta de Andalucía contra las restricciones del trasvase Tajo-Segura que eliminaron las aportaciones de agua para la agricultura de Almería en noviembre y diciembre.

Hablamos con Luis Miguel Fernández, Gerente de Coexpal, sobre como se está dearrollando la Fruitlogística de Berlín.

Y en deportes, el Almería recibe esta noche al Racing de Santander y en Volley, el Unicaja defiende el título de la copa del rey que se disputa este fin de semana.

En los audios de la declaración del excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional sobre sus presuntos servicios ilícitos de investigación para el BBVA por los que habría recibido más de un millón de euros, según el juez. El policía jubilado dice que para el encargo contó con el apoyo y la ayuda del CNI y que interceptar llamadas fue su única labor de espionaje. "Lo único que recuerdo es que no eran buenos pagadores", afirmó.

El excomisario José Manuel Villarejo explicó ante el juez de la Audiencia Nacional que el BBVA contrató los servicios de su empresa de detectives porque querían saber qué había detrás de la filtración de una posible OPA de la constructora Sacyr sobre el banco y si el Gobierno estaba realmente detrás de la operación. El presidente de la entidad, Francisco González, reconoció ante el mismo tribunal que a él le interesaba conocer "qué personas y qué acciones controlaban".

El excomisario José Manuel Villarejo explicó al juez de la Audiencia Nacional que para el encargo del BBVA contó con el apoyo y la ayuda del CNI. También dijo que interceptar llamadas fue su única labor de espionaje. Villarejo aseguró que el BBVA contrató sus servicios para averiguar quién estaba detrás de la operación de Sacyr para hacerse con el control del banco y afirmó que nunca se reunió con el entonces presidente de la entidad, Francisco González, ni con nadie, salvo con el director de Seguridad, Julio Corrochano, que fue quien contactó con él.

El expresidente de BBVA, Francisco González, explicó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el exvicepresidente y ministro de Economía socialista, Pedro Solbes, le informó de los planes de la constructora Sacyr para hacerse con el control de la entidad, un plan que -según su declaración a la que ha tenido acceso RTVE- tenía el apoyo del Gobierno.

El expresidente del BBVA, Francisco González, reconoció en su declaración en la Audiencia Nacional del pasado noviembre que el por entonces jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, le propuso contratar a una agencia de detectives para saber quién estaba detrás de los ataques al banco. No obstante, según los audios de la misma a los que ha tenido acceso RTVE, afirmó que él no sabía que se trataba de una empresa vinculada a Villarejo.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción considera que González hizo el encargo a Corrochano de contratar a Villarejo, algo que ha desmentido el expresidente del BBVA.

El expresidente del banco BBVA, Francisco González, reconoció en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que el que fuera jefe de Seguridad del banco aconsejó la contratación de una agencia de detectives para investigar las agresiones que estaba sufriendo la entidad. "El señor Corrochano sí dice que él, para obtener esa información, puede contratar a una compañía de detectives", asegura en uno de los audios a los que ha tenido acceso TVE. Además, señala que "no se comentó nada más", pero que "implícitamente sí se le dio permiso para que lo hiciera".

La Audiencia Nacional da su aval a la normativa que regula y pone limitaciones a las empresas de Vehíuculo con Conductor. Las administraciones públicas podrán seguir denegando la expedición de licencias VTCs, si se supera el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.  Los vehículos con conductor se tendrán que seguir contratando a través de sus correpondientes aplicaciones,  no podrán deambular por las calles en busca de clientes como hacen los taxis y se mantendán las exigencias técnicas que han tenido hasta ahora. Por ejemplo, que los vehículos no superen los 10 años de antiguedad. Informa Guillermo Hernández.

A los entes televisivos, entre los que están las principales cadenas españolas, el juez les atribuye un delito de corrupción en los negocios, cometido mediante organización criminal, por el que se habrían defraudado unos 20 millones de euros anuales entre 2006 y 2011 mediante el llamado "prodecimiento de la rueda", en connivencia con un grupo de socios de la Sociedad Española de Autores y Editores, la SGAE. Cuatro años después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional denunciara el supuesto fraude, el juez Ismael Moreno abre ahora una investigación, por ejemplo, a Radio Televisión Española, Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, Telemadrid o Euskal Irrati Telebista. Informa Teresa Coto.