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La Agencia Tributaria inspecciona discotecas de gran tamaño y establecimientos relacionados con el ocio nocturno en busca de irregularidades fiscales en este sector. La operación Chopin implica el registro de más de 87 locales de 110 sociedades propietarias de discotecas y pubs, que representan más del 20% de la facturación del sector en España. Los agentes de la Agencia Tributaria se han incautado de grandes cantidades de dinero y programas informáticos de doble contabilidad. La investigación comenzó a principios de año cuando Hacienda detectó que lo declarado no coincidía con la actividad real de estos locales.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos y disposiciones de la ley catalana con los que la Generalitat pretendía crear las denominadas estructuras de un supuesto Estado catalán. Ha sido en un fallo, aún no publicado, que los magistrados han adoptado por unanimidad, y que acepta el recurso del Gobierno contra este organismo, suspendido desde septiembre de forma cautelar. Ese recurso argumentaba que una autonomía no puede dotarse de estructuras que corresponden al Estado.

En 2011, Hacienda ya abrió una investigación a Google en España porque apenas tributaba y hasta declaraba pérdidas. La compañía finalmente acordó saldar su deuda pagando casi 2 millones de euros por sus declaraciones entre 2006 y 2008. Ahora, el Fisco ha registrado sus sedes en Madrid, tanto Campus Google como las oficinas en Torre Picasso, en busca de evidencias de una presunta evasión y fraude fiscal. Hacienda sospecha que la compañía ha vuelto a no declarar parte de su actividad en España. Google se ha defendido a través de un comunicado en el que ha dicho que está cooperando con las autoridades y que cumple con la legislación fiscal tanto en España como en otros países en los que opera.

Agentes de la Agencia Tributaria han registrado las dos sedes de Google en Madrid, Torre Picasso y el Campus que tiene la compañía en el centro de la ciudad, para investigar un posible caso de evasión fiscal. Al respecto, Google ha asegurado que cumple con la legislación fiscal en España, al igual que "en todos los países" en los que opera, y que está cooperando con las autoridades. No es la primera vez que la agencia tributaria pone el foco en la actividad fiscal de Google en España. En 2011, Hacienda investigó la filial de la multinacional estadounidense por no declarar correctamente sus impuestos entre 2006 y 2008 y Google pactó saldar la deuda con el pago de 1.900.000 euros.

Entre los nuevos morosos, el rostro más conocido es el de Dani Alves con 1.300.000 euros. El exjugador del Barça se estrena en la lista que encabezan la inmobiliaria Reyal Urbis, con casi 370 millones pendientes de pago; Nozar con 200 millones, Oceanus y Sacyr. Aunque esta última aclara que Hacienda se confundió con la tributación de la venta de una de sus filiales. A bastante más distancia, con 22 millones, figura la Comunidad de Murcia, que asegura que liquidó su deuda en enero, y la desaparecida Radio Televisión Valenciana.