La justicia estadounidense ha aprobado la bancarrota de Detroit, un fallo de repercusión nacional que pone fin a medio siglo de protección de las pensiones de los empleados públicos. La decisión judicial obligará a los sindicatos a renegociar con las autoridades municipales las pagas de jubilación prometidas a los funcionarios, incluidas las de quienes ya están retirados. La ciudad estadounidense, que fue símbolo de la industria automovilística, debe encarar un plan de reestructuración de su deuda por valor de unos 13.200 millones de euros.