Radar 3.0 en Radio 5   Pedro Sánchez y Robles, espiados también con Pegasus 08/05/2022 27:39

El software malicioso creado en Israel, supuestamente, para combatir el terrorismo y el crimen organizado, se utilizó, para espiar los teléfonos móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa. coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta y Melilla, provocada por Marruecos. País que el Ejecutivo no señala con el dedo, en ningún momento. La denuncia por ambos ciberataques que el Ejecutivo puso ante la Audiencia Nacional no atribuye a nadie en concreto esa incursión ilegal en los dispositivos del Presidente y la ministra. Pero "tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo, porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales, y con autorización judicial", subrayó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando anunció, en rueda de prensa urgente, el descubrimiento hecho por el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI.

La revelación -fue la noticia de la semana-
sorprendió a la opinión pública. Se trata de un suma y sigue en el escándalo por las escuchas a independentistas catalanes. Dieciocho personas de ese entorno lo fueron por el CNI, con autorización previa y motivada del magistrado del Tribunal Supremo adscrito, por una ley orgánica, a los Servicios de Inteligencia. Estas órdenes judiciales fueron expuestas en la Comisión de Control de los Créditos destinados para Gastos Reservados, sobrenombrada de Secretos Oficiales, donde, el 5 de mayo pasado, y a puerta cerrada, compareció, durante cuatro horas, la Secretario de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.

El bloque de investidura, con tres señorías espiadas, no quedó conforme con las explicaciones de la jefa del CNI. Todos los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez le exigen ahora desclasificar esos documentos y una comisión de investigación, cuya creación ha sido rechazada, de momento, con los votos del Psoe, Pp, Vox y Ciudadanos.

El programa informático Pegasus que, según la Unión Europea, pone en riesgo las democracias, también centró la comparecencia, el miércoles 4, de la ministra Margarita Robles ante la comisión de Defensa.

Aunque el orden del día se centraba en el papel de España dentro de la Brújula Estratégica de la Unión Europea, los debates parlamentarios giraron exclusivamente sobre el papel del CNI en el espionaje, supuestamente, con Pegasus a los independentistas.

Como Autoridad Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, el CNI habría implementado un sistema de vigilancia furtiva en los móviles del núcleo duro del independentismo para, conforme al artículo 4 b de su ley de creación, "neutralizar aquellas actividades de grupos que actúen y pongan en riesgo el ordenamiento constitucional, la integridad del Estado y la estabilidad de sus instituciones".

El espionaje del CNI habría respondido así a una operación de contrainteligencia ex post facto a los llamamientos públicos de los líderes independentistas para culminar la secesión de Cataluña, con las acciones de Tsunami Democratic y los CDRs.

La interceptación de los únicos dieciocho móviles requirió la autorización previa por parte del magistrado del Tribunal Supremo adscrito al CNI, ya que afectaban al derecho fundamental del secreto en las comunicaciones telefónicas, recogido en el artículo 18.3 de la Constitución Española.

Según fuentes de alto rango de la Comunidad de Inteligencia española, consultadas por Radar 3.0, los móviles infectados del Presidente y de la titular de Defensa, al igual que los del resto del Consejo de Ministros, y de otros de altos cargos, son entregados y gestionados por la Secretaría General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TICs, en sus siglas, dependiente de la Dirección General de Servicios, adscrita a la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia.

De ahí que nuestra fuente, que ha hablado a condición de guardar el anonimato, haya hecho hincapié en que el Centro Criptológico Nacional-CNI no haya cometido ningún fallo.

Y sobre el papel que haya podido jugar el Departamento de Seguridad Nacional-DSN de la Presidencia del Gobierno, nuestras fuentes nos han explicado que el DSN, que asesora al Presidente, no gestiona terminales móviles. Solo se encarga de la telefonía denominada "malla Bravo", totalmente encriptada para garantizar la invulnerabilidad de las comunicaciones más secretas del jefe del Ejecutivo, incluidas las que mantiene con los presidentes autonómicos.

De esa red "malla Bravo", que funciona igual que un Mando y Control, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, ya informó, en junio de 2020, el entonces Secretario de Estado de Comunicación Iván Redondo. En su comparecencia parlamentaria desveló que se habían instalado, entonces, veinte teléfonos altamente seguros para su empleo por el Presidente del Gobierno y doce ministros. Además, se había habilitado seis salas de crisis en sendos ministerios, inexpugnables para las tecnologías disruptivas, como Pegasus.

Radar 3.0 en Radio 5
Más opciones