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Vodafone suspende su fusión societaria con Ono para pagar menos por una tasa municipal al Ayuntamiento de Madrid

  • Las compañías tendrán que abonar al Consistorio madrileño 33,7 millones
  • La empresa fusionada pagaría más que las dos sociedades por separado
  • Vodafone precisa que la decisión no tendrá efectos sobre los clientes

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Logotipo de Vodafone en una tienda
Logotipo de Vodafone en una tienda.

Vodafone ha suspendido temporalmente su fusión societaria con Ono a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha 20 de mayo, que da la razón al Ayuntamiento de Madrid en el cobro de una tasa a los operadores de telefonía móvil por la utilización del dominio público local, según han indicado fuentes de la empresa a RTVE.es.

Las compañías tendrán que abonar al Ayuntamiento madrileño 33,7 millones de euros por tributos pendientes de pago, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, a razón de 11 millones anuales. Las mismas fuentes han expecificado que esta nueva obligación impositiva sería mucho mayor para la empresa fusionada que para los dos sociedades por separado.

Esto ocurre por el diseño de la tasa. "Cuando se calcula en para dos sociedades fusionadas, el efecto es multiplicador, algo que posiblemente es una consecuencia no buscada por la autoridad", han señalado fuentes de la compañía a RTVE.es.

No obstante, desde el operador se ha subrayado que esta decisión "en modo alguno" afectará a los clientes, ya que "no hay cambios" en cuanto a los servicios. "La operación y la experiencia de cliente serán las mismas", han subrayado desde la empresa. Las empresas seguirán, como hasta ahora, remitiendo facturas separadas en función de si el usuario pertenece a Vodafone-Ono o a Vodafone.

Para las empresas, la única consecuencia de suspender la fusión societaria es que se verán obligadas a mantener dos contabilidades separadas.

Tasa aprobada por la anterior corporación

La tasa que motivó la denuncia del operador -aprobada por la anterior corporación- se aplica a la utilización privativa y al aprovechamiento especial del dominio público, ya sea del suelo, subsuelo o vuelo de la vía. El gravamen recae sobre el operador.

La sentencia fue dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2014.

Vodafone compró Ono en 2014 por 7.200 millones de euros y unificó los servicios comerciales de ambas marcas. Como consecuencia, aplicó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 1.059 trabajadores.