Panrico lleva a juicio al comité de empresa por huelga ilegal y pide cinco millones por daños

• El comité denuncia que la empresa quiere parar la impugnación del ERE
• Los trabajadores van a querellarse contra Panrico por injurias
• Trabajo tiene abierto un expediente sancionador contra la empresa

Familiares, amigos y trabajadores de la planta de Panrico de Sta. Perpetua, este jueves, delante de los juzgados de Sabadell donde ha empezado el juicio.

Centenares de personas, principalmente trabajadores de la planta  de Panrico en Santa Perpètua de Mogoda, se han  concentrado ante los juzgados de Sabadell en apoyo a los  diez miembros del comité de huelga, que afrontan un juicio para  declarar la protesta de la plantilla ilegal y a quienes la empresa  les solicita cinco millones de euros por daños y perjuicios.

"Estamos defendiendo la lucha obrera", ha afirmado el delegado  sindical y miembro del comité de huelga, Félix Yela, quien ha apelado  a la juez para que se tengan en cuenta sus derechos ante una demanda  desproporcionada, que solo pretende conseguir la retirada  de la impugnación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que  afecta a 254 trabajadores de los más de 300 con los que cuenta la  planta barcelonesa.

Los 10 miembros del comité de huelga han entrado en el juzgado  coreados y aplaudidos por el resto de la plantilla, que lleva cuatro  meses de huelga indefinida y con la planta prácticamente paralizada.

Querella criminal contra Panrico

La plantilla de Panrico en la fábrica catalana tiene previsto presentar la semana que viene una querella  criminal contra la empresa por un presunto delito de injurias con un  agravante de publicidad por unas declaraciones publicadas por algunos  medios en que fuentes de la compañía aseguraban no poder confiar en  que los trabajadores no envenenasen los donuts que producían.

El abogado penalista Jaume Asens, que es el representante legal  de los trabajadores en esta cuestión, añade que las  declaraciones tienen "un plus de gravedad" al haber sido publicadas  por los medios de comunicación.

"Las declaraciones proyectan una imagen de los trabajadores  totalmente descalificadora y no están amparadas por la libertad de  expresión porque tienen un contenido claramente injurioso que roza la  calumnia", ha aseverado Asens.

Cinco Días publicó, en fuentes de la dirección, estas declaraciones: "Es difícil hacer planes de futuro para la planta y no  caer en la cuenta de que con una plantilla tan salvajemente  ideologizada, tan violenta, tan descerebrada, nadie nos va a  garantizar que a alguno se le ocurra sabotear la producción y  envenenar algunos de nuestros productos".

Asens ha afirmado que con estas declaraciones Panrico sostiene  que los trabajadores serían capaces de envenenar productos y lanza  "un mensaje de sospecha sobre la ética y la honorabilidad de los  trabajadores", y por este motivo reclamarán daños y perjuicios en la  querella criminal que estará  firmada por un centenar de trabajadores.

Expediente sancionador

La Inspección de Trabajo abrió en enero un expediente sancionador  contra Panrico por considerar que había vulnerado el derecho de  huelga de los trabajadores de Santa Perpètua después de que el comité  reclamara su intervención por la llegada de camiones externos que  traían productos de la marca Panrico pese a que la fábrica catalana,  donde se producían estos artículos, ya estaba en huelga indefinida  -se inició el 13 de octubre de 2013-.

Asimismo, el 20 de marzo se celebrará otro juicio en la Audiencia  Nacional en el que los trabajadores de Santa Perpètua impugnarán el  acuerdo que Panrico alcanzó en noviembre en Madrid a nivel nacional  sobre el plan de ajuste, que incluía el despido de hasta 745 personas  de una plantilla de más de 2.000 y rebajas salariales del 18%, unas  medidas con las que la compañía aparcó el concurso de acreedores.

Un trabajador sostiene que este acuerdo "puede quedar tumbado" debido  a que no respeta el convenio que estaba vigente, cree excesivos los  despidos en Santa Perpètua y ha defendido que un acuerdo nacional  debe responder a los intereses de todas las fábricas, y no sólo a los  de algunas de ellas.