El fiscal ve indicios de fraude y un delito fiscal en los pagos en B de Arturo Fernández

• El número 2 de la CEOE podría haber vulnerado derechos de los trabajadores
• "Se investigarán todos los delitos" ha señalado la Fiscalía de Madrid

La Fiscalía de Madrid ve "indicios de delito" contra la Hacienda  Pública, fraude e incluso puede que contra el derecho de los  trabajadores en los supuestos pagos en negro a algunos de los  empleados del Grupo Cantoblanco, propiedad del presidente de la CEIM  y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.

"Se investigarán todos los delitos", han recalcado fuentes de la Fiscalía de Madrid, que la semana pasada acordó abrir  diligencias de investigación para averiguar los hechos denunciados a  la Cadena Ser por varios de los empleados de este grupo, que tiene  las contratas de las cafeterías del Congreso de los Diputados o la  Asamblea de Madrid.

Ayer mismo, el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, se  comprometió en una reunión que mantuvo con representantes de CC.OO. a  llegar "hasta el fondo" para investigar los supuestos pagos  irregulares en esta empresas.

Tras conocer estas denuncias, Fernández se mostró sorprendido y  "muy preocupado". Y anunció una auditoria interna y una Inspección de  Trabajo en la empresa para analizar estas posibles irregularidades. En la actualidad, el número dos de la patronal está en un "período de reflexión" pero no ha renunciado a su cargo.

Por otro lado, un juez de Madrid investiga a Fernández por un supuesto delito de falsedad documental en la contabilidad de este  grupo. Esta causa se archivó el pasado noviembre, pero se ha  reabierto a instancias de un recurso del Ministerio Público.

La cafetería del Congreso

El informe que encargó la semana pasada el presidente del Congreso, Jesús Posada, a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la contrata que tiene adjudicada el grupo Arturo Cantoblanco no ha detectado ninguna irregularidad.

El informe, de seis páginas, alude a la publicación de una denuncia por parte de los trabajadores de la existencia de algunas irregularidades en los pagos y argumenta que "resulta evidente que para constatar la existencia de tal incumplimiento es preciso contar con algún fundamento jurídico más sólido que la actual información con la que se cuenta". "Sería preciso una sentencia judicial firme, o al menos un acto suficiente de autoridad administrativa competente", advierte.

El texto recoge que, en todo caso, "se ha de tener en cuenta que el actual contrato se encuentra en fase de prórroga, la cual finaliza el 1 de septiembre de 2013, habiéndose iniciado por la Secretaría General de la Cámara las gestiones oportunas para sacar a concurso un nuevo procedimiento".