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La juez del caso ERE imputa al actual director general de Trabajo de la Junta de Andalucía

       
  • Se imputa director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y a su antecesor
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  • También está imputado el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla
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  • El auto recoge que tuvo un "papel activo" en los ERE de Mercasevilla

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Imputado el director general de trabajo de la Junta de Andalucía

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla,  Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las  irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo  tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el  que imputa en la causa al actual director general de Trabajo, Daniel  Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que han ocupado el  cargo en la actual legislatura y que sucedieron en el cargo a  Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el  caso.

Según recoge el auto, consultado por Europa Press, Guerrero, que  precisamente el pasado jueves prestó declaración ante la Guardia Civil  durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, ha  sido citado para prestar declaración judicial el próximo 23 de  febrero, una declaración "que se circunscribirá al contenido de los  atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta  la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias  previas de los juzgados de Andújar", dentro de las cuales el exchófer  de Guerrero confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en  subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína  "para su jefe y para él".

La juez Mercedes Alaya argumenta que, dentro de la investigación  en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez  "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de  diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a  la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26  extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas  resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo  de tramitación de la ayuda'".

Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que  los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron  deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a  Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan  dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe  siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; solo existe  solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima  que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".

Forma arbitraria e injustificada

Tras aseverar que, "curiosamente, en dicha resolución, Rivera  alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en  virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo,  para su concesión", llama la atención sobre el hecho de que la  Dirección General de Seguros "ha informado que mientras que el  montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del  CMAC ascendían a 1.537.162,03 euros, la prima de la póliza ascendió a  2.674.175,83 euros, conclusión de la que se extrae el dispendio en  que habría incurrido intencionadamente la Junta a través de sus altos  cargos".

Respecto a Juan Márquez, la magistrada también lo imputa por su  labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que "no  constando" la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24  trabajadores, "de los cuales dos no eran empleados de la misma", ni  tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto  Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones "de forma  arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos  verbales" del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio  Rivas.

Así, precisa que Guerrero "mostró su disconformidad para la  suscripción de una póliza para 24 extrabajadores" de la empresa,  mientras que su sucesor en el cargo dictó sendas resoluciones "por  las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la  póliza de prejubilación", tras lo que dice que hay que tener en  cuenta que, según el administrador de la empresa, "el despido de sus  trabajadores no era algo necesario para su empresa, y que fue una  condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas  necesarias destinadas a amortizar los gatos del traslado de las  instalaciones" a Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

Pagos cruzados

Un punto importante del auto dictado por la juez es el relativo a  la empresa Río Grande, pues considera que tanto Márquez como Guerrero  "ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución  alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes  sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos  cruzados", de forma que ambos, "abusando del ejercicio de sus  funciones públicas, podrían ser responsables de la defraudación de  fondos públicos por cuantía de 1.531.299,51 euros, de la que  injustamente se habría beneficiado" Río Grande.

Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general  siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo  entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010 -cuando le sustituyó  Daniel Alberto Rivera, imputado también en el auto de 42 páginas que  ha dictado la juez este viernes-, por autorizar la inclusión en el  ERE de Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la  Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández  Garzón, "ninguno de los cuales trabajó para la empresa".

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