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El Gobierno ofrece retrasar el cierre de Garoña para contribuir al pacto con los sindicatos

  • Fuentes del Ejecutivo aseguran que el principio de acuerdo está cerca
  • El punto clave serían los requisitos para poder jubilarse a los 65 años
  • Los sindicatos rechazan "cambiar cromos" y rechazan la jubilación a los 67

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El Gobierno está dispuesto a retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña, como han solicitado los sindicatos para mantener puestos de trabajo, a cambio de un pacto global en pensiones y reforma laboral, según fuentes del Ejecutivo citadas por Efe, que también han afirmado que ven cerca un principio de acuerdo.

Sindicatos y empresarios están reunidos de nuevo este miércoles en el Ministerio de Trabajo para intentar cerrar ese principio de acuerdo, que busca superar el rechazo de los sindicatos a la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años. El punto clave de la negociación, han apuntado las fuentes citadas, son los requisitos que deberían cumplir los trabajadores para jubilarse con 65 años: el Gobierno ha propuesto que el trabajador tenga 41 años cotizados, mientras que los sindicatos piden rebajar esa cifra.

Por el momento, Comisiones Obreras y UGT han negado tajantemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico global con el Gobierno a cambio de alargar la vida de las centrales nucleares y retrasar el cierre de la de Garoña, insisitiendo en que siguen rechazando el retraso de la jubilación a los 67 años.

Los sindicatos no quieren cambiar nucleares por pensiones

Así, el secretario de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, así como fuentes de UGT, han subrayado que la propuesta de retrasar el cierre de Garoña a cambio de un pacto global "no tiene el más mínimo fundamento".

Lezcano ha añadido que cuando se ha hablado en las conversaciones tripartitas de ampliar las negociaciones sobre pensiones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalle "y mucho menos" sobre el futuro de las centrales nucleares.

"Si dijimos que no estamos dispuestos a cambiar cromos" en la negociación de las pensiones, en alusión a la posibilidad de un acuerdo a cambio de poner más requisitos al despido colectivo por pérdidas económicas que incluye la reforma laboral, "mucho menos lo estamos en esta ocasión", ha recalcado Lezcano.

Mantener las centrales nucleares y sus puestos de trabajo

Los asuntos energéticos se han incorporado a las negociaciones que mantienen el Gobierno y los sindicatos, en un principio centradas en las pensiones, pero que se han ampliado a otros aspectos como el desarrollo de la reforma laboral y la reforma de la negociación colectiva.

Asimismo, las conversaciones han incorporado a la patronal, recuperando el diálogo social tripartito que quedó roto en julio de 2010. También se pretende incorporar a los grupos parlamentarios a la negociación, por lo que el Gobierno ha nombrado al exministro de Trabajo, Jesús Caldera, como interlocutor ante los partidos.

En este proceso, los representantes de los trabajadores han planteado la posibilidad de prorrogar la vida útil de las nucleares como una vía para evitar la desaparición de puestos de trabajo. El primer cierre previsto sería el de la planta de Garoña - de la que dependen alrededor de 1.300 puestos de trabajo- en 2013 y, aunque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha opinado esta mañana que esa decisión era firme, el Gobierno está dispuesto a ceder y revisarlo si los agentes sociales aceptan un "paquete global".

Una nueva modalidad de contratación parcial

El desarrollo de la reforma laboral es otro de los asuntos que se encuentra sobre la mesa de negociación con los agentes sociales, donde se estudia una nueva modalidad de contratación parcial que, según las mismas fuentes, podría acercar a las partes.

Si se alcanzara un principio de acuerdo, sindicatos y empresarios continuarían las conversaciones de forma bilateral para intentar cerrar la reforma de la negociación colectiva. De no llegar a un pacto, han insistido las fuentes, el Gobierno mantiene su decisión de aprobar el anteproyecto de ley de la reforma en el Consejo de Ministros el 28 de enero para remitirlo a las Cortes y de decidir unilateralmente sobre la negociación colectiva a finales de marzo.

En cualquier caso, el mayor obstáculo en las conversaciones sigue siendo la reforma de las pensiones y, en concreto, la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años, contra la que los sindicatos han protestado este mismo miércoles convocando encierros y asambleas en sus sedes.

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