Tribunal Constitucional

• Acusan a "Sánchez y su cuadrilla" de "secuestrar a los españoles seis meses" en una violación flagrante de los derechos humanos
• El PP pedirá la comparecencia urgente de Sánchez para que dé explicaciones

Nuevo revés para el Gobierno por su gestión de la pandemia: algunas medidas del segundo estado de alarma son inconstitucionales. La resolución la ha adoptado un Tribunal Constitucional dividido en respuesta al recurso que presentó Vox.

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• La sentencia, con seis votos a favor y cuatro en contra, da la razón al recurso presentado por Vox
• Los magistrados ya anularon el primer estado de alarma, el que preveía el confinamiento
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Los ayuntamientos de las principales ciudades españolas han dado la alarma sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía que pagan a las corporaciones locales quienes venden una vivienda. Los ayuntamientos aseguran que se les privará de una fuente muy importante de financiación.

La FEMP asegura que las corporaciones locales, que están ahora preparando sus presupuestos para 2022, perderán en torno a 2.500 millones de euros. Los principales consistorios, con Madrid y Barcelona a la cabeza, han pedido soluciones al Gobierno. 

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido "prudencia" mientras el Ministerio de Hacienda estudia "técnicamente" la sentencia completa.

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El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el segundo estado de alarma por seis votos frente a cuatro. El Pleno ha estimado el recurso de Vox, por la falta de control parlamentario al Gobierno, ya que se declaró ese estado de alarma durante seis meses y por delegar en las comunidades autónomas la adopción de medidas anticovid que suponía la restricción de derechos fundamentales.

Informa Araceli Sánchez

• La FEMP cree que las corporaciones locales perderán 2.500 millones de euros anuales
• Madrid perdería 500 millones y Barcelona 180
• El Gobierno pide prudencia y asegura que trabaja en una alternativa

El Alto Tribunal considera que el sistema para calcular este impuesto no se corresponde con el valor real de las propiedades y afirma que no encaja en estos momentos en la Constitución. El valor de la propiedad es mayor cada vez que las escrituras cambian de manos y eso, señala la sentencia, no se corresponde con la realidad.

Hasta ahora la plusvalía la pagaba el vendedor en un plazo de 30 días y en el caso de herencias y donaciones era el beneficiario el que tenía seis meses para abonarlo. Además, la sentencia no tiene efectos retroactivos, podría abrir la puerta a futuras reclamaciones aunque todavía falta conocer el texto definitivo.

El Ministerio de Hacienda ha asegurado que lo va a revisar para garantizar su contitucionalidad y ofrecer certidumbre a los consistorios. El Ayuntamiento de Madrid podría dejar de recaudar cerca de 500 millones de euros.

Los Ayuntamientos reciben cada año unos 2.500 millones de euros del impuesto de plusvalías. Algo que, hasta ahora, pagábamos al vender, heredar o recibir, por ejemplo, un piso. Quedarse de golpe sin ese dinero es un grave problema para los consistorios y así lo han denunciado alcaldes de todo signo político. Hacienda se ha visto obligada a anunciar que lo reformará para que se adapte a la Constitución. Informa Daniel Bermejo.

• Declara inconstitucionales varios aspectos del cálculo del impuesto, ya que determinan que siempre hay una revalorización
• Es la tercera sentencia que dicta sobre el impuesto de plusvalía

El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto sobre la plusvalía que cobran los ayuntamientos, incluso en el caso de que la venta de un inmueble haya producido una ganancia. Este fallo supone una nueva vuelta de tuerca porque hasta ahora sólo se había declarado inconstitucional este tributo en aquellos casos en los que la venta hubiera generado pérdidas o cuando el impuesto superaba en importe a la ganancia generada.

No tendrá carácter retroactivo, con lo que se cierra la puerta a recuperar el dinero cobrado por esa plusvalía. La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. 

Informa Usua Irastorza

• Para ello ha creado un grupo de trabajo con la todas las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno
• Se devolverá el dinero a los ciudadanos de oficio

• El Gobierno y el PP cierran un pacto que pone fin a dos años de retraso en la renovación del Tribunal Constitucional
• Entre ellos, una recusada en la ‘Gürtel’, un colaborador de FAES, el juez que absolvió a Trapero y una experta en igualdad

El Constitucional ha renovado cuatro de sus 12 magistrados, dos progresistas y dos conservadores que tienen en sus currículos el haber sido vocales del Poder Judicial a propuesta de algún partido. Los nuevos nombres son los de Concepción Espejel, actual presidenta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales; Ramón Sáez Valcárcel,  juez de la Audiencia Nacional; e Inmaculada Montalbán, experta en igualdad de género. 

Mientras que el Constitucional ha mantenido su mayoría conservadora, el Tribunal de Cuentas se ha renovado por completo y tendrá mayoría progresista por primera vez en 25 años. Entre quienes abandonan sus puestos se encuentra la juez Margarita Mariscal de Gante, una de las responsables de los procesos contables contra los líderes del procés y exministra de justicia del PP. Además, el Defensor del pueblo será Ángel Gabilondo. 

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Los cuatro nombres elegidos para renovar las vacantes del Tribunal Constitucional tienen un marcado perfil político. En el caso del PP son: Concepción Espejel, que fue recusada por el caso 'Gürtel', por sus vínculos con el PP; y Enrique Arnaldo, un estrecho colaborador de la Fundación FAES, relacionado con el caso 'Lezo'.

Por la parte del Gobierno, los elegidos son Ramón Sáez Valcárcel, el juez de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos d'Esquadra; e Inmaculada Montalbán, experta en Igualdad, cercana al partido socialista. Foto: EFE

• Ambos han seleccionado a profesionales con una "dilatada trayectoria" en sus áreas
• Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo y contará con la 'popular' Teresa Jiménez Becerril como adjunta

El Gobierno y el PP han llegado este jueves a un acuerdo para renovar todos los órganos constitucionales pendientes, salvo el CGPJ. Ambos partidos aseguran que "todos son nombres de consenso" y profesionales de "reconocido prestigio" con una "dilatada trayectoria profesional".

• Sánchez espera que haya acuerdo "en las próximas horas o los próximos días"
• El PSOE propone a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo y el PP no pone obstáculos
• El PP asegura que el nombre del exministro Campo para el Constitucional nunca ha estado sobre la mesa

• El jefe del Gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, ha enviado este lunes una carta a los Veintisiete
• Acepta la primacía de las competencias europeas sobre las leyes nacionales, salvo la Constitución polaca

• La sentencia, con cuatro votos contrarios, declara inconstitucional la suspensión de plazos para presentar iniciativas 
• Estima por mayoría el recurso de amparo interpuesto por Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de 19 de marzo de 2020

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha celebrado la "rectificación" del PP y que se vaya a negociar ya los órganos constitucionales pendientes de renovación, a excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha evitado dar nombres: "Se trabaja con discreción".

Así se ha pronunciado este viernes en una entrevista en La Hora de la 1 sobre el acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos constitucionales que siguen en funciones, lo que permitirá la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

Gómez ha afirmado que espera que se pueda también iniciar pronto la negociación sobre la renovación del CGPJ. "Queremos incorporar a la negociación el CGPJ", ha insistido.

Preguntado por si Unidas Podemos aportará algún nombre, Gómez ha explicado que hay interlocución "permanentemente" con su socio de Gobierno, pero ha explicado que la negociación se está llevando con "discreción".

FOTO: Héctor Gómez, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en Madrid. EFE/ Javier López