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Los sindicatos han convocado concentraciones en los centros sanitarios de las islas para rechazar unas medidas que aseguran que afectarán a la calidad del servicio. Entre las más cuestionadas, el cierre de los hospitales General y Joan March previsto para septiembre.

El Gobierno balear ampliará de 35 a 37,5 horas semanales la jornada laboral de los funcionarios, suspenderá algunos de sus complementos salariales y anulará la contratación de interinos dentro de su plan de equilibrio presupuestario, con el que pretende ahorrar este año 347,9 millones de euros.

El presidente del Ejecutivo autonómico, José Ramón Bauzá, ha presentado hoy el programa de recortes, centrado particularmente en sanidad y educación, en una rueda de prensa en la que ha estado secundado por todos los miembros de su gabinete.

Entre las medidas de ajuste, que ha detallado el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, se contemplan también la suspensión del Consejo Económico y Social, la venta de patrimonio público y la entrada de capital privado en la radiotelevisión autonómica, IB3.

En el ámbito sanitario, el que soportará el mayor peso del ajuste, se recortarán los horarios de los centros de salud, se cobrará por aparcar en el hospital de referencia de la comunidad, Son Espases, donde se arrendarán además algunos espacios vacantes, y se reducirán los días de descanso del personal después de guardias.

Asimismo, el Govern cerrará los hospitales de Palma Joan March y General, dedicados a atención sociosanitaria, y trasferirá los pacientes a la clínica privada de Sant Joan de Déu.

La Conselleria de Educación no cubrirá las bajas de los docentes que se prolonguen menos de un mes, suprimirá los complementos salariales de productividad, tutoría y jefatura de departamento y anulará ayudas individuales y a asociaciones, premios y subvenciones.

En Aragón, las dos clínicas autorizadas para practicar abortos dejarán de realizarlos a las mujeres que derive la sanidad pública. Aseguran que su situación financiera es crítica porque la Administración les debe más de 800 mil euros. Sólo atenderán los casos de graves malformaciones en el feto. Sanidad dice que Aragón debe "buscar fórmulas" que garanticen el acceso a todas las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

Termina el plazo para que las comunidades autónomas presenten los planes de ajuste que deben adaptar sus déficit al objetivo del uno y medio por ciento, contemplado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y esta mañana Baleares ha anunciado que pretende ahorrar este año casi 350 millones de euros con un plan que pone la lupa en la sanidad y la educación. Se cerrarán dos hospitales dedicados a la atención sociosanitaria, se amplian jornadas laborales y se reducen los complementos económicos.

Estamos en la Unidad del Sueño del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, un lugar donde se diagnostican y se tratan las patologías del sueño.

El sueño es un estado cerebral caracterizado por la reducción del procesamiento de estímulos con el exterior y ralentización de la actividad cerebral, y que el cerebro necesita para poder estar despierto después. Alrrededor de un 20% de los españoles padecen de forma crónica alguna de las enfermedades del sueño (30/04/12).

Permanecer ingresado en un hospital, ya sea un solo día o unos cuantos, no es plato de buen gusto, pero tampoco parece serlo la comida que se sirve en esos centros. Aunque se tienda a pensar que se trata de alimentos de mala calidad, lo ciero es que no es así. Lo comprobamos con nuestra compañera Luján Hortigüela (27/04/12).

El Ministerio de Sanidad asegura que ningún español se quedará sin derecho a la sanidad pública. La aclaración intenta despejar las dudas de aquellas personas que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social, como los jóvenes que no hayan trabajado nunca y que dejen, a los 26 años, de estar cubiertos por la trarjeta de sus padres.

Hoy se ha publicado en el BOE el decreto que reforma los servicios sanitarios. Y tiene algunas novedades: Habrá que pagar por las ortoprótesis, como muletas o sillas de ruedas, y también por el transporte no urgente, como el que se emplea para llevar a pacientes a diálisis o quimioterapia. Las comunidades podrán financiarlos hasta un límite que fijará el Estado, pero una parte tendrá que pagarla el usuario. También se dejarán de financiar los medicamentos que no sean eficaces o sirvan para tratar "síntomas menores".