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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho que el paro de transportistas que se desarrolla desde el pasado lunes y los problemas de suministro que está causando "no es una huelga ni un paro patronal puesto que el Comité Nacional de Transportes por Carreteras, que legítimamente representa los intereses del sector no secundan, incluido Fenadismer no secundan este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras, apoyados en muchos casos por la ultraderecha". Raquel Sánchez ha asegurado que están adoptando medidas, ha recordado que este jueves se ha convalidado en el Congreso el real decreto ley con medidas acordadas en diciembre con el sector del transporte. "Vamos a actuar de manera contundente", ha afirmado, antes de recordar que el Ejecutivo se ha comprometido a bajar los precios de la energía. "Lo que no podemos hacer es legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras que está tratando de someter a este país a un chantaje", ha afirmado antes de asegurar que "impiden que la mayoría de transportistas ejerzan su derecho a trabajar". También ha detallado que se han movilizado más de 15.000 agentes para impedir este tipo de actuaciones "violentas". 

Foto: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras su reunión con agentes sociales y representantes de las asociaciones profesionales del transporte, este jueves en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado
 

Algunos transportistas han iniciado este lunes un paro indefinido, convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carreteras Nacional e Internacional, una asociación minoritaria que no tiene representación en el órgano de diálogo (el Comité Nacional del Transporte por Carretera), pero que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas que suponen el 85% del sector. Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, explica que su entidad ni convoca ni se une a esta iniciativa, pero entiende que, "por el incremento del coste del combustible", a muchas empresas les sea imposible continuar trabajando y tengan que parar. 

Para tratar de paliar esta situación, considera imprescindible que el Gobierno vigile la aplicación de la nueva normativa, pactada hace unos meses y que entró en vigor el 1 de marzo. Según este decreto-ley, "los que contratan el transporte tienen que indexar el gravámen del coste del combustible, que ya es el 50% de lo que cuesta la exploitación de un vehículo". De este modo, el sobrecoste generado no debería correr a cargo del transportista. Asimismo, insta al Ejecutivo a "exigir a la Unión Europea la rebaja del impuesto al combustible" y a "intervenir los beneficios extraordinarios de las petroleras".

En protesta por la subida del precio de los combustibles, ha empezado este lunes un paro indefinido de los transportistas. Están convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías, que representa a pymes y autónomos, pero no está respaldada por otras asociaciones que integran a las grandes empresas del sector. La incidencia está siendo escasa. Foto: EFE/JAVIER ETXEZARRETA

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado este martes tras el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de movilidad sostenible, una norma en la que, según ha asegurado, se reconoce "por primera vez la movilidad como un derecho", lo que significa garantizar que cualquier ciudadano tiene "garantizado el acceso con las mismas oportunidades de movilidad". "Cualquier persona se encuentre en una gran ciudad o en el más pequeño de nuestros municipios", ha dicho la ministra. La ley, según ha afirmado, aborda "retos y grandes desafíos sociales, medioambientales", en concreto, sobre la "urgencia" de descarbonización, ya que el transporte representa casi el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. 

Foto: La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez en el complejo del Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avanzado que en el marco de las medidas adoptadas por los países de la Unión Europea de castigar a Rusia por la invasión de Ucrania, el Gobierno español está "liderando" la propuesta de aplicar iniciativas y restricciones en el espacio marítimo similares a las que se han impuesto en el espacio aéreo, como prohibir atracar en los puertos españoles y europeos a los buques de bandera rusa, así como a los que tengan capital ruso.

"Estamos proponiendo medidas que van desde la prohibición de atraque de buques en puertos españoles. como de avituallamiento", medida que se uniría a la prohibición de este fin de semana a las aerolíneas rusas de sobrevolar el espacio aéreo europeo, ha explicado Sánchez en una entrevista en La Hora de la 1.

Según la ministra, también les gustaría imponer esa medida al tránsito por aguas españolas, pero ha reconocido que eso es "más complejo", porque implica la suspensión de ciertos tratados internacionales.

Aun así, espera que estas medidas se puedan acordar desde la "unanimidad y la unidad de la UE, con el objetivo de frenar la invasión y esta lócura de Putin, que es el único responsable"


FOTO: Raquel Sánchez, durante su visita al Ayuntamiento de Sevilla el pasado viernes. EFE/ Raúl Caro.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria.

"Seguimos defendiendo que el anteproyecto es una ley que respeta la Constitución y no supone la vulneración de las competencias de las comunidades autónomas", ha defendido Sánchez. "El Estado también las tiene a la hora de garantizar la vivienda a los ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de evitar la especulación producida en el pasado", ha insistido.

La ministra también ha incidido en que el informe no vinculante del CGPJ era preceptivo para que se pronunciara sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referido a los desahucios y en que, sobre eso, en concreto, no contiene "ninguna consideración que haga cuestionar algún artículo".

Foto: EFE

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este viernes que "la no renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde diciembre de 2019 puede plantear "alguna duda" sobre "la imparcialidad de sus informes", en referencia a la decisión del órgano judicial de tumbar el texto que avalaba la ley de vivienda, si bien ha reiterado su "respeto absoluto" a sus consideraciones y decisiones.

"No me gustaría entrar en la polémica, pero es cierto que es un órgano que desde el punto de vista de su no renovación puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes", ha destacado la ministra en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, que hasta entonces había evitado valorar la decisión del alto tribunal limitando a subrayar su "respeto" a las decisiones judiciales.

En este sentido, Sánchez ha destacado que le hubiera gustado aprobar la norma esta semana en el Consejo de Ministros, si bien esperarán a la decisión del CGPJ, que ha recordado que es "necesaria pero no vinculante". Además, se ha mostrado convencida de que la ley "cuenta con todas las garantías, es sólida, respeta las competencias constitucionales y el derecho a la propiedad". Foto: EFE

El bono joven de alquiler ha aprobado su primer trámite. Las Comunidades Autónomas serán las encargadas de decidir los alquileres mínimos susceptibles para esta ayuda. El mínimo marcado por el Gobierno es de 600€ pero puede alcanzar los 900€, en el caso de los pisos y las habitaciones que se alquilen desde 300€ o 450€. El bono joven de alquiler es una ayuda de 250€ mensuales durante dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que esten trabajando y que no ingresen más de 24.300€ al año. Informa Blanca Pascual

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho en relación con el informe del Consejo General del Poder Judicial, sobre la Ley de Vivienda, que lo analizarán, "con la voluntad de llevar la ley a aprobación al Parlamento", una "voluntad compartida, unánime por las formaciones de este Gobierno con los que coincidimos totalmente". Ese informe, ha dicho, es "preceptivo, no es vinculante", y ha defendido que en cualquier caso, es una ley que "desde el punto de vista legal cumple con la ley, cumple con la norma" y con las "competencias atribuidas al Estado, a las comunidades autónomas".

Foto: EFE/Mariscal.