Los dos asuntos destacados del debate seraán la crisis económica y la sentencia del Estatut. El presidente del gobierno defenderá las medidas que ha puesto en marcha para superar la crisis y buscará acuerdos con las demás fuerzas políticas. La oposición no se lo va a poner fácil: dudan de su capacidad para lograr consenso.
La selección española ha conseguido lo que parecía imposible, que nuestra clase política se muestra unida. Portavoces de los diferentes partidos han mostrado su apoyo incondicional a la Roja.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que todavía hay espacio para desarrollar el estatuto catalán.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que el Gobierno seguirá "colaborando y dialogando" con CiU y "recavando los apoyos necesarios para sacar adelante medidas positivas para el país". Ante las críticas de Mas a la valoración de Zapatero de la sentencia del Estatut, ha dicho que el presidente "fue muy claro". "Pidió prudencia hasta conocer el contenido íntegro de la sentencia y expresó la voluntad del Gobierno de impulsar el desarrollo del Estatut". (02/07/10)
Especialmente por el trabajo para combatir la crisis. Los populares le reprochan que Europa ha impuesto los deberes a la economía española.
La vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, ha pedido a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que asuma su responsabilidad en el conflicto de Metro de Madrid y solucione la huelga, que se prolonga durante tres días y dos de elos bajo el incumplimiento de los servicios mínimos.
La vicepresidenta primera del Gobierno ha dicho que esta sentencia no sólo beneficiará a Cataluña al "confirmar el avance del autogobierno de esta comunidad", sino que también supone "un impulso y consolidación del modelo español de articulación territorial en el Estado de las autonomías".
María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que el fallo del Tribunal ha venido a ratificar "prácticamente en su totalidad" la validez del Estatuto.
Entrará en vigor el próximo 5 de julio. Los decretos fijan los requisitos que deberán cumplir las clínicas abortivas tanto públicas como privadas. Serán las Comunidades Autónomas las que controlen que cumplan la ley. Los centros tendrán 4 meses para adaptarse a la nueva norma, que, además, garantiza que todas las mujeres que lo deseen puedan abortar en las mismas condiciones independientemente del lugar en el que vivan. Las jóvenes de 16 y 17 años que decidan abortar deberán acreditar que han informado por lo menos a uno de sus progenitores, excepto cuando les suponga un grave conflicto.
