El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que en la actualidad existe algo más de un millón de trabajadores eventuales en el sector público, la mayor parte de ellos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de ese millón de trabajadores eventuales, alrededor de 300.000 interinos estarían en fraude de ley, por llevar en su puesto más de los tres años que marca el Estatuto Básico del Empleado Público. Para esos 300.000 interinos en fraude de ley, el ministro Miquel Iceta planea impulsar una avalancha de oposiciones en los tres próximos años, hasta finales del 2024. Además, el ministro está negociando con los sindicatos una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que pretende llevar al Congreso este mismo mes de junio, para que ningún nuevo eventual pueda permanecer en su puesto más de tres años.
El ministro quiere que los nuevos eventuales tengan que ser despedidos al cabo de tres años y que su puesto se quede sin cubrir un año más, como fórmula para penalizar a las administraciones que sigan con estas prácticas. El fenómeno de la temporalidad de los empleados públicos se da sobre todo en comunidades autónomas y en ayuntamientos, donde se concentra el 80% del empleo público. En estas administraciones, la tasa de temporalidad es del 40%. En el Estado la tasa de temporalidad es del 8%, y es el porcentaje que el Gobierno quiere que sirva de referencia para el conjunto de las administraciones. El reto es cómo se hace intentando casar de la mejor manera los intereses contrapuestos en juego: de quienes llevan años en un puesto que no han podido consolidar por dejadez de las administraciones y los de quienes aspiran a poder prepararse una oposición y concurrir a pruebas abiertas para todo el mundo.
Lo cuenta Rosa Sánchez en esta sección del 24 horas.
