El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha prometido en su discurso de investidura impulsar una "propuesta de Constitución de república catalana", posterior a un "proceso constituyente con la participación de la ciudadanía", al tiempo que ha reivindicado al "president legítimo" Carles Puigdemont, al que se investirá "lo más pronto posible" y ha ofrecido diálogo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La portavoz de Junts per Catalunya (JxC), Elsa Artadi, ha asegurado hoy que Carles Puigdemont será investido presidente de Cataluña "ahora o más adelante, eso es seguro" y ha afirmado que "hay una ventana de oportunidades" para restituirlo en el cargo antes de que el TC tenga tiempo de suspender la ley de Presidencia.
"Con la ley en la mano tú no puedes suspender una ley antes de que entre en vigor, y eso es lo que nos abre una ventana de oportunidad. Por eso hemos aprobado la ley, y nuestra voluntad es utilizarla ahora mismo, cuanto antes, mejor. (...) Y lo queremos aprovechar para investir al president Puigdemont", ha afirmado en RAC1.
Desde el PSC se ve de una manera muy distinta. El número dos del partido, Salvador Illa, asegura que Puigdemont es el único obstáculo para formar un gobierno en Cataluña.
La Mesa del Parlament ha admitido este martes la delegación del voto del exconseller y actual diputado de ERC Antoni Comín, que se encuentra en Bélgica pendiente de saber si es extraditado o no en virtud de la euroorden impulsada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Jordi Sánchez (JxCat), candidato a presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, han protestado ante el Supremo por lo que consideran que es un juicio político dirigido contra ellos. Los tres líderes independentistas catalanes, todos en prisión preventiva, han comparecido ante el alto tribunal para conocer su procesamiento por delitos de rebelión y otros dentro del sumario abierto por el "procès" en el Supremo. En ese trámite han presentado sus quejas por lo que creen que es un proceso dirigido contra ellos por sus ideas políticas, con falta de objetividad por parte del juez del caso, Pablo Llarena, y con vulneración de sus derechos como el de la protesta pacífica o, en el caso de Sánchez, su derecho a la participación política como candidato.
