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El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha especificado que la restricción de la libre circulación, al tratarse de un derecho fundamental, "ha de ser ratificada por la ley judicial" y que, por tanto, aunque entré en vigor para diez municipios madrileños a partir de las 22.00 h., "no va a poder sancionarse a los ciudadanos". Pese a todo, Lopez ha pedido que los ciudadanos se sometan a la orden ya publicada en el BOE y ha señalado que los operativos de control "serán informativos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes que la orden que pondrá en marcha nuevas restricciones en diez poblaciones de Madrid respeta las competencias autonómicas y ha defendido esta decisión para atender a la "extraordinaria gravedad" de la situación en esa región en la pandemia de coronavirus. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha asegurado que en esta cumbre los líderes de la UE han manifestado su "preocupación por la utilización partidista que se está haciendo de la pandemia" y por eso ha reclamado a los partidos, al menos "a los tradicionales", en clara alusión al PP, que dejen de usarla para "polarizar", porque así solo favorecen a la "antipolítica" y a la ultraderecha. Sánchez ha lamentado que haya quienes han dejado de ver la "magnitud" de esta pandemia que se ha llevado la vida de más de un millón de personas en el mundo y ha insistido en que todas las decisiones de su Ejecutivo han seguido siempre criterios científicos y no políticos.

Las restricciones en Madrid y otras 9 ciudades de la comunidad deberían entrar en vigor esta próxima medianoche, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedirá a la Audiencia Nacional que paralice su aplicación. Afecta a casi 5 millones de habitantes en Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Estas medidas generan muchas dudas que hemos tratado de resolver en 14 horas. ¿Puedo salir o entrar en una zona confinada? Atendiendo a la orden de Sanidad, se limitaría la movilidad a la ciudad afectada. Únicamente se podrá entrar y salir de manera justificada, por trabajo o motivos sanitarios o educativos, o a atender a personas dependientes, entre otros. Si la persona a la que visitan o cuidan se encuentra en la misma zona confinada, no habrá problema. Al igual que realizar actividades de ocio.

En el comercio, se reduce a la mitar su aforo y deberán cerrar a las 22h. En bares y restaurantes, se reduce al 60% en terrazas y al 50% en el interior, y máximo 6 personas por mesa. La hora de cierre serán las 11 de la noche pero deberá dejar de atender clientes a las 22h.

Informa Rosa Basteiro.

Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional y experto en Salud Pública de la Universidad de Comillas, ha asegurado en una entrevista al Canal 24 horas que no es legal la restricción de derechos fundamentales sin la intervención de un juez "salvo en el estado de alarma". Montalvo se refiere de este modo a la aplicación de las restricciones de Sanidad a Madrid y otros nueve municipios de la comunidad.  Según ha señalado, hasta que la orden no sea ratificada por la justicia existe un vacío legal y su aplicación genera incertidumbre e inseguridad | Coronavirus: última hora en directo

La Comunidad de Madrid recurrirá este viernes en la Audiencia Nacional las medidas restrictivas que afectan a la capital y a nueve municipios en la región impuestas por el Ministerio de Sanidad. En este recurso se pedirá la suspensión de la orden como medida cautelar. La Comunidad ya ha confirmado que publicará la norma en su boletín oficial. El enfrentamiento entre la presidenta regional y Sanidad ha provocado tensión con Ciudadanos, su socio de gobierno | Coronavirus: última hora en directo

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha demarcado de la decisión de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a la Audiencia Nacional las medidas impuestas desde el Ministerio de Sanidad. "No creo que el mejor lugar para buscar soluciones a este drama sean los tribunales, prefiero sentarme en una mesa a hablar. Las sentencias pueden tardar semanas, y no tenemos semanas", ha afirmado en una entrevista en el Telediario, en la que ha defendido la vía del diálogo entre administraciones. 

El representante de Ciudadanos ha celebrado que Sanidad aporte "criterios homogéneos" para todo el Estado aunque cree que "llega tarde". Aguado considera que la resolución del Gobierno es mejorables y ha instado a las fuerzas políticas y a los diferentes niveles del Gobierno a sentarse a trabajar. 

Los enfrentamientos entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central han ayudado a profundizar las diferencias entre los partidos que conforman el ejecutivo madrileño. Esta mañana, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado guardaban las distancias tras las declaraciones y cambios de postura que se han producido en los últimos días a causa de la evolución de la pandemia. Para el Partido Popular, ven injusta la resolución publicada por Sanidad y desde el PSOE ven esta polémica como una estrategia de Pablo Casado. No obstante, dentro de la formación azul hay voces que defienden a Ayuso por votar en contra de la orden ministerial y otras que se mostraron a favor de la misma. [Coronavirus: última hora en directo]

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado en el pleno de la Asamblea de Madrid que su gobierno acatará la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la pasada medianoche, que aplica medidas en diez localidades de la región para frenar el avance de la COVID-19. "Esta comunidad no está en rebeldía", afirmaba, pero ha anunciado que acudirá a los tribunales para revocar la normativa que, según el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, no tiene "validez jurídica" al no haberse aprobado por consenso en el Consejo Interterritorial. La comunidad tiene 48 horas para publicar la resolución en su propio boletín, aunque su aplicación podría no ser inmediata, ya que debe ser previamente sancionada. Por el momento, el Ejecutivo madrileño ha dejado a la Abogacía de la comunidad el proceder de este asunto. [Coronavirus: última hora en directo]

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que cumplirá el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que obliga a restringir la movilidad en diez municipios de la región para frenar el avance del coronavirus, pero ha advertido de que recurrirá la orden del Gobierno en los tribunales.

Cuatro comunidades han rechazado las medidas de Sanidad para frenar la pandemia en municipios de más de 100.000 habitantes. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que recurrirá la medida. El ministro de ConsumoAlberto Garzón, ha dicho en Las mañanas de RNEque el Gobierno no contempla que no se cumpla la norma: "Es de obligado cumplimiento incluso para las comunidades autónomas que votaron que no. Estamos ante una situación muy grave. Entendemos que es razonable"

"Supongo que las razones [de la Comunidad de Madrid] son de naturaleza política, para desgastar al Gobierno. Sería una irresponsabilidad seguir jugando a eso cuando hay vidas en juego" ha afirmado Garzón. ¿El Gobierno podría activar para la Comunidad de Madrid el estado de alarma? El ministro de Consumo ha insistido en el obligado cumplimiento de la norma y afirma no entender "que se siguiera haciendo una batalla política en extremos como este". "No entiendo muy bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella pidió ayuda al Gobierno central, el presidente fue a la Puerta del Sol, se llegó a un acuerdo, el PP cambió de opinión" ha criticado. "Estamos hablando de un PP que ha cambiado de opinión muchas veces a lo largo de todo este tiempo. Da la sensación de que el Partido Popular está utilizando este drama para atacar al Gobierno, como oportunidad política" y señala a Génova como posible responsable del descarrilamiento del acuerdo. "Uno tiene la tentación de pensar que lo que ocurre aquí es que la presidenta Ayuso comparte la aproximación de la pandemia que tiene Trump, que es básicamente no hacer demasiado. Ha tenido los instrumentos, ha tenido el dinero. Si no ha querido actuar, ha sido por una decisión políticaEl resto de comunidades autónomas lo han hecho y lo han hecho bien" y ha puesto como ejemplos las actuaciones en los rebrotes de Cataluña Aragón frente a importantes rebrotes.

Sobre el tuit que publicó sugiriendo que Felipe VI rompió la legalidad con la llamada a Lesmes tras el reparto de despachos de nuevos jueces en Barcelona, el ministro Garzón cree que "lo que hizo fue correcto, que fue defender la neutralidad de las instituciones y defender la Constitución. La monarquía tiene que ser neutral, asociada al conjunto de los españoles. Cuando eso se sale de ese carril, hay que denunciarlo". Alberto Garzón ha defendido que en un Gobierno de coalición existan diferencias de opinión sobre temas como la monarquía: "Un Gobierno de coalición no significa homogeneidad, eso tenemos que aprenderlo en España". Garzón afirma que para Unidas Podemos que el debate sobre la monarquía no es prioritario con la pandemia en curso, pero cree que cuando se abra el debate, participarán en él.

El magistrado Joaquín Bosch ve “muy discutible jurídicamente” que el Gobierno pueda despojar de competencias en materia de sanidad a una comunidad de autónoma a través de una orden ministerial. “Nuestro sistema de materia de sanidad está diseñado para otorgar competencias a las comunidades autónomas y el único instrumento para que el Gobierno pueda tener el control de la gestión en materia de sanidad es mediante el estado de alarma”. Fuera del estado de alarma está el Consejo interterritorial, admite Bosch en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso, pero está configurado legamente para coordinar, planificar y emitir recomendaciones. “Las órdenes ministeriales deben tomarse previo acuerdo del Consejo Interterritorial, que debe aprobarlas por consenso, no por mayoría, precisamente para que el Gobierno no pueda invadir competencias”. Bosch prevé una batalla jurídica entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid que podría llegar al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias.