Desde el 23 de noviembre se hace efectiva la orden de que todo aquel ciudadano que desee entrar en España debe contar con una prueba PCR negativa 72 horas antes de su llegada, sin importar si lo hace por tierra, mar o aire. Lo tendrán que hacer aquellas personas que provengan de países calificados como "de riesgo", más de 60 -se salvan Finlandia, Islandia, algunas zonas de Noruega y algunas de Grecia-, aunque el listado de se actualiza cada 15 días. Además del control de temperatura y del formulario con los datos personajes del pasajero, el negativo de la prueba podrá ser requerido en cualquier momento y de forma aleatoria. Por el momento no se admiten test que no sean PCR, pero desde el sector turístico piden cierta flexibilidad. [Coronavirus: última hora en directo]
La ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura que van a reforzar la educación especial: "Vamos a mejorar con recursos suficientes a los centros ordinarios tanto a los centros públicos como a los concertados. Los padres que quieren llevar sus hijos a centros ordinarios van a poder". Entrevistada en La hora de la 1, matiza que los centros especializados "serán centros de referencia y apoyo. Esta es la cuestión. No se van a cerrar los centros especializados, son necesarios. La especulación es libre. Este proyecto nace de muchas fake news".
Uno de los países emisores de migrantes es Senegal. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha viajado al país donde se ha entrevistado con el presidente y con su homóloga senegalesa. Además, ha firmado un convenio de cooperación entre ambos países.
Después de que se aprobara este jueves en el Congreso la reforma de la ley de educación, este viernes varias comunidades gobernadas por el PP han anunciado que utilizarán instrumentos jurídicos para, según dicen, limitar sus efectos. El presidente del Gobierno, por su parte, considera que la ley moderniza el sistema educativo.
En plena negociación para aprobar los Presupuestos, el PNV ha anunciado que ha conseguido inversiones para el País Vasco y una de sus reivindicaciones estrella: suprimir el impuesto al diésel. El anuncio no ha caído muy bien en una parte, la más ecologista, de Unidas Podemos. Tampoco gusta a socios como Más País.
El confinamiento y el estado de alarma han servido de excusa al Gobierno y a las comunidades autónomas para limitar la libertad de información. Es la denuncia que hacen juristas y asociaciones profesionales. Y ponen un ejemplo: cómo se cubrió la pandemia en los meses más duros de la crisis. Llegamos a ver ruedas de prensa sin la prensa, sin preguntas o por vía telemática. Trabas a la labor de los periodistas que en España Reporteros Sin Fronteras (RSF) lleva meses recopilando.
“Muchos reporteros acudieron a nosotros quejándose de que era más difícil hacer fotos de hospitales en España durante la pandemia que en lugares como Libia, Siria o Yemen”, explica Alfonso Armada, presidente de RSF. Falta transparencia, nos dicen, y eso no solo dificulta la labor de los medios, también alimenta bulos, conspiranoias y provoca desconfianza.
La información es uno de los antídotos más eficaces contra el coronavirus: ayuda a que acatemos mejor las medidas sanitarias, o a que por ejemplo, confiemos en la eficacia de las vacunas. Por eso los expertos recomiendan proteger este derecho fundamental exigiendo datos accesibles y veraces. [Coronavirus: última hora]
La supresión del castellano como lengua vehicular, las limitaciones a los centros concertados, la religión que no contará para nota son algunas de las claves de la LOMLOE o 'ley Celaá'.
Así han mostrado, en el Congreso, su división durante más de dos minutos partidarios y detractores de la nueva ley de educación, la Lomloe o más conocida como 'ley Celaá'. Frente a los aplausos de quienes respaldan la propuesta del Gobierno, los gritos de "libertad" de la oposición.
El debate sobre el dictamen a la Lomloe o 'ley Celaá' ha acabado este jueves en medio de gritos de "libertad" por parte de diputados del PP y de Vox, entre otros, a la vez que la bancada socialista y la de Unidas Podemos aplaudían a la portavoz educativa de PSOE, Luz Martínez Seijo, que ha defendido la norma. Los gritos y aplausos se han unido al finalizar el turno de palabra de todos los portavoces de Educación de la Cámara baja, que han expresado su defensa o su crítica sobre la que será la octava ley educativa en democracia.
La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha criticado la respuesta que el Gobierno central está ofreciendo a la crisis humanitaria en Arguineguín. "Yo no he pedido la dimisión del señor Marlaska, lo que dije es que los señores de Podemos de Canarias sí. Yo lo que he pedido es coordinación", ha recalcado en La noche en 24 horas.
Para ella, es necesaria una coordinación de los ministerios como en 2006, que tomó numerosas acciones para hacer frente a otra crisis migratoria, mientras que ahora "lo que tenemos un Gobierno que no hablan entre ellos". Así, la diputada ha catalogado la situación de drama humanitario: "No se puede convertir Canarias en un Lesbos o una Lampedusa". "Canarias es un polvorín. No tenemos capacidad de acogida. No hay trabajo no hay comida", ha dicho Oramas.
