La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha situado este lunes al PNV y ERC como "interlocutores prioritarios" del Gobierno en la negociación de los Presupuestos de 2022, para la que ha tendido la mano "a todos los grupos políticos". "Solamente se autodescartan (de esta negociación) los partidos de la derecha, con el PP a la cabeza", ha afeado Montero en una entrevista en TVE a las puertas de "la ronda un poco más detallada" de negociación presupuestaria.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado en 'Parlamento' de Radio 5, que el apoyo de ERC a los Presupuestos no caerá del cielo. “Quien sepa sumar y restar sabe que todo pasa por ERC. Espero que el Gobierno también sepa que no tiene plan B porque ya no puede contar con Ciudadanos", afirma Cebrián, que apunta a que uno de los aspectos claves para apoyar las cuentas será que la ley audiovisual obligue a plataformas como Netflix a producir en catalán y euskera.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado a ERC a tener una "visión progresista" para apoyar los Presupuestos del Gobierno en el Congreso y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha considerado por su parte que "los avances que ha logrado Podemos" en materia presupuestaria y de ley de vivienda "van a poner un poco más fácil" los apoyos de Esquerra y Bildu.
PP y Ciudadanos han criticado estos presupuestos porque, creen, llevarán al país a la crisis.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que los "avances" en materia de vivienda, con la nueva ley acordada que regulará los precios de los alquileres, ponen "un poquito más fácil" sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022 en el Congreso.
En una entrevista en La Hora de la 1, Belarra se ha mostrado convencida de que la ley de vivienda "va a facilitar el conseguir los votos de ERC, EH Bildu y del resto de la mayoría plurinacional".
FOTO: Ione Belarra, en un acto en Palma de Mallorca. EFE/Cati Cladera
El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, se felicita de que el presidente del PP, Pablo Casado, se mostrara anoche en RTVE dispuesto a llegar a un acuerdo sobre la renovación de CGPJ en base a la ley de 1985: "Es una señal, entendemos que es el camino a seguir. A partir de ahí, estamos dispuestos a hablar sobre escenarios futuros". Culpa al PP del bloqueo y de "no asumir su responsabilidad" y no pone fecha a un posible contacto del presidente del Gobierno con el de los populares. Minutos antes de que se anunciara el acuerdo sobre Presupuestos, Gómez ha defendido la necesidad de desvincular ese pacto de la ley de vivienda y de separar el caso Puigdemont de las conversaciones con ERC: “Esto tiene un curso y un cauce, que es el del ámbito judicial. Por otro lado están las relaciones entre los grupos parlamentarios que tenemos la obligación de sacar adelante los PGE. Todo eso es una cuestión de responsabilidad. Hay que separar una cosa de la otra”. Gómez también confirma en RNE que no pedirán la comparecencia de Casado en la comisión del Caso Kitchen. Concluye que el PSOE no está de acuerdo con el paso dado por su ex candidato, Antonio Miguel Carmona, al entrar en Iberdrola: “No reconocemos ni validamos ese tipo de movimientos”.
El barómetro especial de Metroscopia sobre Cataluña concluye que, cuatro años después del 1-0, hay una percepción generalizada entre los catalanes de que el 'procés' ha sido un fracaso. "El 'procés' está en horas bajas porque la mayoría piensa que no ha servido para ir a mejor. Tres de cada cuatro catalanes consideran que ha sido un fracaso", nos cuenta Andrés Medina, director general de Metroscopia. El barómetro también revela que hay un consenso claro sobre que las nulas probabilidades de que Cataluña sea independiente en un futuro más o menos razonable. Además, el estudio detecta bastante escepticismo sobre la mesa de diálogo.
La detención y la rápida puesta en liberatd de Carles Puigdemont ha provocado reacciones políticas en todas las formaciones. El Partido Socialista recuerda que cuando Puigdemont huyó de España gobernaba el partido Popular e insiste en mostrar su respeto a las decisiones judciales y en su apuesta por el diálogo como solución en Cataluña. La oposición arremete precisamente contra la mesa de diálogo y exige la extradición del expresident. ERC advierte de que la negociación está en peligro y que ahora mismo el acuerdo para los presupuestos está muy lejos de producirse.
FOTO: El expresidente catalán Carles Puigdemont, tras su salida de la cárcel en Cerdeña. MIGUEL MEDINA / AFP.
El presidente catalán, Pere Aragonès, ha reunido de urgencia a su gobierno y en una comparecencia conjunta ha exigido la retirada de la euroorden de detención de Carles Puigdemont. En la calle, la protesta se ha focalizado ante el consulado italiano, una manifiestación convocada por la ANC. También la CUP critica la estrategia de diálogo de los republicanos.
FOTO: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, comparece tras la reunión de urgencia del Govern a causa de la detención del expresidente Carles Puigdemont. EFE/ Andreu Dalmau
La reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat deja resaca política este jueves. El presidente catalán, Pere Aragonès, busca reconducir la situación con sus socios de Junts para que se sumen al diálogo con el Estado, algo por lo que apela también el Ejecutivo central, que recalca que el independentismo “ha muerto”. Mientras, el PP y Ciudadanos piden al Gobierno de Pedro Sánchez que entreguen las “actas” de la reunión y le acusan de opacidad.
En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE ha eludido profundizar en las discrepancias entre ERC y JxCat, socios del Govern catalán, y ha dicho que “no hay ningún independentista que se llame adversario”. “Cuanto más nos peleamos con Junts, más futuro le regalamos al PSC o al PSOE”, ha advertido.
Junts se autoexcluyó de la mesa tras el veto del ‘president’ catalán, Pere Aragonès, a u propuesta para incluir a dos líderes del ‘procés’ indultados y a la portavoz de JxCat en el Congreso (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Míriam Nogueras). El partido de Carles Puigdemont rechazó cambiar estos nombres por otros que formaran parte de la Generalitat y, como consecuencia, solo ERC estuvo presente en la negociación con el Gobierno central.
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