Lo dice la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Aseguran que muchos empresarios tienen dudas sobre los tipos de contratos a realizar, mientras la reforma se tramita en el Congreso. Los sindicatos aseguran que esa denuncia responde a una estrategia que sólo busca endurecer la ley en el Parlamento.
Fernández Ordóñez ha criticado que deje fuera el sistema de negociación colectiva y también que limite la temporalidad.
Lo conseguirá finalmente gracias a la abstención del PP, CiU y PNV. Es el primer examen que pasa y los socialistas dicen que durante la tramitación parlamentaria se incorporaran enmiendas de otros grupos.
Su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, ha dicho que debe darse más capacidad a los empresarios para no aplicar los convenios en casos de dificultades económicas y ha pedido que esos convenios no sigan teniendo validez cuando han llegado a su término y no se ha negociado otro nuevo. Además, ha reclamado que se concreten más las causas del despido objetivo. Y también ha dicho que en la elaboración de la refoma laboral se ha perdido demasiado tiempo y que se llevado por delante muchas empresas y puestos de trabajo.
La portavoz del PP en el Congreso ha dicho que el verdadero problema es la credibilidad del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El ministro de Trabajo ha dicho que la reforma "favorecerá a más de ocho millones de trabajadores en paro o con contrato temporal, sin pérdida de derechos para los trabajadores con contrato indefinido".
Ha contado con el único respaldo del PSOE, aunque las abstenciones del PP, CiU, PNV, UPyD , UPN y CC han permitido sacar adelante la norma.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha criticado duramente la reforma laboral aprobada por el Gobierno.
El PP no adelanta lo que hará, y dice que esperara hasta último minuto por si es posible el acuerdo. Esquerra Republicana de Cataluña se inclina, de momento, por el no y todos cuentan con que sea Convergencia i Unió quien facilite mañana la tramitación parlamentaria.
Si se convalida y se tramita como proyecto de ley será por la vía de urgencia, como establece el Reglamento de la Cámara Baja. Para eso, el Gobierno necesita que otros grupos la apoyen o se abstengan. De momento ya cuenta con la abstención del PNV.
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